Radiografía de las compañías militares privadas: qué hacen, qué ganan, cuáles son sus riesgos

Las compañías militares privadas (CMP) hace tiempo que vinieron para quedarse. Desde que existe la guerra, o sea, desde siempre, ha habido mercenarios, palabra que repudian los empresarios del sector, pero ahora la privatización de labores tradicionalmente asumidas por los Ejércitos nacionales ha ido creciendo y, con ella, multiplicándose las preguntas y las dudas sobre su quehacer. Desde por la mera intromisión de lo privado en lo público hasta por la asunción de responsabilidades penales ante un supuesto crimen de guerra. 

Ahora, el intento de asonada del Grupo Wagner contra el régimen de Vladimir Putin en Rusia, el pasado junio, ha multiplicado la curiosidad por estas firmas, lo que hacen y dónde lo hacen, lo que ganan y lo que suponen en la geopolítica mundial. Al calor de este interés, el Consejo de la Unión Europea acaba de publicar un informe que trata de ser una radiografía de situación del sector. Las conclusiones inquietan. 

En El negocio de la guerra: riesgos crecientes de las compañías militares privadas, los expertos constatan que el fenómeno no es nuevo, pero sí se ha producido "un aumento significativo en su contratación" en las tres últimas décadas, tanto para labores de seguridad como puramente militares. Sus funciones pueden variar en objetivos y profundidad: desde dar protección física en una infraestructura en el extranjero a proteger a VIPS (sobre todo en países en vías de desarrollo) y llevar a cabo tareas críticas de combate, como si fueran unidades de operaciones especiales, las que más preocupan a Bruselas. No todas las CMP son Wagner. Los modelos son dispares. Están las que se integran en alto grado en el aparato militar estatal y las que de manera "que se asemeja más al papel tradicional de los mercenarios" van en paralelo. 

El estudio se centra en los riesgos de las compañías que tienen un alcance más amplio, las que son una herramienta militar de primer orden con consecuencias potenciales "de gran alcance". Preocupan porque a menudo operan "fuera de cualquier marco legal convencional" y su campo de actividad, justo en este flanco, se está ampliando con los años. Aún así, reconoce que el modero ruso de Wagner es "bastante extraordinario", por la manera en la que entra en frentes, como ha ocurrido en Ucrania, donde han estado en cabeza en batallas como las de Zaporiyia y Bajmut. Pero, sí, cada vez su implicación en la defensa pura es mayor. 

Por qué se recurre a ellos

¿Por qué recurren los países a estas empresas en una materia tan delicada como su seguridad nacional? Las razones hay que buscarlas, dice el Consejo, en "un proceso más amplio de desmantelamiento y reconfiguración de algunas herramientas tradicionales de la soberanía estatal, en respuesta a la rápida evolución del entorno de seguridad". Cita expresamente necesidades como el control del territorio y la vigilancia de las fronteras, la protección de infraestructuras esenciales (comunicaciones, energía, agua...), las variaciones de la guerra híbrida y, también, amenazas opositoras y propaganda. 

En el caso de Occidente, a esas explicaciones se añade la "presión presupuestaria". Hay países en los que la opinión pública o los partidos contrarios al Ejecutivo de turno insisten en que hay que reducir la inversión directa del Estado en Defensa, por más que la guerra de Ucrania haya generado una oleada de gasto desconocida en las últimas décadas, desde la Guerra Fría. Eso, sumado a una "creciente complejidad de algunas operaciones" fuera del área nacional -como la lucha antiyihadista, por ejemplo- han llevado a estas naciones a acudir a firmas privadas. 

Y por fin hay países donde acuden a ellas por necesidad acuciante. La "debilidad" de sus estructuras de Gobierno, en general, y de las militares, en particular, les llevan a buscar soluciones fuera. Si a eso se añade que el número de conflictos es creciente en el mundo, queda completa la fórmula del éxito de estos milicianos. 

Hay, pues, una suma de razones políticas y económicas que llevó a que, ya en 2010, hubiera más mercenarios en activo que soldados de Estados Unidos en las misiones de Irak y Afganistán juntas. Son datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) citados en el informe. Los buenos tiempos empezaron en 2003, con el apogeo de la llamada guerra contra el terror, tras los atentados del 11-S de 2001, que llevó a una profusión de contratos de esta naturaleza. Dice la OHCHR que sen ese año se duplicaron las firmas nuevas del sector, pasando de las 38 de 2001 a 79. En 2011, con el final de la guerra de Irak y la necesidad de mantener ciertos controles sobre el terreno, los datos se dispararon de nuevo a 120 nuevas empresas en ese año. 

