Una sentencia europea pionera: no a la retención de datos 'por si acaso'

El Tribunal de Justicia de la UE invalidó la semana pasada, a través de una sentencia ejemplar, la directiva europea de retención de datos de 2006. El fallo del Tribunal de Luxemburgo es una buena noticia para los 500 millones de ciudadanos europeos. Nos recuerda, todavía en medio de esta insoportable crisis que Europa padece desde hace demasiado tiempo, que el proyecto europeo no consiste solamente en defender el euro y el mercado único sino, también y sobre todo, un proyecto ciudadano para construir un espacio supranacional común de libertad y justicia, de la Europa del Derecho y la Europea de los derechos.

El Tribunal de Justicia, máximo guardián y garante del Derecho europeo, ha afirmado que la privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones deben prevalecer sobre cualesquiera prácticas de retención masiva y desproporcionada de datos personales incluso cuando se argumentan bajo el pretexto de mejorar la seguridad de los ciudadanos.

La protección de datos es, en efecto, un derecho fundamental. Un derecho fundamental a la privacidad y a la confidencialidad de las comunicaciones garantizado, como nunca antes, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Hoy en día se encuentra amenazado por la revolución digital y las prácticas intrusivas realizadas por las grandes empresas y las agencias de inteligencia de numerosos países, como ha puesto de manifiesto el escándalo de las escuchas masivas de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA en sus siglas en inglés). Durante este mandato del Parlamento Europeo, que toca a su fin, he tenido el honor de presidir la investigación que la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de interior ha llevado a cabo implacablemente sobre este grave asunto.

La sentencia del Tribunal es esclarecedora. Considera que los datos personales son retenidos durante demasiado tiempo en base a normas no suficientemente claras y poco precisas, que existe un riesgo cierto de que su contenido pueda ser objeto de un uso abusivo por parte de las autoridades de aplicación de la ley y que se da un trato igual a las personas sospechosas y no sospechosas en cuanto al procesamiento preventivo y masivo de datos por lo que existe un problema de proporcionalidad de la medida.

Por tanto, elimina la posibilidad de retener datos por si acaso pudiesen utilizarse en el futuro. Por el contrario, el Tribunal de Justicia de la UE afirma el derecho a retener datos de forma proporcional, limitada y con un fin concreto. Da, por consiguiente, luz verde a lo que se conoce en la jerga de protección de datos como proceso de congelación rápida de los mismos que permite que los tribunales de justicia puedan dar orden de que se retengan categorías concretas de datos para fines específicos y con una duración limitada de la medida cuando existan indicios de que la comisión de un crimen serio está siendo planeada o está ya en marcha.

El Tribunal de Justicia afirma, pues, que la retención de datos, en los términos en que se produce, es incompatible con el derecho fundamental a la vida privada y a la protección de datos. El segundo mensaje, de una importancia capital, que emana de la sentencia es que el Tribunal de Justicia de la UE se erige en guardián e interprete supremo de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y que está dispuesto a utilizarla como parámetro de legalidad sobre la normativa europea ejerciendo un control de legalidad de las leyes europeas propio de un Tribunal Constitucional.

Tras el fallo de Luxemburgo resulta más urgente que nunca que el Consejo desbloquee la nueva legislación de protección de datos que la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado. La normativa de protección de datos es Derecho europeo, directamente vinculante para los países de la UE, y los ciudadanos podrán invocarla ante cualquier tribunal de la UE. Si aún no está en vigor no es porque el Parlamento no haya hecho su trabajo, sino debido a que el Consejo no ha alcanzado todavía una posición común.

La revolución digital, que tiene indudables ventajas en muchos ámbitos, ha impactado negativamente sobre nuestra privacidad y nuestros derechos fundamentales. Las normas para proteger nuestra intimidad deben, por tanto, reforzarse. Y es muy positivo que podamos contar con el Tribunal de Justicia de la UE como garante efectivo de los Derechos Fundamentales en Europa. Supone una muestra de madurez del nuevo sistema de protección de derechos que prefiguró la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales en el Tratado de Lisboa con igual fuerza jurídica vinculante que el propio Tratado.

Las elecciones europeas del 25 de mayo se acercan. Y serán, sin duda, una oportunidad para avanzar en la Europa del Derecho y de los derechos frente a quienes intenta reducir Europa a un mercado de capitales o, lo que es aún, peor quienes quieren derribar ese edificio de libertades y derechos que tanto ha costado construir.