El amago del líder posconvergente de acudir al Parlament se queda en una quimera más del independentismo que, fuga mediante, ha opacado la investidura de Salvador Illa.
La activación progresiva de la estrategia insurreccional en Cataluña hace necesaria la rápida resolución de la situación de interinidad del Gobierno español y la reconstrucción de un consenso eficaz en torno a la primera obligación de cualquier Estado democrático, que es la de asegurar el imperio de la ley y la protección de las libertades de todos los ciudadanos.
Si hemos decidido apostar, teórica o prácticamente, por la transparencia a todos los niveles, e incluso existe una ley de transparencia que no deja fuera de su ámbito, en mayor o menor medida, ni siquiera a la casa real, exigir mayor transparencia en las actuaciones policiales es una cuestión de coherencia.
Es ilegal prohibirle el acceso a un ciudadano presuntamente por el mero hecho de que este haya pedido una hoja de reclamación en otro establecimiento. Hay que cortar por lo sano con estas prácticas sospechosas, porque son el inicio de otras clases de discriminación fuente de inestabilidad social.