El austericidio en la universidad pública madrileña

La aplicación de las recetas austericidas en el ámbito de las políticas dirigidas a la educación superior han supuesto un auténtico, y disculpen la inventada expresión, "academicio". Lideradas por el ministro peor valorado en la historia de la democracia española -el que ha sido capaz de poner de acuerdo a estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y rectores, desprestigiar el sistema universitario público y a sus profesionales y regular a golpe de decretazo aspectos fundamentales que necesariamente han de ser consensuados-, buscan un objetivo claro: poner en bandeja la educación superior a la casta que regenta las universidades privadas para que ésta obtenga rentabilidad económica. Los sucesivos Gobiernos de la Comunidad de Madrid (los de Esperanza Aguirre e Ignacio González) no se han separado un ápice del guión, en una clara estrategia de estrangulamiento financiero de las universidades públicas de Madrid, imponiendo a todas ellas la sombra de una permanente posibilidad de intervención política si incumplen los bendecidos objetivos de estabilidad presupuestaria, contraviniendo claramente el principio de autonomía universitaria recogido en la Constitución y favoreciendo los intereses económicos de los grupos empresariales ocultos tras las universidades privadas. Unas reformas austericidas que van en contra de la función social que la propia Ley Orgánica de Universidades atribuye a quien realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, mediante la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura: la Universidad.

¿Cuáles han sido estas medidas?

¿Qué se pretende en este final de legislatura? Seguir echando sobre la espalda de las familias la financiación universitaria, condenando a los estudiantes al endeudamiento perpetuo con los bancos para poder pagar las matrículas. O expulsando a los estudiantes sin recursos económicos mediante el decretazo 3+2, al que seguirán, si la movilización popular y ciudadana no lo remedia, otros dos: el de acreditación del profesorado universitario funcionario y el que modificará los requisitos para la creación de centros y universidades, que supondrá un aldabonazo para hacer proliferar nuevas universidades privadas en detrimento de las públicas.

¿La ciudadanía puede saber en qué se gasta cada euro la Universidad?

Efectivamente, existe la posibilidad de control de la actividad de las mismas por parte de la ciudadanía. Los Consejos Sociales son los órganos de participación de la sociedad en la universidad. Le corresponde la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios; promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad y las relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de las actividades universitarias. ¿Quiénes, entre otros, forman parte de dichos Consejos Sociales? Personas designadas por la Consejería de Educación vinculadas a las fundaciones o empresas que tengan suscritos convenios o contratos de investigación, docencia, prácticas de formación profesional o de colaboración en otras actividades de la Universidad o personas designadas por la Asamblea de Madrid de entre personas de reconocido prestigio en los ámbitos científico, cultural, artístico o tecnológico. Y en la práctica, cuando vemos los nombres, nos encontramos sentados en los Consejos Sociales de la Universidades Públicas madrileñas, y son sólo algunos ejemplos, a personas vinculadas a Telefónica (con miles de trabajadores despedidos tras varios expedientes de regulación de empleo); Banco de Santander (puntero en la repugnante práctica de los desahucios); OHL (expedientada por Defensa de la Competencia junto con otras compañías constructoras por repartirse contratos de obra y fijar precios en concursos públicos); representantes de compañías eléctricas o de la energía que dejan sin luz o calefacción a miles de familias por impago; imputados por el uso de las tarjetas negras de Bankia o imputados por blanqueo de capitales. Es la casta quien se sienta en esos Consejos Sociales y quien marca la orientación de las actividades de las universidades en función de sus intereses económicos y no de los intereses de la ciudadanía. Y es a esa casta a quien hay que señalar la puerta de salida, sí, también de la institución universitaria.

De todo este sombrío panorama se desprende la conclusión de que es tarea urgente acometer una reforma coherente y eficiente de la educación universitaria, como pilar de la nueva sociedad que queremos construir y que se encarna en las figuras de los actuales y futuros estudiantes e investigadores, muchos de los cuales se han visto obligados a abandonar el país. Es preciso abrir un proceso asambleario con el conjunto de la comunidad universitaria para conseguir una reforma educativa integral de la educación superior que culmine con la redacción de Leyes Orgánicas que se centren en el restablecimiento inmediato de los recursos básicos que aseguren el acceso sin discriminación económica a la educación superior, que incorporen modelos de financiación que prioricen la financiación pública, no echen la misma sobre las espaldas de las familias y que no pongan en peligro la autonomía universitaria por la procedencia de los recursos, recuperando la dignidad de las facultades universitarias reducidas a meras fuentes de mano de obra barata, acabando con la dictadura de la "calidad" a la que están sometidos el personal de administración y servicios y el profesorado universitario, proponiendo y articulando mecanismos que garanticen condiciones laborales dignas y democracia interna en todos los campus, así como otros que faciliten la integración laboral de los titulados en todos los niveles educativos superiores. La ciudadanía merece una educación universitaria pública y de calidad. Y en el año del cambio, la va a recuperar.