Facua denuncia a una veintena de festivales de música y conciertos por irregularidades
La asociación ha detallado cuáles son algunos cobros abusivos.
La asociación de consumidores Facua ha denunciado a una veintena de conciertos y festivales de música por diferentes irregularidades en lo que va de año que afectan a los derechos de los asistentes y a sus intereses económicos, entre ellos las promotoras de los conciertos de AC/DC en Sevilla y Taylor Swift en Madrid.
En un comunicado ha emplazado a los organismos de consumo de las comunidades autónomas ante la necesidad de imponer sanciones contundentes a las promotoras que cometen abusos contra las personas que acuden a sus eventos, muchas de ellas de forma reiterada en cada edición.
Entre las irregularidades más frecuentes está el cobro de gastos de gestión por devolver el dinero que no se ha consumido de las pulseras cashless, de forma que se quedan con toda aquella cantidad que sea menor a 1, 2 o 3 euros, dependiendo del festival.
También la prohibición de entrar al recinto con comida y bebida del exterior o no permitir el pago con dinero en efectivo, imponiendo las pulseras como único método de pago dentro del recinto.
Otras de las condiciones abusivas que también han sido denunciadas son cobrar un extra para poder entrar de nuevo al recinto si se adquiere la entrada para una única jornada del festival, el abono de hasta 30 euros por cambiar el nombre de la entrada fuera del plazo indicado o cobrar un importe adicional al precio de la entrada como gastos de gestión.
La asociación ha lamentado que los organismos de consumo de la mayoría de las comunidades autónomas hagan caso omiso a esta vulneración de la normativa vigente y permitir "con su falta de contundencia que las promotoras de estos festivales apliquen año tras año las mismas cláusulas abusivas".
Además, las pocas autoridades que abren expedientes sancionadores por este tipo de prácticas imponen multas ridículas, lo que invita, según Facua, a estos festivales a volver a cometer estas mismas infracciones ya que el beneficio económico que obtienen es mucho mayor al perjuicio que les pueda suponer una sanción.