4 claves para entender la crisis política por los menores migrantes
Mientras el PP no se pronuncia sobre la Ley de Extranjería y Vox amenaza con romper los pactos, las Islas Canarias superan en un 300% su capacidad de acogida.
El Gobierno de las Islas Canarias no puede más. Según recordaba este miércoles Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, en estos momentos acogen a 6.000 menores migrantes no acompañados cuando tienen capacidad solo para 2.000, siendo los principales afectados los niños, niñas y adolescentes que llegan a España sin la compañía de ningún adulto. Es cuestión de derechos.
Un sistema que ha fracasado
Actualmente, la única fórmula que existe para que las Islas Canarias, Ceuta o Melilla no tengan que hacer frente a la acogida de todas las personas que llegan a España a través de sus fronteras es un sistema de reubicación solidaria entre las Comunidades Autónomas, un reparto que se discute y aprueba en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud. ¿El problema? Es voluntario. Es decir, las autonomías pueden, como ayer, aprobar el reparto de más de 300 menores migrantes que no hay nada ni nadie que les obligue a cumplir lo acordado. Es lo que ya ha sucedido con las reubicaciones acordadas en 2022 y 2023. Así lo aseguraba al término de la Comisión la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego: “El 80% de los traslados de 2023 no se han cumplido. Este mecanismo podía tener sentido hace años, pero ahora la situación es diferente”.
Una alternativa al traslado solidario
La crisis humanitaria que deja en una situación de casi abandono a los menores migrantes no acompañados exige de una solución de Estado. Es lo que defiende desde hace tiempo el Gobierno de las Islas Canarias. Por ello, y ante un fenómeno migratorio que ha de verse como algo estructural y no coyuntural, plantean, con el apoyo del Gobierno estatal, una modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería. Esta reforma significaría que las Comunidades Autónomas tendrían la obligación de responder a la acogida, que ya no sería voluntaria. Para la ministra, “es la única manera de dar una solución estable, sensata, con carácter humanitario y, sobre todo, poniendo los derechos de los niños y de las niñas en el centro”.
El PP y el silencio administrativo
En la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 11 de junio, el Partido Popular bloqueó el traslado voluntario que se aprobó anoche. Arguyeron su decisión en que necesitaban información respecto a la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería. Así se hizo, pero este miércoles los consejeros de Feijóo optaron por no posicionarse respecto a la modificación, algo que provocó el estupor de Torres y Rego. “Si hemos hecho esto es precisamente porque el PP nos lo pidió”, dijo el ministro para lamentar que, “ante una emergencia de Estado, el PP no se manifieste”. "La pelota está en el campo de Feijóo", confirmaba la responsable de Infancia y Juventud.
Las amenazas de Vox
Aunque el mecanismo de los traslados solidarios de menores migrantes no es nuevo (se acordaron otros en 2023 o 2022), la formación de Santiago Abascal, Vox, ha decidido que este último reparto es el que marca el límite para gobernar o no con el Partido Popular. Desde hace unos días, la ultraderecha amenaza a Feijóo con romper todos los Gobiernos en los que están juntos si el PP acepta la acogida de menores migrantes no acompañados. Pese a que no es ninguna novedad, y a pesar de que después gran parte de las Comunidades no cumplen con los traslados, anoche, tras conocer la votación, en Vox dieron por finiquitados los acuerdos y han convocado una reunión de urgencia para esta tarde tras la que anunciarán lo decidido.
