Vía casi libre para que Donald Trump y Elon Musk puedan despedir a los trabajadores públicos

Luz verde para que Donald Trump y Elon Musk, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), sigan adelante con su plan para reducir la plantilla de la administración federal con un programa de despidos masivos y el pago del salario hasta septiembre a aquellos trabajadores que acepten dimitir y abandonar su puesto de trabajo, según informa The Washington Post. 

Un plan que quedó en suspenso la semana pasada después de prosperar la demanda que presentaron varios sindicatos estadounidenses, que han calificado la iniciativa recogida en una de las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca de “ultimátum arbitrario, ilegal y apresurado”. Ahora, un juez de Massachusetts, el magistrado George A. O’Toole, designado por Bill Clinton en 1995, ha levantado esa pausa temporal, argumentando que los sindicatos no tienen legitimidad para actuar en nombre de los trabajadores afectados -representan a más de 800.000 empleados-, además de que su tribunal carece de jurisdicción en el caso. Eso sí, el fallo no se pronuncia sobre la legalidad del programa que conocido como "renuncia diferida", en sí.

El programa que ha puesto en marcha la Administración Trump pretende incentivar las salidas voluntarias antes de que se apliquen una serie de despidos forzosos, un proceso que probablemente acabe en los tribunales, sobre todo en el caso de los trabajadores que pertenezcan a una organización sindical. La mayor parte del personal que trabaja en la administración federal de Estados Unidos, 2,3 millones de empleados, son susceptibles de que se le aplique este programa, aunque hay excepciones. Quedan excluidos militares, empleados del Servicio Postal, los trabajadores del servicio de inmigración y seguridad nacional, así como el personal del Departamento de Asuntos de los Veteranos.

Según la Casa Blanca, cerca de 65.000 trabajadores de la administración pública ya han aceptado la oferta, que llegó a las bandejas de entrada de sus correos electrónicos el 28 de enero con un enigmático asunto "La encrucijada". Para muchos, la decisión ha sido un verdadero quebradero de cabeza, convencidos de que puede tratarse de una trampa para despedir a los empleados sin compensación alguna. 

La decisión judicial llega, precisamente, un día después de que Donald Trump firmase una orden ejecutiva para dar mayor poder a Elon Musk dentro de su administración, al que se le cuestiona por sus posibles conflictos de interés entre su labor en la Casa Blanca y su posición como CEO en empresas con contratos millonarios con las mismas agencias que ahora intenta desmantelar desde DOGE, cuyas auditorías ya han llegado hasta la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) o a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada después de la crisis financiera de 2008.

Hasta ahora, el caos y la falta de claridad han sido la señal más distintiva en la aplicación de este programa. Algunos de los trabajadores públicos que ya habían aceptado la oferta han mostrado su arrepentimiento y temen algún tipo represalia. Incluso departamentos como la CIA o Defensa han recibido el correo electrónico con la oferta para renunciar, a pesar de que inicialmente se suponía que sus empleados estaban exentos de los recortes.

La Administración Trump ha intentado presentar el programa de despedido con un tono positivo, sugiriendo que los empleados podrían aprovechar esta oportunidad para viajar o buscar otro trabajo mientras seguían en la nómina federal. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha llegado a describir el programa como "muy generoso", aunque ya son muchos los trabajadores que hablan de condescendencia y de desconexión de la realidad cuando se refieren a cualquier tipo de comunicación oficial que reciben.

Mientras Donald Trump avanza en su ofensiva contra la burocracia, sus decretos han sido objeto de múltiples demandas. Hasta ahora, han sido varios los jueces federales los que han bloqueado algunas de las medidas aprobadas, como la prohibición de la ciudadanía por nacimiento, la congelación de subvenciones y préstamos federales, y el intento de poner en excedencia a 2.220 trabajadores de USAID. . Sin embargo, el levantamiento de la suspensión del programa de renuncia diferida supone un triunfo para la Casa Blanca y la obsesión de Trump y Musk por reducir el sector público.