La crisis de los cuidados

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Como una especie de bomba de relojería que nadie quiere escuchar ni ver, se configura la ya muy próxima crisis de los cuidados o el gran problema que para muchas sociedades, entre ellas la española, va a ser -o está ya siendo, aunque de una manera silenciosa- la atención a las personas dependientes, especialmente a los dependientes adultos.

Tal vez sean tantas las amenazas sobre el futuro que acumulamos -cambio climático, pérdida de empleos por la extensión laboral de la robótica, adelgazamientos de fondos y cajas de pensiones, por no hablar de guerras o procesos demográficos globales- que se hace difícil colocar la relativa a lo que se presenta como problema para un sector de la población -los que son o serán dependientes en el día de mañana- en los lugares de preferencia. Pero, ni es un problema menor ni sólo afecta a un sector de la población, pues se proyecta sobre toda ella.

Se supere o no la crisis del empleo, la crisis de los cuidados va a estar ahí, con una gran cantidad de dependientes adultos con ingresos bajos o muy bajos que no van a poder recurrir al sector privado y que, sin embargo, exigen atención continua: a todas horas, durante todos los días. Unos ingresos bajos para una gran cantidad de gente que, precisamente, experimentó la propia crisis del empleo -con largos períodos de desempleo e ingresos bajos- en su momento laboralmente más activo, lo que se proyectará en pensiones bajas. ¿Qué se va a hacer?

En España, la que conocemos como Ley de Dependencia (promulgada en 2006) puso las bases. Fue anunciada, con cierta razón, como el cuarto pilar del estado del bienestar. Es más, puede seguir siendo considerada una norma muy relevante, en cuanto que ponía el problema en la primera línea de la acción política, en nuestro más bien escuálido desarrollo del estado del bienestar. Desde su formulación, se sabía que no iba a ser fácil su implantación, pues se cruzaban obstáculos económicos y políticos. Y lo que tal vez sea más importante, económicos y políticos a la vez, derivado del hecho de que su concreción era labor de cada una de nuestras comunidades autónomas, lo que ha llevado a que prácticamente cada una la haya concretado a su manera, lo que, a su vez, ha conducido y conducirá a que la desigualdad territorial de los dependientes alcance situaciones de difícil comparación.

De hecho y a pesar de que se ha intentado, todavía está por hacer una real y completa evaluación del desarrollo de dicha Ley, lo que no se ha logrado por los continuos obstáculos puestos desde distintas administraciones autonómicas, que querían salir bien en la foto final, sin que se viese comparativamente lo que no se había hecho. Así, en el informe de evaluación fechado el 4 de noviembre de 2011, cuando ya estaba el Gobierno saliente en funciones y no había defender el informe en el Parlamento, apenas queda constancia de cómo se llevó a cabo la encuesta a beneficiarios y cuidadores. Piedra de toque fundamental, ya que el resto de la información presente -siendo valiosa- es la aportada directamente por las distintas consejerías autonómicas.

Eso sí, en una nota metodológica del referido informe, se deja constancia de los problemas para realizar la encuesta, como el hecho de que una parte importante de los beneficiarios que figuraban en los listados habían fallecido. Eso no impide que sea precisamente un dato generado por esa encuesta el que abra su presentación a la prensa y al público en general. Así, se destaca el triunfante resultado presentando el informe en las páginas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), del Imserso, por el que el 80,7% de los beneficiarios consultados evalúan positivamente la protección a la dependencia.

No se detalla cómo se aplicaron los cuestionarios, ni cómo se seleccionaron los encuestados; pero el resultado triunfante encabeza la presentación del informe. Tal vez para evitar tales engorros, los informes anuales que se han venido realizando desde entonces no se encuentra referencia a consultas directas a los beneficiarios o cuidadores.

Si a los problemas políticos y de aportación económica iniciales, se une la crisis económica, con los recortes conocidos por todos, nos encontramos con una Ley de Dependencia congelada. A la espera de mejores tiempos para ser desarrollada.

Con relación al problema del cambio climático, el sociólogo británico Anthony Giddens plantea una paradoja que puede ser de gran utilidad aquí: cuando podemos actuar no lo hacemos porque no se ve necesario, ya que las consecuencias del problema no son aún evidentes, no son tangibles para la vida cotidiana de la mayor parte de la población; pero, cuando haya que actuar, porque tales consecuencias surgen con toda su virulencia y nos condicionen la vida, ya no podremos actuar.

Una paradoja que puede aplicarse a la explosión de la crisis de los cuidados que se avecina. De momento, es una crisis condensada con intensidad sobre la espalda de determinadas categorías sociales. De hecho, son las mujeres las que están corriendo con la mayor parte del coste, pues son las que se hacen cargo de los dependientes, frecuentemente sacrificando sus empleos, su trayectoria profesional y, sobre todo, su bienestar y su tiempo. Pero tal arreglo, por llamarlo de alguna manera, será insuficiente en el futuro cercano, además de ser injusto, como lo es en la actualidad. Cuando la crisis estalle porque serán muchos los dependientes y pocos los recursos del sistema puestos para abordar su cuidado, ya no habrá tiempo y, sin ánimo de ser apocalíptico o catastrofista, pues considero que no es mi estilo: ¿se imaginan las terribles escenas que pueden producirse?