No tenemos ni siquiera bien evaluados los efectos de nuestro sistema actual de movilidad ni, como consecuencia de ello, bien calibrados los instrumentos incentivadores o disuasorios que requiere el cumplimiento de la normativa. Si esto es así, estamos sufriendo disfunciones y distorsiones innecesarias que tendrán consecuencias económicas, sociales y medioambientales.