Díaz convalida el subsidio por desempleo con el 'sí' de Podemos, Junts y PP y con la abstención de Vox
A cambio, la patronal catalana tendrá asiento en el Consejo Económico y Social y Podemos asegura la sobrecotización de los mayores de 55 años.
Este jueves, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde de manera definitiva a la reforma del subsidio por desempleo, casi seis meses después de que fuera rechazada en la misma cámara al tratar de incluir un recorte en la prestación para mayores de 55 años.
Esta vez, la reforma ha sido aprobada gracias al respaldo del PP, Podemos y Junts, quienes en enero votaron en contra y con la abstención de Vox, que no ha votado en contra.
Los morados se han asegurado la 'sobrecotización' de los parados mayores de 52 años al 125% de la base mínima, mientras que los independentistas ha logrado incluir una reforma en el reglamento del Consejo Económico y Social (CES), que beneficia a la patronal catalana.
"El Congreso ha ratificado la ampliación y mejora de la protección por desempleo sin ningún voto en contra. Seguiremos impulsando medidas que mejoren la vida de la gente y construyan una ciudadanía social, inclusiva y feminista", ha destacado Yolanda Díaz adjuntando una imagen de la votación, con ningún voto en rojo.
"Desde Junts per Catalunya queremos destacar la modificación de la ley de creación del Consejo Económico y Social y la adaptación de su reglamento de organización y funcionamiento interno", indicaba desvelando que la disposición que sorprendió tanto a la patronal como a los sindicatos surgió de una negociación con su grupo parlamentario. "Este cambio normativo garantiza el derecho de la patronal catalana a formar parte del CES, ya que incluye a las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito económico", resumía sobre la concesión.
Así, tanto Pimec como Pimeb tendrán asientos en el CES, actualmente en manos de CEOE y Cepyme. Aunque estas dos patronales cumplen con el requisito de agrupar al 15% de los empresarios y trabajadores de los territorios, su integración en otra organización nacional abre un debate jurídico que el CES deberá resolver.
