Tercera imputación a Trump: las claves de los cargos y todas sus deudas pendientes con la justicia

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (en el cargo entre 2017 y 2021) ha sido imputado este martes con cuatro cargos por sus supuestos esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden, y que culminaron con el asalto al Capitolio.

Según el escrito de acusación, el exmandatario está imputado de conspiración para defraudar a EEUU, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

Así se describen en el documento esos delitos, según informa la Agencia EFE:

PRIMER CARGO: CONSPIRACIÓN PARA DEFRAUDAR A ESTADOS UNIDOS

Por este delito Trump podría afrontar una pena máxima de cinco años. El gran jurado que ha imputado al exmandatario considera que conspiró para "alterar, obstruir y rechazar" el funcionamiento del Gobierno federal, a través de "la deshonestidad, el fraude y la mentira" de diversas maneras.

Asegura que Trump y sus aliados hicieron a sabiendas "afirmaciones falsas" de que hubo fraude electoral para lograr que legisladores estatales y funcionarios electorales revirtieran "los resultados legítimos" de los comicios.

"El acusado empujó a funcionarios en algunos estados a ignorar el voto popular, privar del derecho al voto a millones de electores, rechazar a votantes legítimos y causar la verificación y el voto de electores ilegítimos a favor del imputado", señala el escrito.

En ese sentido, se asegura que Trump y sus colaboradores organizaron listas "fraudulentas" de electores en siete estados claves (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin).

La acusación describe que esto dio lugar a que esos electores "fraudulentos" se dieran cita el día de las elecciones para emitir un voto, descrito también como "fraudulento" por el gran jurado, a favor de Trump, y que firmaran certificados en los que de manera "falsa" aparecían como votantes legítimos.

También se cuenta cómo Trump y sus aliados "intentaron usar la autoridad del Departamento de Justicia" para llevar a cabo investigaciones "falsas" y mandar cartas a los estados clave alegando que la Fiscalía General tenía "inquietudes significativas" que podrían tener un impacto en los resultados electorales.

Respecto al 6 de enero de 2021, el entonces mandatario supuestamente intentó convencer a su vicepresidente, Mike Pence, que ese día actuaba como presidente de la Cámara Alta en la sesión para ratificar la victoria electoral de Biden en el Congreso, para que alterara los resultados de los comicios.

Cuando quedó claro que Pence no iba a colaborar, Trump trató de aprovecharse del asalto al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores "redoblando sus esfuerzos para elevar afirmaciones falsas de un fraude electoral y convencer a los miembros del Congreso de retrasar aún más la ratificación" de Biden, dice el texto.

SEGUNDO Y TERCER CARGO: CONSPIRACIÓN PARA OBSTRUIR UN PROCEDIMIENTO OFICIAL E INTENTO DE HACERLO

El gran jurado acusó también a Trump del delito de conspirar para obstruir un procedimiento oficial y del delito de obstruir o intentar obstruir un procedimiento oficial, ambos muy similares y con una pena máxima de prisión de 20 años.

Para sostener esta acusación, el gran jurado utiliza la misma evidencia utilizada en el primer cargo, y denuncia que entre el 12 de noviembre de 2020 y el 7 de enero de 2021, un día después del asalto al Capitolio, Trump "intentó impedir e impidió de forma corrupta un procedimiento oficial, es decir la ratificación de los resultados electorales".

CUARTO CARGO: CONSPIRACIÓN CONTRA DERECHOS

El cuarto y último cargo es el de "conspiración contra derechos" que se aplica cuando más de dos personas se ponen de acuerdo para agredir a alguien que ejerce sus derechos constitucionales y que tiene una pena máxima de diez años de prisión.

El gran jurado consideró que Trump "conspiró a sabiendas" con otras personas para "herir, oprimir, amenazar e intimidar a personas que ejercieron un derecho garantizado en la Constitución", en referencia al derecho al voto.

Mucha tela que cortar

Hace pocos meses hablábamos de la imputación histórica para un expresidente de EEUU y, en un abrir y cerrar de ojos, ya sumamos tres. Y es que Trump tiene aún mucha tela que cortar en los tribunales, entre lo ya encauzado y lo que le queda por encauzar. 

