Del peaje al pillaje

Parece ser que el Gobierno federal alemán quiere implantar una tasa a los automovilistas extranjeros por la utilización de sus autopistas gratuitas. De momento es sólo una propuesta, que entraría en vigor el 1 de enero de 2016. Ya hay interpuestas varias demandas ante los organismos de la Unión Europea, por quien considera (especialmente Holanda y Austria, los países más perjudicados) que esta tasa va contra la libre circulación de personas y mercancías; y supone además una discriminación de unos ciudadanos europeos frente a otros.

No es la primera vez que gobernantes de distinta responsabilidad y origen plantean este nuevo impuesto a la circulación de vehículos. En Portugal y en Austria ya hay peajes por la utilización de vías de titularidad pública (las vías de peaje privadas existen también en toda la Unión Europea), pero sin discriminar la nacionalidad del vehículo. El año pasado, la Diputación de Guipúzcoa planteó también la posibilidad de que se pagase un peaje por circular por las autovías de la provincia, exceptuando a los vehículos del territorio de su competencia. De momento, esta iniciativa de Bildu parece haber quedado en el olvido. Entre otras razones, porque la normativa europea prohíbe la discriminación por nacionalidades.

Que el Gobierno de la señora Merkel no va a dar su brazo a torcer lo sabemos todos. De hecho, para evitar la negativa de las autoridades comunitarias, ya ha puesto la venda antes que la herida: va a imponer esa tasa a todos los vehículos, sin discriminación de nacionalidad, y va a reducir el impuesto de matriculación a los alemanes. Sobre este impuesto la UE no tiene competencias. No sé si es picardía o cinismo pero lo que está claro es que obtendrá lo que quiere: que los extranjeros paguen.

Cuando se lleve a cabo (que se llevará, no tengo ninguna duda) se desatará la guerra por ver quien es el siguiente. ¿O es que creen que solo habrá que pagar en Alemania? El problema es que autopistas gratuitas hay muy pocas en Europa... salvo en España. Nuestro país tiene una de las mejores redes de autovías gratuitas, con cerca de 9.000 kilómetros.

Y es verdad que se está deteriorando a pasos agigantados porque se están destinando muchos menos recursos a su conservación.

Pero, de momento, están ahí, para disfrute de todos los españoles y de los cerca de 40 millones de ciudadanos europeos que circulan por ellas. Ahora se admiten apuestas: ¿cuánto tiempo va a transcurrir desde la decisión definitiva de Merkel hasta que Rajoy, o quien esté al frente del Ejecutivo, tome la misma medida?

Con un agravante: ni siquiera tiene que ser Rajoy, Sánchez, Iglesias, Díaz o quien ocupe la Moncloa quien tome la decisión. Pueden ser cualquiera de los responsables de las Comunidades Autónomas, porque esta competencia está transferida.

Por cierto, en Alemania, país europeo comunitario y federal, la red de autopistas, la denominada BAB (Bundesautobahn) es competencia del Estado central.

Y ya que hablamos de comunicaciones, convendría meditar sobre la geopolítica de nuestra red de superficie: carreteras y ferrocarril. Más del 95 % del tráfico de personas y mercancías entre la Península Ibérica y la Comunidad Europea se realiza a través de dos comunidades, catalana y vasca, cuyos políticos ponen en solfa la pertenencia al Estado central. De llevarse a cabo una secesión, la Península quedaría aislada viariamente de sus socios comunitarios, algo de lo que se habla poco en tertulias y programas. Sin entrar en otras consideraciones, que no vienen al caso, la separación de estos territorios supondría en la práctica mercantil, una verdadera catástrofe. Casi equiparable al abandono de España y Portugal de la Unión Europea. Quien utilice el argumento de que si Catalunya se independiza tendrá que salir de la UE se está pegando un tiro en el pie, porque los perjudicados no solo serán los catalanes.