Poder Femenino

“Lo que no se nombra no existe”, según un conocido dicho popular. Y de eso se trata: de existir y de visibilizar. También de revisar, adecuar, actualizar, elaborar y mejorar un mandato de nuestra Constitución, el del artículo 14, que habla de la igualdad entre mujeres y hombres. Es un derecho, una obligación y una prioridad democrática.

Porque las mujeres no somos un colectivo social más, representamos más de la mitad de la población. Y la historia se ha escrito demasiadas veces con nuestro silencio y ausencia cuando, sin embargo, hemos sido y somos parte imprescindible de ella.

Este martes, el Congreso iniciaba la reforma del Reglamento de la cámara para su adaptación al lenguaje inclusivo de género. Naciones Unidas, la propia Unión Europea, instando a los países miembros a realizarlo, y órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, han empezado este camino. El Congreso ya llega tarde.

La necesidad de un lenguaje inclusivo y no sexista no es un capricho ni una moda pasajera, es una prioridad en la consecución de una sociedad igualitaria, más justa y más democrática. Porque el uso del masculino genérico en cualquier tipo de texto nos coloca a las mujeres en una posición de insignificancia. El lenguaje es un elemento clave para adaptar la realidad social y combatir así los prejuicios existentes.

Gráficamente, paso a enumerar algunos ejemplos de los propuestos en el nuevo texto: sustituir el término de diputado por los de diputadas y diputados o viceversa, ha sido la modificación más frecuente. Asimismo, la expresión presidenta y presidente, que se ha retocado en media docena de ocasiones. Y en menor medida parlamentarios y parlamentarias, rey y reina, orador y oradora…. Palabras hasta ahora solo están contempladas en género masculino.

Chocante, pero explicable. Cuando hablamos de nuestra Carta Maga siempre se menciona la importancia que tuvieron los llamados “padres de la Constitución”. Y ¿dónde están ellas? ¿Es qué no existen las “madres de la Constitución”? Claro que sí, las hubo. Nada menos que 27 mujeres, 21 diputadas y 6 senadoras, a las se denominó Las Constituyentes.

Diputadas y senadoras que participaron en la elaboración de la Constitución y que defendieron, activamente, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en la sociedad española. Y no nombrarlas ha hecho que en la reciente historia de España hayan pasado desapercibidas y olvidadas.

¿Saben? Estas diputadas se unieron para no votar a favor del artículo 57 de la Constitución, que trata de la sucesión de la Corona y de la imposición del varón sobre la mujer. Diputadas y senadoras con distintas ideologías que supieron trabajar unidas en pro de su dignidad y de su justa causa. ¿Qué dirían ellas hoy de una propuesta como la que hemos aprobado en el Congreso? Dirían: “hay que hacerla y vamos hacerla”.

Porque lo que pretendemos es hacer un uso coherente y eficiente del lenguaje, optando por las diferentes posibilidades que brinda. Se trata de utilizar términos inclusivos, o bien palabras que visibilicen a las mujeres en contextos en los que el imaginario mental solo remite al pensamiento masculino. Y por suerte, nuestra lengua española es tan rica en matices que nos permite emplear múltiples expresiones, desterrando la exclusión y, además, con el mismo grado de rigor.

Y si los términos inclusivos empiezan a ser usados pasarán a generalizarse y extenderse, no solo en lo que al pensamiento masculino concierne, sino en lo relativo al mismo poder femenino. Porque las mujeres queremos ocupar el lugar que nos corresponde por ley: la mitad de todo y en todo.

Como decía la activista, política y destacada feminista Angela Davis, “no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”. Y eso es lo que la gran mayoría del Congreso hacemos, porque, aunque la ultraderecha y la derecha han votado en contra, estamos cambiando cosas inaceptables en una democracia.

Insisto, las mujeres somos más de la mitad de la población y no nos van a invisibilizar más. 

Susana Ros Martínez es presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y diputada del Grupo Parlamentario Socialista por Castellón.