La Corte Penal Internacional, ante la situación de Honduras
La situación no parece haber cambiado en términos de justicia para los hondureños desde que la CPI empezó sus investigaciones en 2010, tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya de 2009. Sigue habiendo miles de asesinatos al año, y el Estado mira para otro lado.
El examen inicial de la situación en Honduras data del 18 de noviembre de 2010, y se centraba, en principio, en los hechos sucedidos después del golpe de Estado perpetrado contra el presidente Zelaya el 28 de junio de 2009. Recordemos que ese fue el día en que la Corte Suprema del país dictó la orden de detención contra Zelaya y se decretó el toque de queda. La conmoción social y la represión a manos de las fuerzas armadas de seguridad continuó sin cesar, incluso después de la celebración de las elecciones generales en el mes de noviembre de ese año, que ganara el presidente Lobo.
Sin embargo, desde entonces hasta ahora, poco parece haber cambiado en términos de justicia para los hondureños. El pasado mes de mayo, llamó poderosamente la atención que UNICEF expresara "su profunda preocupación por la situación de violencia y abuso que afecta a la niñez del país", alertando que "la violencia y la inseguridad ciudadana constituyen actualmente una preocupación legítima de la población y del Gobierno hondureño y es motivo de especial alarma cuando en las últimas semanas, a lo largo del territorio nacional, por lo menos 18 niños, niñas y adolescentes han sido asesinados en diferentes circunstancias".
Las mujeres continúan siendo víctimas de violencia y de la indiferencia del Estado hondureño. De acuerdo con el Centro de Derechos de las Mujeres, de enero de junio de 2014, el total de muertes violentas de mujeres era de 264, una cifra sin duda altísima y que hay que combatir.
En el informe mensual de diciembre de 2014, Casa Alianza Honduras muestra una preocupación igual de intensa que en épocas anteriores. No en vano, de enero a diciembre del 2014 se contabilizaron 1031 casos de asesinatos y ejecuciones arbitrarias de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años; 18 casos más que en el 2013. Un récord escalofriante, sumado al aumento a la violencia contra la mujer y las niñas que, según Casa Alianza contrasta con la "vacía publicidad gubernamental de que la violencia ha disminuido", agregando que "así como han aumentado las ejecuciones de niños y niñas, ha aumentado en la población la percepción generalizada de inseguridad".
¿A qué se refiere con respecto a la "publicidad gubernamental"?
Hace algunos días, trascendió a la prensa que el actual presidente Hernández recibió la felicitación por parte UNODC por la "estrategia nacional para reducir la cifra de homicidios, que en 2014 bajó de 86 a 66 por cada 100.000 habitantes". Aun siendo cierto -algo que parece no ser así según varias organizaciones de la sociedad civil-, no deja de ser alarmante para un país de 8.2 millones de personas.
Es también uno de los países más peligrosos en la región para ser periodista. Según Reporteros sin Fronteras, después del golpe de Estado de 2009, se han registrado 27 casos de periodistas asesinados, y la organización internacional Artículo 19 define la situación en el país como "delicada" para quienes ejercen esa profesión.
Si bien la Fiscalía de la CPI de 2014 reconoce las "serias violaciones a los derechos humanos atribuibles en forma directa a las autoridades del régimen de facto", la oficina -encabezada por la Sra. Fatou Bensouda (Gambia) -concluye que no existe base razonable para "pensar que estas conductas constituyen crímenes de lesa humanidad con arreglo al Estatuto de Roma". Es decir, que con relación al golpe de Estado perpetrado contra el presidente Zelaya, se cometieron crímenes graves, pero no revisten la gravedad necesaria para ser materia de investigación de la CPI.
Una buena noticia, por así decirlo, es que este informe reconoce la existencia de alegaciones más recientes -es decir, después de la celebración de las elecciones abiertas en noviembre de 2009- y "procura llegar a una determinación, en un futuro cercano, sobre si los actos denunciados constituyen crímenes de competencia de la Corte".
Por ahora no habrá investigación formal, pero si continúa reinando la impunidad para las serias violaciones a los derechos humanos, quizá las cosas cambien y la CPA tenga que hacer uso de su naturaleza complementaria.
Las víctimas y sus familiares merecen verdad, justicia y memoria.
