Las leyes de la crisis de la cultura

A la vieja agua estancada que es la regulación de la propiedad intelectual en España se le ha venido a añadir, por medio de su última reforma, que entró en vigor en este mes de enero, lo que solo puede calificarse como perfume aftershave.

El resultado es que huele peor que nunca. El problema regulatorio que sigue existiendo en torno a la propiedad intelectual no es una cuestión menor. Y no lo decimos para insultar. Simplemente no puede dejarse en manos de un grupo de perfumistas políticos.

En España, la cultura no se entiende ni como factor de cambio social (más que para los nacionalismos de distinta ralea) ni como opción económica prioritaria, es decir, como opción de empleo y progreso económico fundamental. Como mucho, y lamentamos decirlo, se entiende como marca para atraer turismo.

Para el Ministerio de Cultura, se trata, fundamentalmente, de un problema policial, porque la reforma de la Ley demuestra que para esas autoridades, el acontecimiento económico más importante que sucede en red -en español- son los enlaces ilegales a contenidos protegidos.

De las decenas de graves carencias que tiene la política cultural en España, a lo que se ha dado prioridad -el mascarón de proa de la reforma- ha sido la persecución de los enlaces... ¿Pero cuál es la única consecuencia de esto? Pues una mayor ruptura entre las industrias culturales tradicionales que precisan acceder a la red y encontrar nuevos formatos, y el ámbito de las tecnologías abiertas. ¿A quién beneficia esto? No sabemos si el regulador se ha hecho la pregunta alguna vez, pero desde aquí entendemos que a nadie. Desde Hispalinux, hemos expresado que la red debería haber servido como punto de encuentro entre la industria cultural tradicional y la economía real de la cultura abierta, que eso ha funcionado muchas veces en Estados Unidos y aquí podría funcionar mejor.

¿Tiene alguna idea el Ministerio de lo que sucede económicamente en la red? ¿Al menos en los idiomas de nuestro país...?

Cualquier respuesta que se nos venga a dar (los datos genericos de la web del Ministerio son ¡¡hasta 2007!!), desgraciadamente viene acompañada de los malos resultados que definen a las industrias creativas españolas. Representan porcentualmente cerca de la mitad del producto interior bruto (datos de 2011, publicados en 2014) de lo que representan en el Reino Unido. Inferior a los datos italianos, alemanes y, desde luego, franceses.

Si algo demuestra que la política cultural es claramente autocrática en España -en el peor sentido que podría atribuírsele a ese concepto- es el dato de que es inmune a la falta de éxito. No hay cambios, no responde a su propia responsabilidad y a su propio fracaso... Ese es otro mensaje de la reforma: no esperéis una verdadera reforma.

Entidades de gestión y canon

Las asociaciones de autores evolucionaron mal. La corrupción se hizo demasiado evidente en alguna de ellas, como la SGAE, que, con una deuda de más de 100 millones de euros y un montón de activos tóxicos fue objeto de intervención -por el irreprochable sector de la política. El resultado fue nada menos que un golpe de Estado cultural, que ha supuesto un mayor arrinconamiento de la sociedad civil en el ámbito de la cultura y del derecho de los autores a las mayores cotas de autogestión de sus derechos. El Gobierno, en lugar de apoyar a los autores, decidió ahorrar a unas cuantas multinacionales una enorme cantidad de dinero en compensaciones, millones de euros que deberían haberse reconducido a fomentar la creación. ¿A quién benefició esto?

¿Es rentable crear cultura en España?

La respuesta la llevan dando autores e industria, abogados y tecnólogos: los resultados económicos del sector son cada vez -y alarmantemente- peores. Hay ámbitos de creación absolutamente invisibles para el regulador, como sucede con buena parte de la creación digital en línea (y hay muchos más). El aporte al Producto Interior Bruto español de la cultura no refleja la potencialidad de las industrias culturales españolas. En ese sentido, la regulación de la cultura y de la economía de la cultura es parte fundamental del problema. Las industrias culturales tradicionales como las discográficas, llevan clamando por el IVA reducido en lugar del canon digital, pero la política prefería control regulatorio a través del canon, en lugar de un reducción de impuestos que animaría enormemente la actividad en este sector.

¿Han acertado en la ley con la tasa Google?

El hueso que querían arrojar a los editores a costa del buscador Google ya se había demostrado, mucho tiempo antes, que no iba a funcionar. Esto también hace sospechar sobre este aspecto de la reforma, y por lo menos debería hacer dimitir a alguien. Especialmente porque hay otras opciones que sí funcionarían. Algunas las propuso Hispalinux hace tiempo. Otras las ha implantado con valentía el Reino Unido. De nuevo, nos tropezamos con la inútil, obsoleta y única idea oficial sobre la economía de internet y el derecho: se puede prohibir con éxito el acceso a contenidos protegidos en internet. Puro espejismo escolástico.

¿Qué ha conseguido el regulador con todo esto?

Después de venderle a la industria -durante años y años- que persiguiendo enlaces y a adolescentes garantizaría sus beneficios, después de venderles a los creadores que aquí hay un binomio de hierro subvención/control político que ninguno debe olvidar, la situación de las industrias creativo-culturales es de franco declive. De eso no es responsable una crisis financiera internacional, sino una política de perfil técnico bajo y con tics de obsesión. La caza de enlaces no garantiza el retorno de las inversiones en industrias culturales. Hay que hacer muchísimas otras cosas y en frentes muy distintos.

Pero el propósito de la reforma de la Ley no era cambiar lo que hay. Y en eso, desde la perspectiva perfumística de los diseñadores de políticas, el objetivo se logró con éxito.