Así desató el canal de Nicaragua la lucha de esta mujer por sus tierras

Cuando Francisca Ramírez vio a un grupo de empresarios chinos rondando su hogar, en el pequeño municipio nicaragüense de Nueva Guinea, acompañados por agentes de la policía local y cargados de material, supo al instante que algo iba mal.

Unos pocos meses antes, a finales de 2014, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había anunciado un gran proyecto que, según afirmó, sacaría al país de la pobreza. El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua era uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia, un proyecto concebido para rivalizar con el Canal de Panamá, unos cuantos cientos de kilómetros más al sur. Iba a medir unos 280 kilómetros, conectar el Atlántico con el Pacífico y dividir Nicaragua en dos partes.

Francisca Ramírez y sus vecinos se enteraron del proyecto cuando vieron al presidente hablando de ello por la televisión. Nadie les consultó su opinión, algo chocante, teniendo en cuenta que el proyecto les iba a dejar a ella y a muchos otros sin hogar.

"¿Qué hacen ustedes aquí?", recuerda haberles preguntado Francisca Ramírez a los empresarios y a los policías.

"Estas tierras ya no le pertenecen", le respondieron.

Y así, sin más, comenzó un nuevo y desolador capítulo en las vidas de Francisca Ramírez y sus vecinos.

El presidente Daniel Ortega aseguró que el proyecto del canal crearía miles de trabajos y atraería la inversión extranjera. De hecho, una empresa de desarrollo con sede en Hong Kong estaba dispuesta a afrontar gran parte de los 50.000 millones de dólares en los que se estimaba el coste del proyecto. Con casi el 30% de la población viviendo con menos de dos dólares al día, Nicaragua —el país más pobre de Centroamérica— necesitaba esa inyección económica.

Pero un vistazo rápido a la letra pequeña puede convertir fácilmente estas relucientes promesas en algo mucho más siniestro. La construcción del canal fue posible gracias a la ley n.º 840 que el congreso de Nicaragua aprobó en junio de 2013. Además del canal, esa ley dio luz verde también a la realización de una docena de proyectos secundarios, como un aeropuerto, dos puertos, un oleoducto, una vía de ferrocarril y dos zonas de libre comercio.

Tal y como ha señalado un reciente informe de Amnistía Internacional, el congreso de Nicaragua aprobó la nueva ley sin consultar a las comunidades locales afectadas, abriendo de este modo la vía a realizar otros proyectos sin la necesidad de pedir opinión a los habitantes de las zonas implicadas. En la práctica, por lo tanto, la ley permite que casi 120.000 personas se encuentren en riesgo de perder sus tierras, sus hogares y su medio de subsistencia. El coste medioambiental del proyecto también sería devastador, ya que causaría daños irreversibles a lo largo de kilómetros de tierras fértiles y al lago Cocibolca, la fuente de agua dulce más importante de Centroamérica.

Francisca Ramírez nunca imaginó que se convertiría en una activista a favor de los derechos humanos. Nacida en una familia de campesinos, ha consagrado su vida al cultivo de sus tierras y a la venta de sus productos en los mercados locales. Sin embargo, ahora vive con la aterradora perspectiva de perder el hogar que construyó para sus cuatro hijos y las tierras que les permiten subsistir.

"He labrado la tierra desde que tenía doce años. No conozco otra cosa", declara.

Su comunidad, La Fonseca, se encuentra en medio de una de las áreas más fértiles de Nicaragua. Unas 2000 personas viven ahí, casi la mitad de las cuales son niños. Producen frijoles, malanga (un tubérculo parecido a la patata, pero más dulce), maíz, trigo y queso. "Desde que nos enteramos de la construcción del canal, la vida se ha vuelto insoportable. Nuestras vidas dependen de estas tierras. Arrebatarnos nuestras tierras es como arrebatarnos nuestras vidas".

De modo que decidió contratacar.

"Empezamos a organizarnos nosotros mismos. Empezamos a tomar las calles para protestar porque no respetan nuestros derechos, no nos consultan. Lo único que nos dijeron es que íbamos a ser desalojados".

Las autoridades no se tomaron bien su campaña. Ven a Francisca Ramírez y a su comunidad como una amenaza. Los manifestantes y defensores de los derechos humanos que han osado formar parte de alguna de las docenas de manifestaciones convocadas contra el canal y contra el gobierno en los últimos dos años han sido brutalmente reprimidos. La propia Francisca Ramírez ha sufrido dicha brutalidad. En 2015 fue arrestada, y otra vez al año siguiente. Ha sido amenazada y hostigada más veces de las que es capaz de recordar.

"Un proyecto que vulnera los derechos humanos de las personas y no tiene en cuenta lo que piensa la gente no puede tratarse de un proyecto de desarrollo. ¿Qué clase de futuro nos espera si ni siquiera tienen en cuenta nuestras vidas? El gobierno está jugando con nuestras vidas", afirma Francisca Ramírez con rotundidad.

"Desde 2013, cuando salió la ley, nos han perseguido, atacado y han violado nuestros derechos. Es una historia muy triste. Llevamos cuatro años pidiendo justicia y en cuatro años nadie nos ha escuchado. El gobierno no nos ha ofrecido una alternativa. Hemos hecho todo lo posible para intentar que nos escucharan, pero nada. Este gobierno está ciego, sordo y mudo ante todo. No ven nuestra realidad.

Sin embargo, Francisca Ramírez no piensa darse por vencida: "Voy a seguir luchando, porque rendirme significaría empezar a morir".

Este post fue publicado originalmente en 'The World Post' y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.