28M: los retos del municipalismo, el 'solventador de problemas' más olvidado

Un municipio, dice la RAE, es aquella "entidad local formada por los vecinos de un determinado territorio para gestionar autónomamente sus intereses comunes". Qué corta se queda la definición. Municipio es donde primero se detectan y primero se atienden los problemas de los ciudadanos, es comunidad y convivencia, el espigón donde rompen las urgencias cotidianas, la primera línea de combate del estado del bienestar, el átomo de la política, con permiso de los barrios. 

El municipalismo que lo piensa y lo transforma, que lo mantiene vivo y actual, sale a la palestra cada cuatro años, cuando hay elecciones de por medio, como este domingo. Pero cuando las papeletas se suman, los ediles se reparten y las alianzas se tejen, si es necesario, todo vuelve al cajón. Es una queja mayoritaria, de la izquierda a la derecha, pasando por el nacionalismo, reflejada en cada informe o ponencia de organismos como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP): los ayuntamientos necesitan un impulso, y cuanto antes, mejor. 

Se han superado ya las cuatro décadas de consistorios democráticos, un tiempo en el que han jugado un papel significativo, donde se han consolidado como la administración más próxima a los españoles. Pasaron de ser invisibles para el Franquismo a convertirse en una pieza necesaria de la maquinaria democrática y ahora están en una fase nueva, donde los debates van más allá de la iluminación de una calle o la recogida de basuras. "En los ayuntamientos, cincelados a base de trabajo diario, se sabe perfectamente lo que hay que hacer y se hace. El reto mayor ahora es saber lo que hará falta en el futuro, hasta en el inmediato, y ya están lanzando señales. Hay que escucharlos, hay que atenderlos", explica Teresa Perales, abogada especializada en Derecho Local.

Durante años, se ha mirado con cierta condescendencia a los consistorios, como si su trabajo estuviera anticuado, en un mundo cada vez más orientado a las ciudades, cuando es espera que este sea el siglo de las urbes y que para mediados del XXI el 88% de los habitantes estén ya lejos del mundo rural. Sin embargo, la especialista sostiene que lo que para muchos es un debilitamiento es, en realidad, "una transformación, que no ha tenido las respuestas oportunas". Hoy los pilares de su trabajo, como son el desarrollo económico, la ordenación del territorio y los servicios públicos, se ven empapados por la sostenibilidad o la igualad, tienen que asumir nuevas agendas y funciones, y lo que hace falta son "herramientas" para acometerlo todo, insiste. 

Su colega Antonio Silva comparte esa visión. Hay que entender que los ayuntamientos están en otra fase y ayudarlos a "caminar por esa senda". "No son ya las entidades que ejecutan lo que una diputación, gobierno regional o estatal dicta, sino administraciones con decisión y apuestas propias, con un catálogo de políticas públicas complementarias, de primera mano, sin el que el bienestar de los vecinos se desmoronaría. Hablo de la seguridad que brinda su policía a la asistencia social a sus mayores, de las escuelas de Infantil y del reciclaje como fase inicial de un círculo de economía verde. Nunca han hecho tanto... y con tan poco", señala. 

Las normas se hacen esperar

Si hay un episodio que ha relanzado la importancia de lo local ha sido la pandemia de coronavirus, coinciden. De nuevo, ha hecho falta volver los ojos a lo próximo, lo que da soluciones al alcance de la mano, aunque sea en un marco de "responsabilidades compartidas" y "competencias cruzadas". Sin embargo, en lo legal, lo que acaba liberando a los alcaldes, no se han dado pasos importantes. La ministra de Política Territorial y exalcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, anunció el pasado año un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población que "garantizará la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos vivan donde vivan". Necesario porque el 84% de los municipios de España tienen menos de 5.000 habitantes y en ellos viven solo el 12,2% de la población. Pero la legislatura acaba con nuevas elecciones en diciembre y ese texto está aún por alumbrar. 

Tampoco se ha avanzado en legislación regional, si se exceptúa Extremadura, que en 2019 aprobó la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal y la mejoró dos años más tarde, que ha mejorado la colaboración entre los distintos niveles de servicios al ciudadano. Todas las demás regiones siguen esperando algo similar, en un "inmovilismo" que para Silva es "injusto" con quien es "el mayor solventador de problemas" ciudadanos. 

Desde el primer partido de la oposición, el PP, tampoco han llegado grandes ideas al respecto, ni siquiera ahora en campaña. Ha prometido un Plan de Calidad Institucional, que incluye a los consistorios, pero que se limita a "asegurar" la gobernabilidad, proponiendo un cambio en el artículo 180 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) "para que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos", que mande "la lista más votada". No hay más. 

También han surgido recientemente ideas que inciden en la necesidad de modificar la estructura municipal para ganar eficiencia. La receta, especialmente desde el lado conservador, consiste en adelgazar los consistorios y concentrar el poder. Se ve así en el informe Unas administraciones públicas más eficientes y modernas, editado en enero por el Círculo de Empresarios, en el que se destaca, por ejemplo, la posibilidad de eliminar el 50% de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, pasando a mancomunidades, en una primera fase, con una "progresiva suspensión" de los consistorios de pueblos de menos de 15.000 vecinos. Lo defienden como positivo para evitar duplicidades y acelerar trámites administrativos. 