Luego, el mercado empezó a reducirse, hubo firmas que cerraron y otras que se fusionaron o recompraron, y en la última década se da la "paradoja" de tener menos empresas pero, a la vez, tenerlas más repartidas por el mundo, en más países. Su uso exitoso y sus responsabilidades laxas ayudan. La ONU calcula que hay 81 países que tienen al menos una firma de esta naturaleza registrada y dando servicio, más del 41% del mundo. El 70% del mercado lo copan corporaciones de Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica y China. 

En este último país se está produciendo un "paulatino pero constante" crecimiento del sector, con entre 20 y 40 firmas trabajando ya fuera de sus fronteras, centrándose en la protección de los intereses económicos de Pekín y sus ciudadanos en proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que discurre por países poco tranquilos. Estos grupos están sujetos al estricto control de las autoridades comunistas y se limitan a funciones de "no combate". 

Es un negocio "difícil de evaluar", porque hay un acceso limitado a la información por parte de los Ejecutivos nacionales, que no están muy dispuestos a reconocer esta ayuda externa y también porque parte de lo que se paga a estos mercenarios viene de los países en los que prestan servicios, en dinero, en especies, en contratos y opciones preferentes. En 2016, Transparencia Internacional estimó el valor total de la industria de esta seguridad mundial en más de 200.000 millones de dólares. 

Parte de su éxito, insiste el informe, radica en que las CMP dejan una "baja huella", tienen capacidad para eludir las normas nacionales sobre las Fuerzas Armadas al uso y tienen medidas menos estrictas en el combate. Tienen un coste más bajo que los soldados regulares, porque no necesitan la misma capacitación o equipamiento y, en un mundo en el que sólo los muy grandes pueden apostar por ejércitos a gran escala, son un parche atractivo. 

Cómo son y qué hacen

A las compañías privadas se les paga por prestar servicios militares, pero los hay de muchos tipos. Lo habitual es que aporten planificación estratégica, inteligencia, comunicaciones, capacidad de investigación, reconocimiento de terrenos por tierra, mar y aire, operaciones de vuelo (sea o no tripulado), vigilancia por satélite, transferencias de conocimiento con aplicaciones militares y apoyo a las Fuerzas Armadas tradicionales en lo material y en lo técnico. 

Hay tres modelos básicos de CMP, muy diferentes entre sí. El más conocido es el de Blackwater, la empresa por excelencia del sector, nacida en EEUU en 1996 y rebautizada ahora como Academi. El informe habla de "emprendimiento militar" para definir un sistema integrado dentro de las Fuerzas Armadas de siempre y vino a fortalecer incluso a la primera potencia defensiva del planeta. Washington abordó entre los años 1989 y 1993 una importante rebaja en su presupuesto en la materia, con el final de la Guerra Fría y la transformación de su enemigo soviético. El Pentágono canceló sus principales programas de nuevo equipamiento y redujo el número de soldados de 2,2 millones a 1,6. 

Defensa empezó entonces a subcontratar, primero en servicios administrativos o de logística, hasta que dio paso a empresas civiles en misiones de combate, en un contexto de privatizaciones de servicios en paralelo. Los atentados de Al Qaeda de 2001 fueron la mejor oportunidad para recurrir a ellos de forma recurrente. 

El segundo modelo es el sudafricano, basado en el modus operandi de Executive Outcomes, compañía mítica del sector. Su enfoque es cercano a lo que conocemos como milicianos tradicionales, son ejércitos privados que hacen campañas militares autónomas y financian sus planes también con los recursos de los países en los que actúan. Por ejemplo, en 1996 su apoyo a las fuerzas del Gobierno de Sierra Leona se pagó en parte con concesiones en minas de diamantes. 

Y el tercero, el más famoso, es el del Grupo Wagner. Un "grupo paramilitar criminal", como lo llama el informe. Su enfoque tiene "un alcance más amplio", se ha convertido en un brazo total de la política exterior del Kremlin. Toma algo de los dos grupos anteriores, pero va más allá en cuanto a hacer la guerra según sus reglas. "Opera en gran medida con impunidad y sin respeto a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario", sostiene el documento del Consilium. 

Pese a ello, es un modelo que se está tratando de seguir ya por otros países, aunque por ahora no se sabe si el intento de golpe de inicios del verano, que ha acabado cortando las alas a Wagner, exiliando a su gente desplegada en Ucrania y, al fin, matando a su líder, Yevgeni Prigozhin, puede refrenar a los que querían seguir ese camino, países que el informe no cita expresamente. 

