Cuatro declaraciones inexactas a costa de las últimas cifras del paro
La crisis por la que estamos atravesando es nueva y quizás la solución que a principios de siglo impulsó el New Deal para luchar contra el desempleo no funcionaría ahora, pero afirmar de forma categórica que la única solución posible a la crisis es reducir el número de funcionarios es más una postura ideológica que una verdad incuestionable.
Uno de cada cuatro trabajadores españoles (5,77 millones de personas) está en paro, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) revelada el pasado viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la primera vez en la historia que el porcentaje de trabajadores en paro supera la barrera del 25%. Poco después de conocerse estas cifras, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, dio una rueda de prensa para presentar los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Las cifras de la encuesta no habían sido positivas y ninguna de las dos responsables eludió las preguntas de los periodistas sobre el tema, por lo que la convocatoria dio lugar a muchas declaraciones, algunas de ellas no del todo exactas o directamente falsas. Como muestra, estas cuatro:
Bañez justificó esta declaración comparando las cifras de la EPA del tercer trimestre de 2012 con las del mismo trimestre de 2011. Así, los casi 97.000 empleos destruidos en el tercer trimestre de este año son efectivamente menos que los 146.800 empleos destruidos en ese trimestre en 2011. ¿Por qué compararlo con el mismo trimestre de 2011? La respuesta del Ejecutivo es que estas variaciones tienen cierto comportamiento estacional, por lo que su valoración debe hacerse en relación con el dato del mismo trimestre de años precedentes.
Sin embargo, cuando se presentaron los datos de la EPA del anterior trimestre, la nota de prensa del Ministerio de Economía también hablaba de una moderación en la destrucción de empleo, aunque, curiosamente, en esa ocasión el Gobierno cambiaba radicalmente de argumento y en lugar de comparar el número de empleos destruidos (15.900) con los que se perdieron en el mismo trimestre del año anterior, lo comparaba con los trimestres inmediatamente anteriores. Quizás porque si lo hubiera comparado con el segundo trimestre de 2011, la imagen hubiera sido mucho más negativa, ya que en ese trimestre se crearon 151.300 empleos.
Si se sigue el argumento que utilizó en julio el Gobierno y se compara los puestos de trabajo destruidos en el tercer trimestre con el trimestre inmediatamente anterior se observa que la destrucción de empleo no sólo no se ha moderado sino que ha empeorado, de 15.900 empleos destruidos en el segundo trimestre de 2012 a casi 97.000 empleos en el tercer trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente que, dependiendo con qué se compare, cualquier cifra puede tener una lectura positiva o negativa, pero, como ha dicho algún miembro del Ejecutivo, todavía existe una incertidumbre grande sobre la evolución de la economía y es arriesgado hacer predicciones.
Esta afirmación, que fue pronunciada en el marco de las "noticias esperanzadoras" de la EPA y los efectos de la reforma laboral, es sólo parcialmente verdad. Es cierta porque efectivamente los contratos fijos representan el 7,9% de todos los contratos firmados hasta ahora en 2012, pero tiene truco porque, como señala Manuel V. Gómez en El País, lo que Bañez se guardó en la comparecencia es que en lo que va de año se han firmado un 9,9% menos de contratos fijos que en el mismo periodo de 2011.
Es decir, el hecho de que se mantenga el porcentaje de contratos fijos no es necesariamente una bondad de la reforma laboral sino que tiene que ver con que, en general, la contratación se ha reducido (623.588 contratos menos en lo que va de año) con lo que, aunque el número de contratos fijos firmados ha caído (de 863.301 a 777.640), el porcentaje se mantiene.
Lo chocante de esta afirmación es que, de hecho, según el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) ha crecido un 53,3% en los ocho primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2011. En total, 299.021 trabajadores se han visto afectados por un ERE en lo que va de año, frente a los 195.032 trabajadores en 2011.
¿De dónde sale entonces la afirmación de la ministra? De nuevo, la clave hay que buscarla en el porcentaje. La ministra se refiere al porcentaje de trabajadores afectados por despidos colectivos en relación al conjunto de EREs, que incluyen otras medidas como por ejemplo reducción de jornada y sueldo.
Si se compara este porcentaje, efectivamente la proporción de afectados por despidos colectivos sobre el total de medidas ha caído del 22% al 16,9%, pero es porque el número de trabajadores afectados por EREs ha aumentado tanto que la cifra de los que han sufrido un despido colectivo, pese a que ha crecido (de 41.938 entre enero y agosto de 2011 a 50.841 en el mismo periodo de 2012), en proporción es menor. Por tanto, no es cierto que los ERE que suponen despidos colectivos se hayan reducido significativamente. Muy al contrario, los afectados por estas medias han aumentado un 21,2%.
En este caso la inexactitud no proviene de un dato, un argumento que cambia en función de la conveniencia del momento o un porcentaje que oculta la realidad de las cifras en bruto sino de la rotundidad con la que la ministra afirma que echar trabajadores del sector público a la calle es un ajuste "necesario" y, por tanto, inevitable para que la economía vuelva a crecer.
En plena virulencia del crash del 29, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt usó la radio para anunciar que si las empresas privadas no estaban dispuestas a contratar a los miles de americanos que se habían quedado en paro, como presidente no le quedaba otra que hacerlo él, para lo que entre 1934 y 1940 se crearon millones de trabajos en el sector público.
La crisis por la que estamos atravesando es nueva en muchos sentidos y quizás la solución que a principios de siglo impulsó el gabinete de Roosevelt, en el marco de las medidas del New Deal, para luchar contra el desempleo no funcionaría ahora, pero afirmar de forma categórica que la única solución posible a la crisis es reducir el número de funcionarios es más una postura ideológica que una verdad incuestionable.
Nota: El objetivo de este blog es tratar de contrastar con hechos declaraciones exageradas o inexactas. Si escuchas, lees u oyes alguna declaración de este tipo, envíamela por Twitter a @InakiHdez y trataré de contrastarla.