Las necesidades

Una de las complicaciones que se están encontrando los ayuntamientos y propuestas como la de La Moncloa es la de la financiación, posiblemente el mayor de los problemas de cualquier localidad que se precie. En un 60%, los ayuntamientos se financian de tributos propios que son aquellos que recaudan y generan por sí mismos, a lo que se suman la participación en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas. Como explica EFE, en el caso de grandes ciudades, las transferencias del Estado suponen una participación en la recaudación del IRPF, IVA e impuestos especiales y para municipios con menos de 75.000 habitantes, esa transferencia está vinculada a su población y al esfuerzo fiscal. 

Este modelo lleva más de dos décadas sin actualizarse por lo que los ayuntamientos reivindican históricamente una puesta a punto por las inequidades que genera y para dar servicios de calidad que, en el caso de ayuntamientos pequeños son básicos como el suministro de agua o la organización viaria. Si los consistorios tienen más competencias, más dinero necesitan. Si quieren tener una voz propia, no pueden ser sólo gestores de las subvenciones que otros les aportan. Y afinando, porque las necesidades de un pueblo grande no son las de un pueblo pequeño. Perales defiende que por eso siempre se habla de "los pueblos y los ayuntamientos, en plural", porque el poder local no tiene una sola cara. 

Lo que sí tiene, euros aparte, son retos similares. Tanto ella como Silva señalan el demográfico como uno de los esenciales. En 1976, el 38% de los habitantes del mundo vivía en entornos rurales, cifra que en 2016 llegaba al 55% y que se espera que crezca al menos 13 puntos más en 27 años. La tendencia está clara. El campo, a mitad de siglo, habrá perdido el 50% de su población de hoy. En algunas comunidades -de Navarra a la Comunidad de Madrid- se han planteado planes incipientes de lucha contra la desploblación. "Hay que dar respuestas de calidad a problemas como el envejecimiento, la asistencia a los niños más pequeños, el empleo estable, las alternativas razonables de vivienda o la extensión de servicios sanitarios", indica la abogada. Sin eso, los pueblos se mueren. La apuesta debe cristalizar en mejores equipamientos e infraestructuras, que den servicios "suficientes" y que hagan atractivo para los locales o para ciudadanos de grandes urbes estar en un pueblo no necesariamente grande. 

Ese sería el nivel de emergencia. Pero es que los ayuntamientos tienen por delante la necesidad de no quedarse en eso, que es "supervivencia", dice Silva, sino de ir más allá e implementar toda la Agenda 2030, muy ambiciosa en lo municipal, en busca de un mundo más sostenible. Aprobada en 2015 por la FEMP, existe incluso una Red de Entidades Locales dedicada a su implementación. No son buenos propósitos de Naciones Unidas, sino acciones concretas que hay que abordar: gestión del agua, reciclaje, urbanismo, justicia social, igualdad, cogobernanza, empleo, vivienda, inclusividad. 

Estas políticas están muy vinculadas, por ejemplo, desde el Gobierno nacional al plan de recuperación postcovid. Por eso, dependen en parte de fondos comunitarios. Es otro de los retos del municipalismo: el buen uso del dinero europeo, con sistemas transparentes, antifraude; "en los ayuntamientos hacen falta filtros y hace falta formación", dicen los letrados, porque es mucho el volumen de lo que se maneja y muchas las exigencias para aplicar bien el dinero. "De los entes locales depende también la superación de una crisis, la recuperación estable de un país, con buenas prácticas defendibles ante Europa. Hay necesidad de aclarar conceptos, de asesorar y de acompañar, sin duplicidades ni competencias sumadas, para que lo que se invierta dé fruto", añade Silva. 

Va de la mano de la aparición de nuevos perfiles profesionales hasta ahora desconocidos en los consistorios que hay que integrar y tener ya como fijos, han venido para quedarse, nuevos conocimientos y destrezas que han de encontrar "un impulso a la agenda digital local" que garantice "agilidad, modernidad y buen servicio". Robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas... No son conceptos ajenos a los pueblos, porque no son conceptos ajenos a la vida. 

Todas las necesidades anteriores vienen impregnadas de una que todo lo alcanza, porque de todo necesita: la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la necesidad de gestionar con mentalidad y acciones verdes desde abajo, desde el primer escalón de la cadena. Porque todos, del urbanita al aldeano, sufrimos los efectos de no hacerlo. Los ayuntamientos hoy se devanan los sesos para ver cómo hacen que su movilidad sea más verde, cómo tratar los residuos, cómo lograr que la economía de sus calles era circular, de proximidad, cómo ahorrar energía, de qué fuentes beber, cómo educar y sensibilizar a su gente para que entiendan que es el único futuro que les queda. 

Como solos no se puede, abordar estos retos será tarea compartida o no será. Los municipios tienen ya estructuras como las mancomunidades que resuelven problemas comunes, codo con codo, en 950 pequeños pueblos españoles. Gracias a estos pactos que alcanzan sus ayuntamientos, los municipios pueden gestionar obras que no podrían ejecutar de manera individual, trabajar en conjunto para labores de prevención y extinción de incendios, disfrutar de actividades culturales o tener un sistema de abastecimiento de agua. La apuesta por la unión debe ir a más, dicen los expertos, pero apostando por el concepto de la "paradiplomacia urbana", es decir, relaciones con niveles similares, paralelos o superiores en la Administración pero sin relaciones de dependencia, de subordinación. Trabajo en equipo, pero sin cabeza y pelotón.

Sí, el municipalismo tiene asignaturas pendientes, pero más posibilidades. En eso hay que invertir, porque un planeta habitable, una vida sostenible, una atención más justa y una integración real de todos empieza por la calle misma en que vivimos.