'Caso Koldo': el empresario Juan Carlos Cueto asegura que tuvieron "poco margen de beneficio" con las mascarillas

El juez del caso Koldo ha impuesto la prohibición de salir de España sin autorización judicial a Juan Carlos Cueto, el empresario que controlaba la sociedad Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas, tras asegurar que obtuvo escaso beneficio y que solo trataba de ayudar en plena pandemia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha adoptado la medida reclamada por el fiscal para este investigado, considerado uno de los cabecillas del caso Koldo, a la que se han adherido las acusaciones que ejercen PP y Vox, tras limitarse a responder a las preguntas que le ha formulado su letrado, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Cueto ha sido citado este miércoles como investigado una semana después de la operación Delorme, en la que fueron detenidas 20 personas, entre ellas Koldo García, el que fuera asesor del exministro de Transporte José Luis Ábalos.

En su declaración, que se ha prolongado una media hora, Juan Carlos Cueto, señalado en el procedimiento como "la persona que realmente controla" Soluciones de Gestión, ha defendido la gestión de los contratos investigados y ha asegurado que el precio fue justo y que su intención nunca fue aprovecharse, sino que se trató de una operación al servicio de los españoles y para ayudar en plena pandemia.

Además ha destacado que obtuvo poco margen de beneficio económico, en concreto entre un 10 y un 13%.

De acuerdo a las fuentes consultadas, para mantener esa versión, se ha escudado en un informe de auditoría realizado por KPMG en 2021 y ha indicado asimismo que fue una operación costosa y que implicó muchos viajes a China.

A Cueto se le investiga junto a Koldo García y el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, entre otros, por participar, presuntamente, en una trama de cobro de comisiones ilegales en varios contratos de compra de mascarillas con la administración en los primeros meses de la pandemia de covid.

Tras su declaración, el fiscal, como para el resto de investigados que han comparecido ante el juez, solo ha reclamado la citada medida cautelar, a la que no se ha opuesto ni su abogado ni las acusaciones populares recién personadas -PP y Vox-, ya que no han tenido aún acceso a la causa.

La Fiscalía sostiene que Soluciones de Gestión, a la que se adjudicaron los ocho contratos que se encuentran bajo sospecha por unos 54 millones de euros, "habría sido empleada como una empresa instrumental en un proyecto común" entre Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, que tiene pendiente otro procedimiento -el caso Defex- en la Audiencia Nacional.

Calcula que las adjudicaciones investigadas "generaron un beneficio económico" a De Aldama de 5,5 millones de euros y a Cueto, "titular de hecho de la mercantil", de 9,6 millones de euros.

Por su parte, sostiene que el exasesor de Ábalos pudo haber desempeñado un papel de intermediario al aportar información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario, que habrían partido del Ministerio de Transportes, a cambio de comisiones.

Soluciones de Gestión también resultó adjudicataria de varios contratos de los servicios de salud de las islas Canarias y de las islas Baleares, de mayo de 2020, si bien la Fiscalía Anticorrupción los remitió el 8 de junio del año pasado a la Fiscalía europea al afectar a fondos comunitarios.

El juez del caso ha dictado recientemente una providencia en la que acuerda enviar información a la Fiscalía europea, en concreto la querella de Anticorrupción que dio origen a esta investigación y también datos sobre los contratos en los que se centran las pesquisas, según ha adelantado ABC y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.