El pasado junio, el magnate fue imputado por el manejo de información clasificada después de que dejara la presidencia del país. Los papeles clasificados que se encontraron en su mansión de Mar-a-lago tienen la culpa. "La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados de que he sido imputado, aparentemente por el bulo de las cajas -de documentos clasificados- (...) Nunca pensé que fuera posible que algo así pudiera pasarle a un expresidente de Estados Unidos (...) Este es un DÍA OSCURO para Estados Unidos. Somos un país en grave y rápido declive, ¡pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande!", publicó entonces Trump.

Al salir de la Casa Blanca, Trump se llevó cajas enteras de documentos, pese a que una ley de 1978 obliga a todos los presidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales. En enero de 2022 Trump devolvió 15 cajas. Pero la policía federal estimó que el exmandatario probablemente tenía más en su residencia de Mar-a-Lago. Posteriormente, agentes del FBI llevaron a cabo un registro, previo mandato judicial, por "retención de documentos clasificados" y "obstrucción de una investigación federal", y confiscaron una treintena de cajas más.

Entonces se abrió una intensa batalla legal para determinar la naturaleza de los documentos incautados (¿clasificados? ¿personales? ¿desclasificados?) lo que ralentizó el procedimiento, pero el caso acabó desembocando en una inculpación federal. La primera vez en la historia que antiguo mandatario se enfrenta a cargos penales.

Hay otros dos casos que han avanzado en este 2023: por un lado, en abril, Trump se convirtió en el primer expresidente en enfrentar cargos penales, por la Corte Penal de Manhattan (EEUU). Es un caso estatal, no federal. De ahí la diferencia con el proceso conocido la pasada noche. El juez lo procesó por el caso Stormy Daniels, por un presunto soborno a la actriz porno Stephanie Clifford, para que guardara silencio sobre una relación extramatrimonial con él.

Contra Trump hay 34 cargos por supuesta falsificación de registros comerciales, de los que él se declara inocente. Según el documento de acusación, los cargos se derivan de una remuneración que Trump habría dado a un abogado los días previos a las elecciones de 2016. Este letrado habría pagado 130.000 dólares a la actriz y productora para que no diera a conocer públicamente que supuestamente había mantenido una relación extramarital con el expresidente hace unos años. Un acuerdo privado previo sobre ello es perfectamente legal. Lo que no lo es tanto es pagar y falsificar papeles para tapar el pago.

En mayo, Trump fue declarado culpable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll, a la que atacó en los probadores de un centro comercial de lujo en los años 90. La autora lo denunció por violación, eso no fue reconocido por los jueces, pero sí que hubo abuso y la difamó al negarlo luego. El republicano tendrá que pagarle alrededor de 4,5 millones de euros. La víctima no lo denunció en su momento por miedo a que nadie la creyera pero inspirada en el movimiento MeToo se lanzó a denunciar y, ahora. tiene justicia.

Ahora, además, la periodista ha decidido ampliar su denuncia por difamación, porque Trump, tras conocerse la decisión de los jueces, insistió en que no había pasado nada. Los hechos eran "totalmente falsos" y no conocía "de nada" a la demandante, insistió. Los abogados de la mujer sostienen que se está burlando de ella y que esos comentarios la dañan. El Departamento de Estado, que en su momento lo defendió porque hizo declaraciones sobre este caso siendo presidente, ha decidido ahora que no lo va a defender -es noticia de julio-.

Aunque sus agresiones a mujeres, de un tipo o de otro, son muy mediáticas y escandalosas, los cargos por estos procesos son los que menos daño pueden hacerle. Hay otros procesos, de cariz político, que son los que le pueden dar verdaderos dolores de cabeza. Por ejemplo, el supuesto fraude electoral del 2020. Trump se enfrenta a un caso en el estado de Georgia, donde la fiscalía investiga los intentos del expresidente de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. La famosa teoría del fraude. 

