¿Puede Israel desobedecer la resolución de la ONU sobre Gaza?
Qué es vinculante, qué consecuencias tiene, cuál es la postura histórica de Tel Aviv y los matices que añade Estados Unidos.
Por primera vez desde que Hamás atacase Israel el pasado 7 de octubre y Tel Aviv lanzara de inmediato una ofensiva contra Gaza que aún dura, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer una resolución para pedir un alto el fuego "inmediato" en Gaza, por el mes del Ramadán. Un texto que pide, aunque de forma no vinculante al alto el fuego, la "liberación inmediata e incondicional" de todos los rehenes aún en manos de Hamás.
El articulado fue presentado por los diez miembros no permanentes del Consejo, el máximo órgano de la ONU, y salió adelante con 14 votos a favor y la única abstención de Estados Unidos. Se supera así un bloqueo de meses que había alcanzado una nueva dimensión en los últimos días por los vetos de China y Rusia a una propuesta estadounidense, tras sistemáticos vetos de Washington para proteger a su aliado en Tel Aviv.
Las decisiones del Consejo son vinculantes, se entiende que son derecho internacional, por eso puede acarrear medidas punitivas si no se cumple con ellas. El problema es que Israel ha roto con 63 resoluciones de la ONU hasta ahora, sin consecuencias, y se teme que este caso sea otro fracaso de la presión internacional. La última, del pasado noviembre, cuando por primera vez el Consejo se puso de acuerdo para reclamar ventanas humanitarias para asistir a los gazatíes "por un número suficiente de días". Hubo una tregua, rota, nunca retomada, y la ayuda humanitaria sigue bloqueándose, denuncia Naciones Unidas.
Para ver si se cumple con una decisión se recurre a las llamadas resoluciones de seguimiento; si se ve que no hay avances, se pueden imponer sanciones, sobre todo económicas. En la Carta de la ONU se explicita que también se puede decidir el envío de una fuerza internacional para garantizar que lo aprobado se aplica, como ocurrió en 1991 con la invasión de Kuwait acometida por Irak. En la zona, hay precedentes con la desplegada en 1956 en la frontera entre Israel y Egipto y a finales de los 70 en los Altos del Golán con Siria y, al norte, con Líbano, esta última aún en activo y con presencia española.
Casi con seguridad, Joe Biden no va a dejar que nada de eso suceda. No va a imponer sanciones, al que da su apoyo "incondicional e inquebrantable". Tampoco ba a ponerle uniformados sobre el terreno, aunque comande la misión. Menos aún cuando este año hay elecciones a la presidencia de EEUU, en noviembre, con el enorme peso que Israel tiene en política exterior y con la influencia de la comunidad judía del propio país.
Ya la última gran resolución del Consejo avalada por Washington contra Israel, la 2334 de 2016, aprobada por Barack Obama a punto de irse, es papel mojado. Entonces se decía que los asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este no tienen "validez legal", constituían una "violación flagrante del derecho internacional" y eran un "obstáculo para la paz". Hoy rozan los judíos en esas colonias rondan los 600.000 y subiendo. Israel no ha sido sancionado por ello, sino que Netanyahu, el mayor impulsor de las colonias, se ha aliado cob partidos religiosos y nacionalistas extremos que los defienden por estar en la tierra prometida para los judíos.
Tampoco temen las consecuencias de la CPI porque ni EEUU ni Israel son firmantes del Estatuto de Roma, que fijó su trabajo y competencias. Lo reconocen esa vía de la justicia internacional, pues. La CPI y una Comisión de Investigación Internacional Independiente, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021, están reuniendo pruebas sobre el conflicto actual. Y los crímenes de guerra no prescriben.
Washington rebaja el contenido
De hecho, esta noche, el Gobierno de EEUU ha considerado que la resolución de ayer "no es vinculante", pese a que sí lo es. Esta teoría, que sondeó primero la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, durante la sesión del Consejo de Seguridad, fue después acogida por varios altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden. Preguntado durante una rueda de prensa por si cree que Israel anunciará un alto el fuego como consecuencia de la resolución, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Matthew Miller, respondió: "No lo creo". "Es una resolución no vinculante", añadió.
Miller no dio más explicaciones sobre esta posición adoptada por Estados Unidos, opuesta a la consideración general de que las resoluciones adoptadas por el Consejo sí son vinculantes. "Consideramos que la resolución no es vinculante", insistió al ser presionado. A esta misma posición se aferró durante una rueda de prensa de la Casa Blanca el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby: "Es una resolución no vinculante, por lo que no tiene ningún impacto en Israel ni en su capacidad para seguir combatiendo a Hamás".
Como Miller, Kirby tampoco aportó una explicación legal sobre por qué Estados Unidos considera esta resolución en concreto no vinculante.
El secretario general de la ONU, António Guterres, aplaudió la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad, de la que dijo que "era esperada desde hace mucho tiempo", y advirtió que "sería imperdonable fracasar (a la hora) de aplicarla".
Que Estados Unidos permitiera con su abstención que se aprobara la resolución tras cuatro intentos fallidos en los últimos meses provocó el enfado del Gobierno de Israel y en particular de su primer ministro, Benjamín Netanyahu.
El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, de visita oficial a Washington, dijo después de que se aprobara que su país no detendrá la guerra: "Moralmente no tenemos ningún derecho a detener la guerra mientras todavía haya rehenes retenidos en Gaza".
"Operaremos contra Hamás en todas partes, incluso en lugares donde todavía no hemos estado", agregó, refiriéndose sin mencionarlo al enclave de Rafah, donde se refugian más de un millón de personas y que constituye un importante punto de fricción entre Washington e Israel.
