Cerco a Coalición por Melilla por la supuesta compra masiva de votos
El 'número 3' de la formación islámica y el yerno del líder, detenidos durante varias horas por la Policía. Registros también en un local cedido al partido
Las sospechas sobre el presunto fraude electoral cercan a Coalición por Melilla, la agrupación islámica que compone la parte mayoritaria del tripartito del Gobierno actual de la ciudad autónoma. La operación policial de este martes contra la supuesta compra masiva de votos se ha saldado, por el momento, con nueve detenidos y otros tantos registros en diferentes puntos del municipio.
Entre los arrestados figuran el 'número 3' del partido Coalición por Melilla y consejero de Distrito y Participación ciudadana, Mohamed Ahmed Al Lal; y un yerno del líder de la formación, Abdel-ilah Nourdine Ahmed. Ambos han sido puestos en libertad horas después de prestar declaración en dependencias policiales y serán citados por la juez que instruye las pesquisas sobre esta presunta trama de amaño de elecciones.
Además, se ha efectuado un registro en un local situado en la carretera Farhana cedido por un simpatizante a Coalición por Melilla, que se estaría usando durante esta campaña electoral como centro de datos y gabinete de prensa del mismo. Aunque la investigación es secreta, las acciones policiales llevadas a cabo durante esta jornada ponen bajo sospecha al partido islámico, que a su vez habla de “persecución” por ser "incómodo”.
Un voto, cien euros
Las pesquisas se pusieron en marcha tras constatarse la existencia de una red de captación de votos por correo para amañar las elecciones en la ciudad autónoma de este 28 de mayo. Un total de 11.707 residentes en Melilla habían solicitado votar por correo en estos comicios, el 21,21% del censo electoral total. Este porcentaje supone más del doble del registrado en las anteriores elecciones de 2019 y es siete veces superior a la media nacional (2,8%) y a la de la otra ciudad autónoma, Ceuta (3,3%).
La Policía Nacional considera que hay indicios suficientes de la existencia de una “estructura mafiosa” formada por entre 30 y 50 personas que, a través de la compra de cada voto “a cambio de 100 euros”, pretendía interferir de forma significativa en el resultado de las urnas. El resto de los detenidos durante este martes serían pequeños delincuentes que ocupan el escalón más bajo en esta presunta trama de compraventa de votos y cuyo papel sería el de captar a los electores dispuestos a vender su voto.
El modus operandi era sencillo: la trama compraba con dinero estos ciudadanos para que solicitaran su voto por correo y entregaran posteriormente la documentación con la papeleta del partido al que se quería beneficiar para ser depositada en dependencias de Correos. Además, los mismos instigadores presuntamente asaltaron a los carteros que llevaban la documentación del voto por correo para hacerse con ella y presentarla en nombre de estas personas, ya que para la recepción del voto no era en un primer momento necesario la presentación del DNI. Entre los registros efectuados este martes se han encontrado importantes sumas de dinero y diferentes papeletas.
La trama actual operaría sobre todo en zonas deprimidas económicamente, donde residen ciudadanos de muy bajos ingresos. A estos vecinos les ofrecerían hasta cien euros por voto. Además, la Policía investiga también la procedencia del dinero con el que se llevaría a cabo la compra de la voluntad y si hubo un intento de soborno a un funcionario de Correos destinado en una oficina postal de la península para entregar votos con destino a Melilla sin ningún tipo de control.
El líder de CpM, inhabilitado por delito electoral
Tras las dos detenciones y el registro de su local, Coalición por Melilla (CPM) cree que "se está cometiendo una caza de brujas" contra ellos. La formación, fundada en 1995 por su actual líder, Mustafá Aberchán, nació como una suerte de escisión del PSOE por parte de la mayoría de afiliados musulmanes con el deseo de atender las necesidades de todos los melillenses, "sin exclusión alguna". En sus primeras elecciones ya fueron tercera fuerza con un 15,47% de votos y cuatro diputados. En la última cita electoral, la de 2019, doblaron apoyos (30,62%) y representantes (ocho). Su logo es un apretón de manos, simbolizando la concordia, acompañado de las siglas del partido.
Coalición por Melilla ahora es el partido mayoritario del tripartito del Gobierno de la ciudad autónoma y en estas elecciones aspira a la presidencia, que ahora ocupa Eduardo de Castro González. No podrá serlo su líder Aberchán, actualmente inhabilitado por liderar una trama de compra de votos por correo para las elecciones al Senado de 2008. En aquel año, cuando PSOE y Coalición por Melilla concurrieron en coalición, desde la sede de los islámicos y de las juventudes socialistas se urdió un plan para convencer a ciudadanos para que solicitasen el voto por correo y les entregasen el sobre a cambio de un contrato en los planes de Empleo que tenía en marcha la delegación del gobierno. En aquel entonces, el voto por correo ya se disparó al 11,42% frente a la media del 5% en España. Un caso muy similar al que ha ocurrido ahora en la misma ciudad catorce años después.
Para estas elecciones autonómicas, la candidata del partido para presidir la Asamblea es Dunia Almansouri Umpierrez, actual vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Empleo y Comercio. Además, hace sólo unos meses, Coalición por Melilla se unió a la red de aliados de Más País y fue uno de los partidos que estuvo presente en la proclamación de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia por Sumar. Tras estas nuevas sospechas de amaño, los partidos que conforman el ‘Acuerdo del Turia’ han decidido expulsar a la formación islámica de esa alianza hasta que se esclarezcan los hechos ocurridos en la ciudad en estas últimas semanas.
Pese a las sospechas de fraude, tanto la Delegación del Gobierno como el Ministerio del Interior han garantizado que las elecciones en esta ciudad serán "limpias". La portavoz del Ejecutivo central, Isabel Rodríguez, ha defendido este martes duranta la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la investigación judicial y policial demuestra que el Estado de derecho en España funciona ante cualquier anomalía del proceso y que "nadie puede saltarse las normas".
