Una de las cláusulas de la adjudicación para la compañía telefónica recoge que "el adjudicatario debe ofrecer información sobre registro de llamadas, tanto entrantes como salientes que permita obtener el detalle del tráfico y la facturación por todas las líneas internas y externas de la Generalitat".
Así lo señala en un auto la jueza de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja (Valencia), que centraliza la investigación judicial sobre la gestión de la dana, quien también afirma que los daños materiales, que afectaron a centenares de miles de personas, "no se podían evitar, las muertes sí".
Dice que ella es responsable de que las agencias estatales atiendan a la Emergencia y asegura que Mazón dijo que las reuniones se grababan. Además, sugiere que la Generalitat ha eliminado u oculta las grabaciones de aquel día.
La dirección de la AEMET considera que la información que se transmitió fue "muy clara, precisa y de gran valor para que los servicios de emergencias pudiesen tomar decisiones".
El gobierno valenciano filtra un audio recortado de una llamada de AEMET a Emergencias para exonerarse de cualquier responsabilidad. El contenido completo de la llamada, sin embargo, deja de nuevo a Mazón en una situación comprometida.
Una pancarta roja con la imagen boca abajo del president de la Generalitat ataviado con el chaleco de emergencias, el lema 'Mazón dimisión' y un crespón negro, encabeza esta manifestación.
Según ha informado la Fiscalía Provincial de Valencia, se ha constituido un equipo integrado por cinco fiscales especializados en medioambiente, anticorrupción y penal, con el objetivo de "proporcionar una respuesta coordinada y trabajar en colaboración con dicho juzgado".
El periódico británico The Guardian se hace eco de la polémica que involucra al concejal responsable de Grandes Proyectos y Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia, José Marí Olano.
Además, también ha afirmado que entregará 500 millones para cubrir el cien por cien de los costes de reconstrucción de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en todos los municipios damnificados.
El análisis presentado este viernes por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) refleja que afectó en el 20 % de los activos totales, privados y públicos.