La internacionalización de la universidad como diplomacia educativa

Casi todo el mundo sabe que España es el país de la Unión Europea que atrae a más estudiantes Erasmus, superando los 30.000 anuales. Lo que se sabe menos, aunque la prensa en ocasiones también lo recoja, es que nuestro país es el tercero a nivel mundial en estudiantes de escuelas de negocios, con casi 1.500 por año. El dato que menos se cita, es el del todavía escaso número total de extranjeros que estudian en nuestras universidades, no más de 60.000 según los últimos registros del Ministerio de Educación y apenas 45.000 si restamos los alumnos de Máster.

Estamos lejos, como he apuntado en otras ocasiones, de las cifras de Francia, Alemania o Reino Unido, países que reciben a más de 200.000 estudiantes al año, por no hablar de Estados Unidos, donde llegan a los 700.000 (aunque aquí la comparación justa sería con la UE, saliendo ésta favorecida). Ciertamente, si observamos las cifras en perspectiva, las tendencias son halagüeñas teniendo en cuenta que hace una década la universidad española apenas contaba con 15.000 extranjeros y que actualmente nos estamos aproximando rápidamente a Italia e, incluso, a Canadá. Los datos son aún más alentadores por cuanto, según la CRUE, alrededor del 20% de los matriculados en estudios de doctorado (plano en el que se desarrolla gran parte de la I+D) son estudiantes internacionales. Pero aún queda por hacer.

Cuando hablamos de internacionalizar el sistema de enseñanza superior no hay que olvidar que ello también supone incorporar a ciudadanos no españoles en los departamentos universitarios así como en los procesos de selección. La ventaja que geoculturalmente nos confiere la relación con Iberoamérica, un continente que aglutina a más de 400 millones de hispanohablantes y cuyas universidades se sitúan a veces por encima de las nuestras en los famosos rankings internacionales --como el Instituto Tecnológico de Monterrey o la Pontificia de Chile--, debe redundar en un gran salto adelante que nos coloque en pocos años a la vanguardia de la movilidad académica. No hay más que imaginar la política que desarrollaría Francia de tener a su alcance a tantos francófonos, para saber que no hablamos de una quimera.

A este respecto, una medida de gran relevancia que ha pasado desapercibida, tapada entre tanta polémica, es la de la supresión de la prueba de selectividad en España, recogida en la reciente LOMCE. Obviamente, es inevitable hacer una primera lectura de la misma en clave nacional. Y es que, según subraya su preámbulo, de lo que se trata en principio es de revertir la inasumible tasa de abandono escolar (de un 26% frente al 13% medio de los países de la UE) y de encarar con resolución el estancamiento que año tras año reflejan los Informes PISA en competencias básicas (matemáticas, ciencias y comprensión lectora).

Ahora bien, las referencias al contexto internacional no pueden dejarse de lado ya que son trascendentales para el sistema universitario español, dado que -aparte de los retos señalados- el horizonte genérico de la LOMCE radica en acomodarnos a las transformaciones del entorno global y, concretamente, a la futura Europa del 2020, incentivando el esfuerzo, la actitud emprendedora y la versatilidad ante los cambios; en suma: la empleabilidad. De ahí que su espíritu, plenamente comunitario, no se aleje tanto de la Estrategia Universidad 2015 que se lanzó en 2010 con el fin de modernizar las instituciones académicas superiores y abrirlas más a la sociedad civil y a las empresas y también --cómo no-- al exterior.

La supresión de la selectividad favorece en este sentido nuestra adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, homologando el sistema español con el británico, el francés o el alemán y eliminando el mayor escollo hacia la internacionalización universitaria; un avance del que se verá sin duda también beneficiada la construcción del Espacio Iberoamericano de Educación Superior así como, en términos generales, la que podemos denominar con creciente orgullo "diplomacia educativa española".