Un acuerdo en medio de la crispación, terminar con la violencia machista

En momentos de crispación y confrontación política como los actuales, en el Congreso hemos conseguido un importante acuerdo casi por unanimidad. La práctica totalidad de los grupos políticos, con excepción de la extrema derecha negacionista, hemos revalidado el acuerdo para actualizar las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género que suscribimos en 2017.

Los trabajos de puesta al día de las más de doscientas medidas ya se pusieron en marcha hace un año, pero se vieron interrumpidos por el fin de la anterior legislatura. Para aquel entonces, habían comparecido en la subcomisión que ahora se constituirá de nuevo cerca de treinta personas expertas y asociaciones. La tarea realizada no caerá en saco roto. El compromiso alcanzado en sede parlamentaria incluye la recuperación de esos trabajos ya muy avanzados, además de nuevas comparecencias. Todo ello, con la finalidad de completar un puzzle que apunte a nuevas medidas para el abordaje de formas de violencia machista que hace siete años apenas se atisbaban, entre ellas la ciberviolencia de género. Tenemos también la obligación de acometer la mejor protección de los menores para evitar la violencia vicaria, ejercida por hombres maltratadores contra sus propios descendientes para golpear de la peor manera a sus parejas o exparejas. Una modalidad terrible, despreciable y repugnante, mas si cabe que cualquier otra, de martirizar a las mujeres que los violentos consideran de su pertenencia. La misma consideración que tienen por los hijos o hijas a las que terminan asesinando. El “la maté porque era mía” de tiempos lejanos que pervive en la sociedad actual. El “yo te doy la vida, yo te la quito”. El patriarcado en estado puro.

El pacto deberá analizar cuestiones como el acceso a la pornografía por parte de menores de edad, o todas las maneras en que los maltratadores ejercen violencia económica contra las mujeres, y entrar más a fondo en la especificidad de la violencia machista en el ámbito rural, o cuando se ejerce contra mujeres discapacitadas.

Con este propósito y con el anhelo de alcanzar los máximos acuerdos posibles, nos sentamos de nuevo todos los grupos políticos. Todos menos la ultraderecha, que continúa exhibiendo un discurso vacuo, falaz y tramposo. Un discurso, además, altamente peligroso, que está calando en la sociedad y de manera particular entre los más jóvenes. Esa dialéctica que niega la especificidad de la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, así como sus proclamas esgrimidas desde púlpitos institucionales, reafirman a los maltratadores en la senda de la violencia.

Como señala el forense y ex delegado del Gobierno contra la violencia de género Miguel Lorente, ese discurso reviste de justificación y minimiza la gravedad de las agresiones y los asesinatos machistas. Si a este cóctel le añadimos los recortes drásticos en recursos para amparar a las mujeres maltratadas en las comunidades autónomas donde gobierna la derecha ultra de la mano del PP, el resultado es terrible para las víctimas y se refleja en los repuntes estadísticos de los últimos meses.

En la comisión del Congreso en la que aprobamos la creación de la subcomisión, Vox volvió a hacerlo. Volvió a sacar a la luz su argumentario contrario a los recursos, servicios y contra entidades entregadas en cuerpo y alma a auxiliar a las mujeres que necesitan ayuda para salir de la espiral de violencia. Según la diputada Aguirre Gil de Biedma – sí, hermana de una tal Esperanza del PP que presidió la Comunidad de Madrid- el Pacto de Estado solo “defiende una ideología, presupuestos millonarios, un gran negocio que mantiene a cientos de cargos políticos, asociaciones y fundaciones”. Se olvidó Aguirre de mencionar al diputado condenado por maltrato a su expareja que ocupa un escaño en el Congreso. O al portavoz de Vox en Dos Hermanas que se gastó el dinero del grupo municipal en tintorería y en arreglar su coche. Tampoco hizo referencia al diputado de Vox en Cataluña con dedicación exclusiva que cobra además del Parlamento de Cantabria como asesor.

La demagogia en política es como la leche agria al postre, solo que en este caso no solo lo estropea, sino que a algunas mujeres les acaba costando la vida.

Lídia Guinart Moreno, portavoz en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y diputada del Grupo Parlamentario Socialista por Barcelona.