Más desigualdad, menos justicia, menos democracia

Este encabezamiento de mi comentario podría ser el resumen de lo que está aconteciendo en todo el mundo desde el desencadenamiento de la crisis y la consolidación de un capitalismo turbo-financiero.

En tres décadas, de 1945 a 1975, se redujo a la mitad la desigualdad en la Europa occidental gracias a la aplicación de las políticas redistributivas consagradas tras el final de la Segunda Gran Guerra, y tras la aceptación de que el libre mercado comporta muchas facilidades para la competitividad y el intercambio económico, pero no resulta muy concernido por los temas de justicia social. El artículo 9.2 de la Constitución Española (copiado de manera tardía, gracias al franquismo, de artículos semejantes de las constituciones alemana o italiana aprobadas a finales de los 40), dice: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

En ese apartado se resume todo el proyecto de democratización de la vida política y social que impulsó la ciudadanía europea tras vencer al fascismo y como alternativa a una economía estatalizada. El modelo de “Europa Social” que desde allí se extendió, representó durante muchos años un faro en un mundo en el que seguía predominando la injusticia y la desigualdad.

Hoy, estamos constatando que cada vez parece haber menos posibilidades de que ese modelo de convivencia y de justicia social que durante decenios simbolizó la Unión Europea, pueda mantenerse. En efecto, desde 1975 ha ido aumentando la desigualdad entre los sectores más y menos favorecidos en toda Europa, y de hecho volvemos a estar en niveles de desigualdad que nos retrotraen a la primera mitad del siglo XX. España, que se integró con esperanza a la Unión Europea en 1986, y logró poco a poco ir recuperando el gap de su tardía incorporación a la democracia, ve hoy cómo los logros sociales conseguidos en poco tiempo, se deterioran rápidamente y se ven estructuralmente amenazados.

Es bastante evidente que todo ello tiene sus raíces en un cambio muy profundo del sistema económico y de las fuentes que los grandes intereses buscan para satisfacer sus ansias de beneficio. Es evidente que esas fuentes de beneficio se buscan cada vez más en la economía financiera y cada vez menos en la economía productiva. Las ventajas son evidentes, sobre todo si uno lo ve desde el punto de vista fiscal. El dinero circula, no tiene patria, cuesta mucho seguir su rastro en plena maraña legal. Crece la evasión y, sobre todo, la elusión fiscal.

Prestar dinero es mejor que pagar salarios, pagar impuestos, o preocuparse por conseguir cuotas de mercado. Los poderes públicos están crecientemente en manos de los grandes fondos de inversiones. Y deben plegarse a sus condiciones. Los medios de comunicación, en plena crisis de soporte, van viendo absorbidas sus empresas por los poderes financieros, poniendo en cuestión la independencia de la información.

En este contexto, el propio concepto de trabajo que fue construyéndose en la era industrial, y que vinculaba el trayecto vital al trabajo, va perdiendo sentido, y en la misma proporción pierden fuerza el conjunto de políticas sociales que se crearon, articulando trabajo con educación, con salud, con prestaciones de desempleo o con pensiones. El trabajo está pasando de ser dependiente, permanente y continuo, a ser no dependiente o falsamente autónomo, intermitente y precario.

En ese contexto, las estructuras de defensa de los derechos que se habían ido creando van viendo amenazada su posición. Unos pocos, los más poderosos, tienen mucha voz. Se les hace mucho caso, Muchos otros, los menos poderosos, tienen muy poca voz. No se les oye. No cuentan.

¿Qué hacer? Demostrar que más desigualdad es menos futuro. Luchar por más transparencia, para que se pueda saber quién defiende qué, y qué intereses hay detrás. Luchar de manera global por la legalidad fiscal. Avanzar en la creación de una tasa sobre las transacciones financieras. Y sobre todo, ser consciente que luchar por la democracia no es sólo luchar para que cada cuatro años haya elecciones, sino para asegurar los valores que la democracia incorpora. Que son la justicia y la igualdad. En España necesitamos más transparencia que evite que se repita el insoportable nivel de corrupción al que hemos asistido en los últimos años, de clara colusión entre intereses económicos y uso sesgado y desviado de las competencias que todos hemos delegado en los servidores públicos. Necesitamos cambios en la legislación sobre partidos, para cambiar tanto las vías de financiación de los mismos, evitando los contubernios y mecanismos de presión aplazada que las donaciones acostumbran a generar, y formas de elección de nuestros representantes que permitan mejores formas de accountability, de rendición de cuentas, para que tengan que explicarnos qué han hecho con nuestra confianza y con nuestros impuestos. Sería asimismo importante avanzar en la defensa de los bienes comunes, de esos recursos básicos (agua, energía, vivienda,...) sin los cuáles la supervivencia y la cohesión social no están garantizadas.

Necesitamos en fin, un reset democrático, que legitime de nuevo la política y lo público, como espacio de respuesta colectiva a los problemas comunes.

El documento de Oxfam que se presenta a la cumbre de Davos entiendo que va en esa misma línea. Aporta datos, incorpora grosor moral a sus propuestas, y pone de relieve que si la sociedad civil global organizada es capaz de interactuar de manera conjunta, conectando sinsabores, luchas y conflictos, pero también solidaridades, recursos e iniciativas a nivel global, también podría hacerlo los poderes públicos, consiguiendo que los buenos propósitos que muchas veces en cumbres de este tipo se plantean, puedan ser luego seguidos e implementados.

Más igualdad es más justicia, más democracia.