Correos se enfrenta a demandas millonarias que podrían cambiarlo todo
La empresa busca salir de la situación económica delicada en la que se encuentra inmersa.
El equipo liderado por Pedro Saura, nuevo presidente de Correos, enfrenta la tarea de desarrollar un plan estratégico destinado a sacar al operador postal público de la compleja situación financiera en la que se encuentra, tras haber acumulado más de 1.000 millones de euros en pérdidas durante la gestión de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez. Este plan, aún en proceso de elaboración, se perfila bajo la sombra de múltiples desafíos.
Entre las medidas contempladas en el plan se encuentran el fortalecimiento de las funciones de servicio público de Correos, la continuidad de su rol como operador designado para el Servicio Postal Universal (SPU) y la ampliación de los servicios bajo este marco para justificar la asignación de unos 3.000 millones de euros en fondos públicos, que el Gobierno planea destinar a la compañía para estabilizar su frágil situación económica y asegurar su sostenibilidad.
El plan ha logrado el respaldo del Gobierno, de la SEPI, y de los agentes sociales, a la espera de su versión final, lo cual no se había conseguido en los últimos cinco años. Sin embargo, dos procesos judiciales en curso representan una amenaza significativa para el modelo operativo de Correos y podrían aumentar la carga financiera prevista por el Estado.
El primero de estos procesos está relacionado con la quiebra de Unipost, antiguo competidor de Correos en el mercado postal tradicional, que cerró en abril de 2018 dejando a 2.400 trabajadores en la calle. Los propietarios de Unipost han iniciado una demanda contra Correos, reclamando más de 300 millones de euros por prácticas anticompetitivas que, según ellos, precipitaron la caída de la empresa. Este caso, cuya resolución se espera para después del verano, es considerado un "riesgo posible" en las últimas cuentas anuales de Correos. La demanda se basa en la acusación de que Correos utilizó su posición dominante y los fondos públicos recibidos para ofrecer precios bajos a grandes clientes, forzando la salida de Unipost del mercado.
La demanda de Unipost cobra fuerza en antecedentes como la sanción impuesta por la Comisión Europea a España en 2018, que obligó a Correos a devolver 167 millones de euros por compensaciones excesivas recibidas entre 2004 y 2010 por la prestación del SPU. Este antecedente llevó al Estado a reducir las compensaciones a Correos en el periodo 2011-2020, lo que ha contribuido a la difícil situación financiera actual de la empresa.
El segundo proceso judicial, impulsado por otro operador privado, RD Post, busca una indemnización de hasta 41 millones de euros por presuntos servicios deficientes prestados por Correos. Las empresas privadas dependen de la red de Correos para poder competir en contratos importantes y han expresado repetidamente su insatisfacción con la calidad del servicio recibido. Una sentencia favorable a RD Post podría desencadenar una serie de demandas similares por parte de otros operadores afectados.
