¿Puede un restaurante negar la entrada sin explicar los motivos?
Es ilegal prohibirle el acceso a un ciudadano presuntamente por el mero hecho de que este haya pedido una hoja de reclamación en otro establecimiento. Hay que cortar por lo sano con estas prácticas sospechosas, porque son el inicio de otras clases de discriminación fuente de inestabilidad social.
La tarde del 17 de mayo pasado me denegaron la entrada al restaurante Sabor de Mar, en Barcelona, sin motivo alguno, o, cuando menos, sin decirme por qué no podía acceder al local. Y hasta tuvieron que venir los Mossos d'Esquadra para que me dieran una hoja de reclamaciones en la que reportar el caso. Después de denunciar los hechos ante las autoridades competentes, creo oportuno hacerlos públicos y, así, llamar la atención de los ciudadanos sobre la ilegalidad de estas prácticas.
Ante todo quiero recordar que legalmente todos los ciudadanos tenemos derecho a ser admitidos en cualquier local abierto al público en las mismas condiciones que el resto de los asistentes, siempre que el aforo lo permita y estemos en condiciones para ello, es decir, mientras no nos encontremos en estado de embriaguez o mostremos síntomas de haber consumido drogas. Esto mismo se aplica en los casos en que determinadas personas lleven símbolos que puedan incitar a la violencia o a la discriminación, entre otras circunstancias previstas por la ley. Con todo, las condiciones para entrar en un local que se acoja al derecho de admisión deben basarse en criterios objetivos, que no pueden ser, bajo ningún concepto, discriminatorios y que deben ser visibles en placas situadas en la entrada. Además, los locales que quieren hacer uso de dicho derecho deben especificar las condiciones de entrada al local.
Es inadmisible que un restaurante en plena ciudad de Barcelona discrimine a sus clientes. No puede ser que, sin motivo válido alguno, un restaurante prohíba la entrada a un ciudadano. No existe un derecho de admisión que dé barra libre a la arbitrariedad y al abuso de derecho. Hay que cortar por lo sano con estas prácticas sospechosas, porque son el inicio de otras clases de discriminación fuente de inestabilidad social. En el año 2010, la Oficina para la No-Discriminación de Barcelona (OND), un servicio dependiente del Ayuntamiento que trabaja para garantizar la igualdad entre la ciudadanía, recibió un total de 707 quejas por vulneración de derechos, el 14 % de las cuales tenían que ver con el derecho de admisión en establecimientos de concurrencia pública: un dato que arroja luz sobre estos casos como no aislados. Por ello, la sociedad debe evitar cerrar los ojos ante tales acontecimientos y ha de rechazar en bloque toda forma de discriminación independientemente de quien la sufra y del motivo, y, sobre todo, sea cual sea la persona que haya cometido el acto. Hay una necesidad social de evitar que determinadas personas, a espaldas de la ley, lleven a cabo actos ilegales.
La Administración debe investigar este restaurante del puerto de Barcelona, así como a cualquier local donde se produzcan estos sucesos, para comprobar si este tipo de conductas no contravienen gravemente la ley sobre el derecho de admisión. El decreto que regula el derecho de admisión en Cataluña lo deja claro: «Las condiciones de acceso sobre las que se puede basar el ejercicio del derecho de admisión deben ser concretas y objetivas y en ningún caso pueden ser arbitrarias ni improcedentes, ni basarse en criterios discriminatorios. Tampoco pueden ser contrarias a las costumbres vigentes en la sociedad». Yo sigo sin entender que esto esté pasando en Barcelona, y, aparentemente, sin consecuencia alguna. Las leyes están para cumplirlas, por más que haya quienes digan que están para saltárselas.
