La Ley 7/2012 de 29 de octubre introdujo una disposición por la que se estableció la obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero.
En Francia, la evasión fiscal a gran escala representa al menos 80.000 millones de euros, lo que equivale al presupuesto nacional para Educación, Seguridad y Justicia, juntos.