WikiLeaks y la libertad de expresión y prensa en la era digital

Esta semana, las cuatro personas acusadas por el Departamento de Justicia estadounidense en relación con un ataque coordinado de denegación de servicio sobre los servicios de PayPal en 2010 comparecen ante el Tribunal Federal de Estados Unidos. Los PayPal 14, como se les conoce, están acusados de participar en una ataque orquestado por Anonymous como contraataque frente al cese de la colaboración de PayPal con WikiLeaks. Su caso, así como las acciones de PayPal en 2010, han suscitado importantes cuestiones sobre la libertad de prensa y sobre la naturaleza de las protestas online.

Como presidente de eBay Inc., empresa propietaria de PayPal, y como filántropo y futuro editor muy comprometido con la transparencia del Gobierno y con las libertades de prensa y de expresión, este asunto me toca de cerca. (Puesto que eBay es una empresa pública, debo recalcar que las opiniones en este artículo son sólo mías y no representan la opinión de la empresa).

La historia empezó en diciembre de 2010, cuando PayPal canceló la cuenta que tenía con WikiLeaks, a través de la cual la organización recibía donaciones, durante un período de varios meses. Actualmente, PayPal es una de las diversas formas de pago disponibles para financiar el trabajo de WikiLeaks.

Cuando me enteré de la decisión de PayPal, inmediatamente expresé mi preocupación a la dirección de la empresa. Unos días después, escribí un editorial en el Honolulu Civil Beat (un sitio de noticias) en el que llamaba la atención sobre la importante problemática acerca de la libertad de prensa surgida a raíz de las acciones de PayPal y otras empresas como consecuencia de la presión del Gobierno.

En el editorial, se afirmaba que Julian Assange es un editor, y que el Gobierno estadounidense había utilizado su poder para intentar silenciarlo.

Hasta ahora, un editor siempre había sido dueño de lo que publicaba, y aunque unos políticos iracundos quisieran pararlo, no podían hacer absolutamente nada para evitarlo.

Con la era de Internet, muchos de nosotros pensamos que el poder de edición y publicación se había extendido a la población entera, que vivíamos en un estado de libertad de prensa que habría sido inimaginable hace sólo unas décadas.

Sin embargo, el caso de Wikileaks pone de manifiesto la vulnerabilidad de cualquier editor en la red. Lo que le ha ocurrido a Assange y a su web conlleva serias consecuencias para nuestra sociedad. Y, no, no estamos hablando del daño que algunos creen que está haciendo a la seguridad nacional la publicación de grabaciones secretas.

Estamos hablando de cómo la democracia puede verse debilitada cuando el Gobierno emplea su poder para silenciar una voz discordante. Aún más preocupante resulta pensar en cómo los Gobiernos extranjeros son capaces de utilizar sus propias investigaciones criminales para dañar y callar potencialmente a periodistas más allá de sus fronteras.

También señalábamos que la naturaleza comercial de Internet suponía nuevas amenazas para las libertades de prensa por el hecho de que estas empresas normalmente no tienen los derechos fundamentales de sus clientes en mente cuando el Gobierno se queja de uno de ellos.

Parece que en la actualidad, una notificación de una investigación criminal es suficiente para obligar a las empresas cuya causa principal no es la libertad a bloquear a un editor de la misma forma en que Amazon, PayPal, Visa y Mastercard han hecho con WikiLeaks...

A diferencia de los periodistas de antaño, los directores de estas empresas no pueden decir a sus accionistas que prefieren ceder en cuestión de principios antes que perder un cliente.

Por el contrario, nuestra nueva organización de prensa estará basada en las libertades como derechos fundamentales, y tomará decisiones muy diferentes si tiene que enfrentarse a la presión de un Gobierno que le obliga a no publicar algo.

Después de tres años, la vulnerabilidad de los que publican en Internet no ha variado demasiado, a pesar de que, según unos informes recientes, el Departamento de Justicia ha descubierto que tiene un "problema con The New York Times" si quiere criminalizar la publicación de WikiLeaks. Puede que al Departamento de Justicia le haya costado casi tres años darse cuenta de algo que parece evidente para los defensores de la libertad de prensa, pero algo es algo.

Aun así, todavía hay muestras de escepticismo e incertidumbre sobre si WikiLeaks o Assange serán o no juzgados. Es imposible saber qué cuerpos de seguridad lo están investigando, pero resulta muy triste que se cuestione la legalidad de lo que desde fuera parece ser una recolección de noticias legítima.

Hoy en día, no sólo se está cuestionando la recopilación de noticias, sino la naturaleza de la protesta online. ¿Es una forma legítima de protesta el ataque distribuido de denegación de servicio?

En 2010, algunos miembros de Anonymos reaccionaron frente a PayPal lanzando exactamente ese tipo de ataque. No sabemos cuánta gente participó en el ataque, pero sólo catorce fueron arrestados y acusados por el Gobierno.

Un ataque de denegación de servicio provoca muchos daños además de muchos gastos. Muchos de los clientes de PayPal confían en PayPal para su subsistencia. Una interrupción del servicio puede acarrear graves consecuencias: los clientes pueden perder ingresos y verse obligados a retrasarse en el pago del alquiler, en los gastos médicos, etc. Son serios impactos que deben tenerse en cuenta. Un ataque a los servidores de PayPal perjudica a esta gente vulnerable mucho más de lo que puede perjudicar a una multinacional.

