El Gobierno llevará a la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional al negarse la presidenta madrileña a colocar una placa en la fachada para recordar a las víctimas detenidas, torturadas y asesinadas en lo que hoy es sede de la Presidencia.
En el mundo de Ayuso, un golpe accidental con una cámara es un atentado político, pero cobrar 2 millones por comisiones de mascarillas y defraudar a Hacienda es una simple "confusión administrativa".
Mientras tanto, el consejero Emilio Viciana ha afirmado que en la manifestación están los "activistas" que "intentan colonizar" la universidad pública.
El jefe de Gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso dijo tener "comprobado" que una de las mujeres entrevistadas "no tenía a su madre en ninguna residencia".
La presidenta madrileña, molesta, reprocha al hombre su cuestión "trufada de intenciones políticas". "Siempre le va a perseguir", señala Óscar López en X.