El favor de Albert Rivera a Pedro Sánchez

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Los teléfonos de las 41 diputaciones no dejan de echar humo desde que Albert Rivera se ocupara de anunciar su desaparición esta mañana, lo que la cúpula del PSOE no se atreve a verbalizar, aunque es un tema hecho. La mayoría del equipo negociador de Pedro Sánchez hace tiempo que es partidaria de eliminar las diputaciones provinciales. Ya lo intentó Rubalcaba en 2011 y casi le cuesta el puesto.

Rivera les ha hecho ahora el trabajo sucio. Mientras el líder de Ciudadanos, con visibles ojeras y necesitado de un colirio, ha desgranado los irrenunciables cinco puntos, los negociadores sabios del PSOE redactaban a toda pastilla la versión ya acordada anoche para que Ciudadanos diera el visto bueno hoy mismo y lograr también el beneplácito de sus otros socios de Gobierno, como el PNV. A los alterados mandos provinciales que llevan hiperventilando toda la mañana se les está vendiendo desde Ferraz que las diputaciones no desaparecen sino que se transforman y que nadie se quedará en el paro.

Cuando ayer a las tres de la madrugada se separaron socialistas y ciudadanos, también dejaron planificada la puesta en escena que hoy tendría lugar en el gran multiescenario en el que se ha convertido el Congreso de los Diputados. Rivera quedaría para la posteridad como el garante de la regeneración democrática, intentando acabar con un sistema que los partidos han utilizado para mantener sus estructuras territoriales a costa del Estado dejando sobrevivir el caciquismo. La supresión de las diputaciones irrita a los barones territoriales, que se quedan sin "su bolsa de caramelos", como reconoce un ex presidente autonómico. En cambio, a Sánchez le viene de perlas minar el poder de los barones, que llevan intentando asesinarle desde que ganó las primarias a la Secretaría General del PSOE y que están en conspiración permanente.

"Cada diputación recibe una media de 5.000 millones de euros. La mayoría de secretarios provinciales, de secretarios de organización y de cuadros intermedios en PP y PSOE están a sueldo de las diputaciones. Es difícil suprimirlas porque están reconocidas en la Constitución, pero también es muy complicado defenderlas públicamente en la situación actual, porque tienen un déficit de legitimidad democrática. Sus miembros son elegidos en segundo y tercer grado por los concejales y los diputados provinciales, no les eligen los ciudadanos. Por eso se prestan al caciquismo", explica un diputado socialista que las conoce desde dentro.

En paralelo al cabreo provincial se debate cómo redactará Sánchez la pregunta a la militancia sobre el pacto para lograr su apoyo, cuando peligran los puestos de trabajo de muchos de ellos y sus familias.

El resto de los cuatro puntos para la reforma constitucional que ha planteado Rivera -supresión de los aforados, reducir las ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de 500.000 a 250.000 firmas, la despolitización de la justicia y la limitación de los mandatos- son asumibles por Podemos, tal y como algunos de sus diputados comentaban en los pasillos.