El rector plagiador y la autonomía universitaria

Foto del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (en el centro) durante una conferencia/EFE

En estos días muchas personas asistimos con preocupación a la incapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), de su comunidad universitaria y sus órganos democráticos de gobierno para forzar la destitución de su rector plagiador. También nos resulta preocupante la tibieza de la comunidad universitaria, y de la sociedad en su conjunto, ante un caso que en cualquier país de nuestro entorno habría supuesto la dimisión inmediata del rector y la más intensa condena social e institucional. Son de agradecer, sin embargo, las diferentes iniciativas sociales y políticas que, tal vez demasiado poco a poco, han ido aumentando la presión sobre el rector: ante todo la investigación periodística de Cuartopoder y El diario, que después de varias semanas ha conseguido romper el silencio de la prensa en papel y ha pasado a otros medios; después, la iniciativa del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, haciendo una pregunta en Pleno al consejero de Educación (catedrático de la misma URJC), que fue rechazada por los otros partidos, y una petición de comparecencia en la Comisión de Educación que sí ha sido aceptada; por último, el comunicado de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (CRUMA) condenando tibiamente y un tanto en abstracto el plagio en general (sin hacer referencia concreta al caso de Fernando Suárez), y, ya con más concreción, el cese como vocal del Comité Permanente de la Conferencia de Rectores de España (CRUE); todo ello sin olvidar alguna muy loable recogida de firmas por parte de profesores y estudiantes, y condenas puntuales de diversos organismos y organizaciones universitarias.

Ante esta situación, Fernando Suárez se resiste obscenamente a dar alguna explicación coherente y se atrinchera en la identificación con la institución que dirige, utilizando pro domo sua la autonomía constitucional de la que goza dicha institución, por la cual solo la comunidad universitaria de la URJC y sus órganos de gobierno -que parece que el rector controla sin fisuras- pueden destituirle, o simplemente exigirle explicaciones, sin que pueda hacer nada al respecto el Gobierno ni la Asamblea de la Comunidad de Madrid. De hecho, en aras de esa autonomía universitaria (o tomándola como excusa, más bien), se rechazó la pregunta al consejero que planteó Podemos, y probablemente el rector se negará a asistir a la comisión de educación de la Asamblea.

De este modo, el enorme daño que el señor Suárez Bilbao está haciendo a la institución universitaria es doble. Por un lado, pone de manifiesto que una persona que sistemáticamente ha plagiado sus trabajos puede obtener sexenios (evaluaciones positivas) de investigación y llegar así a catedrático, y con ello a rector (¿no tendría también la ANECA que iniciar una investigación sobre cómo ha obtenido sus sexenios el ínclito rector?); por otro lado, pone en duda las bondades de la autonomía universitaria, haciendo que la opinión pública no entienda que las autoridades autonómicas no puedan intervenir en un caso como este, y dando pie, como pronto se verá, a que hábiles pescadores traten de pescar en río revuelto cuestionando un principio constitucional hoy en día más necesario que nunca.

Porque la autonomía universitaria, que está recogida en nuestra constitución para defender la Universidad ante injerencias políticas e ideológicas como las que ejerció el franquismo, es hoy en día imprescindible para defenderla de las injerencias económicas, y también ideológicas, que tratan de ejercer cada vez con mayor intensidad los poderes financieros y económicos nacionales e internacionales. La institución universitaria es un elemento clave en la construcción neoliberal de Europa, como demuestra el hecho de que los mismos procesos se estén produciendo con mayor o menor intensidad o resistencia en todos los países europeos, y defender su autonomía es una lucha vital para resistir a esa Europa de las finanzas que se nos va imponiendo cada vez más. Para construir una Europa sojuzgada a ellos, los poderes financieros y económicos necesitan una Universidad a su servicio, que ponga a su disposición conocimientos y elementos técnicos fácil y rápidamente explotables, así como trabajadores con un nivel de formación técnica elevada, pero sin excesiva conciencia crítica, a ser posible. La acentuación en el capitalismo de modos de acumulación basados en el conocimiento (en la plusvalía relativa, dicho técnicamente) ha hecho que la educación superior y la investigación (hoy llamada innovación y desarrollo) se conciban no como elementos para el desarrollo social, cultural y del Estado, sino como elementos necesarios para una cada vez más rápida y depredadora acumulación de beneficios por parte de cada vez menos empresas transnacionales. Y por ello, para estas empresas, para estos poderes económicos, controlar la Universidad (como principal generadora de conocimiento y formación), dominarla y ponerla a su servicio resulta completamente fundamental.

Por eso debemos defender con uñas y dientes nuestra democrática autonomía universitaria, tanto desde fuera de la Universidad como desde dentro, tratando en este caso de hacer que la institución funcione mejor, es decir, siendo muy conscientes de que autonomía académica e investigadora no implica descontrol administrativo ni falta de rendición de cuentas, sino todo lo contrario, más transparencia y participación colectiva. Sin pretensiones de exhaustividad, daré solamente tres argumentos para hacer comprender mejor las bondades de una autonomía universitaria bien entendida y desarrollada:

1) La Universidad, como el conocimiento, no está al servicio solo de la sociedad, sino principalmente al servicio de la verdad (con minúscula), o si se quiere, de la búsqueda de la verdad. Si una investigación descubre una "verdad" que perjudica económicamente a una empresa, o a los poderes financieros en general, la Universidad tiene que tener la libertad de desarrollarla y difundirla sin restricciones. Más aún, si una entera sociedad se desliza hacia la mentira y la barbarie, como por ejemplo sucedió en la Alemania de los años 30, la Universidad tiene la obligación de defender ante esa deriva la "verdad", el pensamiento crítico, la democracia.

2) La Universidad debe tener la independencia necesaria para poder decidir qué se estudia y qué saberes se conservan y transmiten por ser más útiles al propio sistema de conocimiento. Obviamente, la Universidad está compuesta por personas, de un tiempo y un lugar, por lo que no será sorda a las necesidades y exigencias que se den en esa sociedad, pero sin perder de vista el desarrollo interno de sus campos de saber. Esto hará, sí, que en la Universidad vaya a haber siempre una positiva tensión entre conservación e innovación, que debe ser siempre sometida a crítica.

3) Paralelamente a esa tensión entre conservación e innovación, la Universidad tiene que tener autonomía para sufrir internamente la tensión entre saber y utilidad práctica, y entre saber y empleabilidad, superándola con una concepción de lo "útil" que vaya más allá del bien inmediato y pueda tratar de buscar un bien superior, colectivo y lejano. Podríamos decir que la Universidad tiene que tener autonomía para poder colocarse entre la empleabilidad y la utopía.

Hay muchas otras razones, pero baste con estas para que se entienda la inmensidad del daño que el rector Fernando Suárez está haciendo al sistema universitario español en este momento de delicada lucha económica e ideológica en torno a la Universidad (o con la Universidad como campo de batalla y posible botín de guerra). El rector debe dimitir de inmediato, y los otros rectores y autoridades académicas forzarle a dimitir no solo porque sea una vergüenza colectiva su actuación, sino para demostrar que la autonomía universitaria sirve para que la Universidad se regule realmente a sí misma.