La gente de PayPal, como en la mayoría de empresas, tiene la responsabilidad de proteger a sus clientes ante todo. Duermen con el móvil para despertarse en mitad de la noche si algo va mal. Trabajan horas extra a costa de privarse de pasar tiempo con sus familias. Y anteponen, una y otra vez, los intereses de sus clientes a los suyos propios.

Pero, por otra parte, puedo entender que los que protestaban estuvieran decepcionados por la actitud de PayPal y sintieran simplemente que debían manifestar su frustración. Están en su derecho, y apoyo la libertad de expresión, aunque mi empresa sea el objeto de sus protestas.

Sin embargo, en este caso el problema es que las herramientas que Anonymous está distribuyendo tienen un poder increíble. Desde un controlador central pueden controlar el ordenador de un opositor y hacer cientos de búsquedas por segundo en una web concreta. El impacto coordinado de unos pocos (digamos, unos mil) de esos ordenadores puede afectar a la mayoría de sitios web. Mil ordenadores a la vez iniciando solamente 100 búsquedas por segundo significa que cada minuto se están haciendo seis millones de búsquedas.

Si queremos equiparar las protestas del mundo real y las protestas online, significa que mil personas pueden tener el efecto de seis millones de personas manifestándose frente a tu oficina. Parece un impacto excesivo en manos de una sola persona. Es como si cada manifestante pudiera llevar 6.000 amigos imaginarios a la protesta sin la preocupación de tener que convencerlos para tomarse un día libre y unirse a la manifestación en las calles.

Por esta razón, mi conclusión es que el uso de estas herramientas de ataque difiere mucho de las otras formas de protesta.

Y dicho esto, desde el punto de vista legal, pienso que el fiscal tiene que fijarse en el daño real provocado por cada acusado. En primer lugar, sería injusto responsabilizar a catorce personas por las acciones de mil (quizás no mil, pero estoy seguro de que fueron muchas las personas que formaron parte del mismo ataque). Todos deberían ser responsables del daño que personalmente causaron.

En segundo lugar, la ley permite al fiscal calcular los daños de una forma que resulta un tanto exagerada. Una estimación apropiada de los daños incluye el sueldo y el pago de horas extras que necesitaron los empleados para responder al ataque. Pero, aparentemente, la estimación que están realizando los fiscales en este caso incluye el coste de un equipamiento renovado para defenderse mejor frente a futuros ataques similares.

En mi opinión, esto no tiene ningún sentido. Es como si condenaran a un manifestante que arroja ilegalmente y malintencionadamente una piedra a una ventana a pagar el coste de otra ventana nueva hecha de un vidrio resistente a las piedras mucho más caro. Vale, es cierto que el negocio no habría pensado en protegerse frente a las piedras si no fuera por la acción del manifestante, pero pienso que no es justo obligar al manifestante a pagar por esa mejora.

Los fiscales también deberían tener en cuenta las circunstancias de cada acusado, e investigar si eran o no conscientes del excesivo impacto que podían tener sus acciones. Probablemente creyeran que estaban participando en una protesta online y no eran conscientes del efecto multiplicador de las herramientas que estaban instalando. Mucha gente técnicamente no es consciente del poder de dichas herramientas y pudieron pensar que simplemente estaban uniendo su voz a un coro de protesta en vez de estar emulando miles de voces. En tal caso, creo que la justicia también requiere indulgencia. Desde mi punto de vista, las acusaciones deberían ser por delitos menores, y no por crímenes, y la pena solicitada, una multa en lugar de la entrada en prisión.

Como sociedad que somos, nuestros conceptos de libertad de expresión y protesta tienen que evolucionar, pues gran parte de la escena pública se desarrolla en las redes. La protesta online es una nueva forma de expresión, y probablemente a la gente que ha crecido con las comunidades virtuales les resulta normal. Siguiendo los principios de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que fija los derechos a las libertades fundamentales, es necesario que creemos un espacio para la libre expresión y asociación, sin la intrusión gubernamental, y que dicho espacio exista tanto de forma virtual como lejos de las redes. No obstante, al crear este tipo de espacios, debemos considerar que un pequeño número de opositores puede alterar de forma significativa la actividad de millones de sus conciudadanos que tienen el mismo derecho a vivir su vida sin estas alteraciones innecesarias.

Que una docena de personas simule en Internet la Marcha sobre Washington por el Derecho y la Libertad empleando medios especialmente ideados para ello no es comparable con las protestas en las calles. Es imposible hacerse una idea de la magnitud que adquiere la libre expresión online.

Las acciones del Gobierno contra WikiLeaks en 2010 y las reacciones de las empresas a tal presión, así como la acusación de los PayPal 14, suscitan dudas esenciales sobre el significado de la Primera Enmienda en la nueva era digital. Básicamente, la Primera Enmienda, que trata de limitar la intrusión del Gobierno, sienta los cimientos de nuestra sociedad. ¿Cómo interactúan los intereses comerciales con esas protecciones? ¿Cómo garantiza el Gobierno los espacios de libre expresión en las redes si no son aceras públicas ni calles? ¿Cómo un movimiento impopular de disconformidad resiste a la presión del Gobierno si ese movimiento depende de los servidores de Internet para llegar a su público?

Estas son las preguntas que debemos plantearnos en la sociedad actual. La Primera Enmienda es una de las leyes más importantes que tenemos. El tiempo dirá cómo se adapta la interpretación de estos derechos a medida que la sociedad y la tecnología avanzan, pero nuestras libertades siempre dependerán de lo comprometidos que estemos con estas cuestiones.

Traducción de Marina Velasco Serrano