Consideran que se ha producido una discriminación laboral, tipificada como muy grave, y por la que ahora deberá hacer frente a un pago de 10.000 euros.
El Gobierno plantea que sigan todos los expedientes sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas, lo que ahorrará costes de gestión y burocráticos.
El Gobierno negocia con los agentes sociales el incremento del sueldo base, situado actualmente en 950 euros, al que se oponen la patronal y muchos economistas.
El Ministerio de Trabajo prevé que los beneficiarios empiecen a cobrar en enero este subsidio para desempleados que agotaron la prestación durante el estado de alarma.
La ayuda pretende llegar a unos 300.000 desempleados que agotaron las prestaciones durante el estado de alarma y que no pueden acceder al ingreso mínimo vital.