Wagner ha estado y está "desafiando los intereses de Occidente" con milicianos en países como República Centroafricana, Mali o Siria, "socavando" misiones y actividades de la UE, sobre todo en África. Hasta hace tres meses, lo hacía como un brazo independiente en apariencia pero las caretas se cayeron cuando Putin reveló, tras frenar los tanques de Prigozhin, que esa su régimen quien le pagaba. Por si había dudas, declaró que su Ministerio de Defensa y el fondo del presupuesto estatal pagaron a Wagner 86.260 millones de rublos (unos 910 millones de euros) entre mayo de 2022 y mayo de 2023 para cubrir los salarios y bonificaciones de Wagner. "Financiamos este grupo por completo", dijo el presidente ruso.

Lo que pasa es que lo que se ha pagado es un grupo disfuncional, que lleva las CMP a otro nivel. "Dondequiera que vayan, son sospechosos de cometer actos de tortura, violación y ejecuciones", dice el documento, que define a Wagner como "un cruce entre un equipo de fuerzas especiales y una red mafiosa de crimen organizado", que en Ucrania ha mostrado su capacidad desestabilizadora, apuntalada en un pasado que cuenta hasta con ataques a las elecciones de EEUU. 

Los desafíos crecientes

Lo más jugoso del informe del Consejo es el apartado de los desafíos crecientes que suponen estas empresas defensivas. Son muchos y variados pero todos preocupantes. La primera inquietud es a que amplíen su control en áreas que suelen ser estatales, no privadas ni particulares. Eso puede pasar, sobre todo, en países donde pueden contribuir al "debilitamiento" de instituciones ya en crisis, como el Ejército o la Justicia, tanto en democracias como en sistemas autoritarios. 

El segundo es el peligro que supone reclutar para sus filas a milicianos que vienen de ejércitos que se están desmantelando, lo que hace muy complicado luego seguir el camino de las armas que se emplean. Quién tiene qué armamento, cuál es su origen, para qué se emplea, quien se lo queda luego... Es complicado, sobre todo el países emergentes con lagunas legales. El Parlamento Europeo, en una resolución de 2017, pidió a los Veintisiete que mejoren los controles de todo tipo sobre estas empresas y sus empleados. Su compromiso, además es de sólo contratar CMP con sede en Europa, para atenerse a sus regulaciones, excluyendo el uso en combate y no sustituyendo a los clásicos ejércitos.

El tercero, muy sensible, es el de la legitimación y la rendición de cuentas. Cuando hay falta de supervisión en los mecanismos de actuación de estas empresas, cuando a veces van con un ejército y a veces no, cuando actúan como firmas de minerales o recursos energéticos y a la vez como milicia, "se reducen las posibilidades" de que los responsables de algunos crímenes que se puedan cometer paguen por ellos. Es muy complicada hasta la catalogación del propio miliciano, mercenario, trabajador, semisoldado. La ambigüedad de su estatus es un problema serio, que deja casi sólo la vía a procesamientos individuales por crímenes de guerra o lesa humanidad -ya de por sí difíciles de probar-, pero menos a sus empleadores. A eso se suma que pueden llegar a acuerdos de impunidad con los países a los que prestan servicio. 

El cuarto riesgo que destaca el informe es el del debilitamiento de la soberanía estatal en una materia como la seguridad y la defensa, hasta hace poco intocables. Un pilar controlado siempre por el Gobierno. Crece el riesgo de dependencia de un actor externo, con sus intereses propios que no tienen por qué ser los de su contratador, y se multiplican las posibilidades de roces con las Fuerzas Armadas regulares, más en la derrota que en la victoria, apunta. Como dice el quinto riesgo, pueden tener estos mercenarios experiencia y conocimiento, pero su desempeño no lleva "compromiso con unos valores" sino por el dinero. Eso hace todo más imprevisible. Hay personal que no conoce los conflictos en los que trabaja ni tiene interés en sus causas políticas o económicas o religiosas. 

El último peligro es el de afrontar mal el proceso clave del postconflicto. ¿Cómo se reintegra a la vida civil a los reclutados en los países en problemas? ¿Qué estatus se les da? De nuevo, ¿qué hacen con sus armas, su conocimiento y hasta su estrés postraumático? Todo un "desafío". 

Por todo lo anterior, el Consejo de la Unión Europea afirma que las CMP plantean una amenaza para la seguridad internacional si no se regula y controla y fiscaliza. Para estas firmas, su "razón de ser" es el conflicto, no la paz, y a veces lo que no quieren es frenarlo. Cuando la guerra es el negocio, estos son los peligros.