Los fiscales han presentado hasta ahora a un gran jurado el testimonio de 75 personas, incluidos en el que fuera abogado personal de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, así como el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quien tiene la responsabilidad de certificar los resultados electorales.

Según la fiscalía, Raffensperger fue presionado por Trump el 2 de enero de 2021 para que revirtiera el resultado de los comicios de noviembre de 2020. En concreto, Trump le pidió a Raffensperger "buscar" los votos que fueran necesarios para anular la victoria de Biden.

Esta semana, Trump ha tenido otro revés en este caso: el juez ha desestimado el recurso de sus abogados y se espera que el fiscal presentará el caso a un gran jurado el 1 de septiembre. Podría acusar al magnate de asociación para delinquir y conspiración.

También hay problemas de dinero. En enero, la Trump Organization fue condenada en Nueva York al pago de una multa de hasta 1,6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero. Es un caso por lo penal pero le espera otro por lo civil dentro de unos meses.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, una demócrata, ha presentado una demanda contra Trump, sus hijos y la Trump Organization. Les acusa de haber manipulado "deliberadamente" el valor de los activos del grupo -que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y otras propiedades- para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o reducir impuestos.

Reclama 250 millones de dólares en daños y perjuicios en nombre del estado, así como que se prohíba al expresidente y sus familiares administrar empresas.

Una larga relación con la justicia

Trump sabe bien lo que es pelearse con los tribunales. Ya enfrentó su primer escrutinio legal en la década de 1970, cuando el Departamento de Justicia presentó un caso de discriminación racial contra el negocio inmobiliario de su familia, informa la agencia AP. Trump y su padre lucharon ferozmente contra la demanda, que los acusaba de negarse a alquilar apartamentos a inquilinos negros en edificios predominantemente blancos. El testimonio mostró que las solicitudes presentadas por posibles inquilinos negros estaban marcadas con una "C" para "de color". Trump contrademandó por 100 millones de dólares, acusando al Gobierno de difamación.

El caso terminó con un acuerdo que abrió el camino para algunos inquilinos negros, pero no obligó a los Trump a reconocer explícitamente que habían “fracasado y descuidado” el cumplimiento de la Ley de Vivienda Justa.

Desde entonces, Trump y sus negocios han sido objeto de miles de demandas civiles y numerosas investigaciones. Ha habido investigaciones sobre sus negocios con casinos y bienes raíces, acusaciones de soborno y cabildeo inapropiado, acusaciones de fraude contra la ahora desaparecida Universidad Trump y la Fundación caritativa Trump y una investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre las ventas en el hotel-condominio Trump SoHo en Bajo Manhattan.

De hecho, según Citizens for Responsibility and Ethics, una ONG con sede en Washington , un grupo de vigilancia del gobierno abreviado CREW, en noviembre de 2022, Trump había sido acusado de cometer al menos 56 delitos penales desde que lanzó su campaña en 2015, sin incluir acusaciones de tratos comerciales fraudulentos. Pero nunca ha sido acusado formalmente. Trump es un maestro de las tácticas dilatorias, “encontrando formas de demorar infinitamente con la esperanza de que la investigación y el litigio desaparezcan. Y ha tenido un éxito notable”, sostiene a la citada agencia el presidente de CREW, Noah Bookbinder, exfiscal federal anticorrupción.

“Hace que la rendición de cuentas sea absolutamente esencial porque no podemos tener personas en una democracia que funcione operando en posiciones de poder con total impunidad donde pueden cometer delitos y nunca tener que enfrentar ninguna consecuencia”, dijo. La réplica de Trump a un discurso tan fuerte fue: no comete ningún delito, por lo que las consecuencias serían injustas.

Como presidente, Trump continuó enfrentándose a la sospecha de la justicia. Durante dos años, el Departamento de Justicia investigó los vínculos de su campaña de 2016 con Rusia. Si bien el fiscal especial Robert Mueller nunca encontró evidencia directa de colusión, su informe final presentó evidencia de obstrucción. Señaló que, debido a una opinión del departamento que prohíbe acusar a un presidente en ejercicio, no podía recomendar que Trump fuera acusado penalmente, ni siquiera en secreto.