Google o LinkedIn te pueden dejar mañana en la estacada

Internet es tan banal como el aire que respiramos. La mayoría navegamos a diario (algunos a toda hora) y volcamos en la Red, sin pudor ni premeditación, casi toda nuestra vida. Lo hacemos a través del correo electrónico, la mensajería o las redes sociales. Sin embargo, nunca (o casi nunca) reparamos en qué condiciones se registra toda esa información personal (y también profesional) que lanzamos al ciberespacio, y sin la cual ya no nos vemos.

No sé de nadie que se haya leído detenidamente los "términos y condiciones" de servicios de Gmail, Facebook, LinkedIn o Twitter cuando se da de alta. Conocerlos nos llevaría muchas horas, o incluso días, de ardua lectura de una jerga repetitiva, a ratos ininteligible y casi siempre soporífera. Por eso, la inmensa mayoría le damos al scroll para saltarnos esos larguísimos textos confeccionados por meticulosos abogados y llegar así, por la vía rápida, al botón de "He leído y acepto...".

La supuesta gratuidad de los servicios que se nos ofrecen -digo supuesta porque nadie da duros a cuatro pesetas, y si Facebook te da una red social es porque tú le ofreces a cambio valiosa información personal- hace que nos tomemos a la ligera estos largos pliegos. Esto se une a la pereza que exhibimos los españoles cuando llega la hora de leer la documentación, bien sea la de la lavadora que compramos en El Corte Inglés o la del servicio de televisión de pago que contratamos por teléfono, o incluso la que va asociada a las cosas importantes, como la hipoteca o unas preferentes.

Sin embargo, creo que deberíamos tomarnos más en serio la cuestión. Volviendo a Internet, es un error pensar que, porque vemos los contratos de Facebook o LinkedIn a través de una pantalla de ordenador, carecen de valor y tienen menos entidad que los papeles que firmamos para alquilar un piso, comprar un coche o contratar un plan de pensiones.

Y es que uno se puede llevar muchas sorpresas. Pongo unos cuantos ejemplos. En primer lugar, conviene tener en cuenta que ese servicio donde tenemos todos nuestros contactos y en el que nos hemos pasado años volcando hasta los pensamientos más íntimos puede ser suspendido de repente y sin que tengamos derecho a reclamación. Que yo sepa, no ha habido interrupciones importantes, pero los gigantes de Internet se cubren las espaldas. Google (Gmail), Facebook o LinkedIn eluden responsabilidades si el servicio presenta "errores, suspensiones o fallos de seguridad".

LinkedIn, que tiene más de tres millones de usuarios en España, también se arroga el derecho a suspender e interrumpir el servicio de forma totalmente discrecional. En Facebook tenemos más de lo mismo. En el pliego de términos legales de la red social más popular (más de 15 millones de usuarios en este país) se nos dice que la compañía no garantiza que funcione siempre "sin interrupciones, retrasos o imperfecciones". En Google incluso nos advierten de que pueden cancelar un servicio concreto si les resulta poco rentable, y eso puede pasar de un día para otro, sin avisarnos. De hecho, los que no estén al tanto deben saber que el buscador abre y cierra servicios compulsivamente, siempre a la busca de uno que rompa el mercado. El que se encariñó con Talk, Buzz, Reader, Health o Answers tuvo que ver cómo se esfumaban en los dos últimos años.

Pero no queda ahí la cosa. Si tuviéramos algún problema y quisiéramos reclamar o incluso pleitear, el panorama tampoco es favorable. Casi todos los servicios nos remiten, en caso de conflicto, a un juzgado de California, donde están las sedes de los grandes de Internet. En Facebook nos indican claramente que los datos personales son "transferidos y procesados en Estados Unidos".

O sea que, para llegar al final con estas empresas, a uno no le queda más remedio que sacarse un pasaje para Estados Unidos, reservar unas noches de hotel en Silicon Valley y contratar unos buenos abogados que lo defiendan.

Por lo que sé, la Unión Europea trabaja en una norma para que los "términos y condiciones" se exhiban de una forma clara y accesible. Google ya ha dado algún paso en esta dirección. La UE incluso quiere exigir a los proveedores de servicios de Internet que cuenten con un sistema para que los usuarios que deseen cancelar su cuenta puedan llevarse la información e instalarla en otro servicio de una manera transparente. Es lo que llaman el derecho a la portabilidad de los datos, tan habitual ya en el mundo de la telefonía.

Otro de los derechos que quiere proteger la Unión Europea es el del olvido, que permitirá a los interesados borrar fácilmente sus datos en la Red, evitando casos como el de aquel director de instituto que fue objeto de mofa entre sus estudiantes porque una sanción por orinar en la calle que recibió en sus años mozos, y que en su momento se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, seguía apareciendo en Google cuando alguien tecleaba su nombre.

Además, la UE exigirá a las compañías de Internet tener oficinas en algún país europeo. De esta manera, los contenciosos se resolverán a este lado del Atlántico, y no habrá que irse a la soleada California.

Son iniciativas que van en la buena dirección, pero que, en cualquier caso, no deben eximirnos del deber de leer (o asesorarnos) cuando suscribimos un servicio en la Red, por muy "gratuito" y banal que sea.