Polonia quiere bloquear a los solicitantes de asilo: cuando la guerra híbrida de Rusia se suma al viraje ultra de Europa

Muros, vallas con cuchillas, búnkeres antitanque, campos de minas, erizos de hormigón, una red de túneles, sistemas de vigilancia electrónica con drones, múltiples centros de mando... Todo eso tendrá el llamado "Escudo del Este", el sistema de protección de la frontera de Polonia con Rusia y Bielorrusia con el que Varsovia trata de protegerse de las dos mayores amenazas actuales para su seguridad. 

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha estado esta semana en la ciudad de Orzysz para ver el despliegue inicial de lo que se planea y unos ejercicios de ensayos: cómo se puede actuar en caso de un cruce de fuerzas enemigas, cómo se solaparán o encadenarán los sistemas de aviso y freno, en qué punto se puede usar fuego real, llegado el caso. 

Esa es la guerra tradicional. Pero hay otra, híbrida, para la que Polonia también se prepara con este blindaje y que ha dejado estos días un anuncio preocupante: el Gobierno quiere suspender el derecho de asilo y así frenar a los migrantes que vienen desde territorio ruso y bielorruso, a oleadas con las que las autoridades de Moscú y Minsk tratan de presionar a un país de la Unión Europea y de la OTAN, con una materia tan sensible como el desplazamiento de seres humanos.  

Aunque el Ejecutivo matiza que se trataría de una suspensión temporal y no permanente, la medida choca tanto con el derecho internacional como con las normas de la Unión. Tusk, pese a ello, insiste en que no dará marcha atrás. "Es nuestro derecho y nuestro deber proteger la frontera polaca y europea. Su seguridad no se negociará con nadie", ha dicho en sus redes sociales. 

El mandatario sabe que cruza una línea sensible. No sólo es el actual líder de su país sino que, antes, fue presidente del Consejo Europeo y cabeza del Partido Popular Europeo (PPE). Ahora se escuda en la seguridad como justificación, cuando hay elecciones presidenciales en mayo en las que quiere quedarse con el doblete de la gestión nacional, y se ve beneficiado de la ola reaccionaria continental, con un endurecimiento general de las políticas migratorias. 

Hasta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrado un tono más duro, apostando por exportar el modelo ultra de Italia a la inmigración de la UE, que contempla deportaciones más rápidas o mandar solicitantes de asilo a terceros países. Tras mostrar sus ideas en una reveladora carta el pasado lunes, el jueves por la noche, el Consejo reunido en Bruselas las aplaudió y las avaló: los líderes de los Veintisiete pactaron estudiar "nuevas formas" que permitan "evitar y contener la migración irregular" que busca llegar a suelo comunitario. La fórmula que evoca la línea más dura de países como Italia, Polonia o Dinamarca de explorar "soluciones innovadoras" para solucionar la crisis migratoria en el Mediterráneo, como la creación de los centros de deportación fuera de territorio de la Unión, como el que ha levantado el Gobierno de Giorgia Meloni en Albania o, la aplicación de multas a terceros países que no quieran colaborar en el retorno de los migrantes.

El miedo al de fuera y el miedo a la órbita rusa se han unido en el caso polaco. ¿Pero quién paga? Quien busca escapar de unos países de origen en los que no hay libertad o posibilidades de seguir vivo. Los de siempre. 

Los dobles planes de Tusk

Tusk apuesta por una política fronteriza dura para asegurarse que su partido, la Coalición Cívica, esté en mejores posiciones de hacerse con la presidencia, tras el retorno al Ejecutivo de la derecha clásica, echado a los ultraderechistas de Ley y Justicia (PiS). La llegada de Tusk al poder fue un chute de optimismo para los defensores del europeísmo, la democracia, el estado de derecho, pero en la sociedad polaca cada vez hay más reparos a la posibilidad de recibir más inmigrantes, especialmente de países no europeos. 

Una encuesta de Opinia24 desvela que la sociedad polaca es muy abierta a la hora de seguir atendiendo a refugiados ucranianos -ya hay más de un millón-, pero no tanto si son de países externos a la UE o con diferencias culturales importantes. En ese caso, sólo un 14% de la ciudadanía aceptaría esas llegadas. 

Proponer soluciones tajantes puede hacer que Tusk gane puntos también en ese flanco, pero no sólo va contra el derecho internacional, sino contra sus propios postulados y su programa, porque justo ese bloqueo al asilo era una de sus críticas fundamentales al Gobierno previo, por su falta de humanidad. Bien mirado, sus opositores ya no podrán decir que es un blando en la materia. 

Más allá de la coyuntura política, es innegable que Polonia tiene un serio problema con la instrumentalización que Rusia y su satélite, Bielorrusia, hacen de los flujos migratorios. En los últimos tres años, miles de personas han intentado cruzar la densamente boscosa frontera con Bielorrusia. Su dictador, Alexander Lukashenko, anima a estas personas en necesidad a volar a Minsk para, luego, llevarlas a la frontera, sobre todo con Polonia y Lituania, y abandonarlos a su suerte. 

El ansia del sueño europeo lleva a estas personas a cruzar o a intentarlo al menos. Hay decenas de muertes documentadas. Hay cientos de personas desaparecidas. En su mayoría, procedían de Oriente Medio y de África. 

Las autoridades polacas entienden que la táctica de Lukashenko de "utilizar como arma" la migración es una forma de dañar a la UE y ayudar a su aliado ruso, mientras que Von der Leyen ha calificado la estrategia de "forma cruel de amenaza híbrida". Según Varsovia, al menos 26.000 personas han cruzado desde Bielorrusia sólo este año. Alemania, en vista de estos datos, también se ha decidido a imponer sus propias restricciones fronterizas, quejándose de los migrantes se desplazan habitualmente hacia el oeste, después de cruzar la primera frontera comunitaria. 

Ya no más, dice el Gobierno polaco. Va a tomar medidas para suspender los derechos de los recién llegados a solicitar asilo, lo cual atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para empezar. Dice así:

También vulnera la Convención de Ginebra que justo define el estatuto de los refugiados, añade Amnistía Internacional, que ha calificado la idea de Tusk de "inaceptable". Ha sido una de las voces más claras en mitad de la oleada de consternación generada entre los grupos de derechos humanos locales por la medida. Hasta 60 de ellos, incluyendo a supervivientes del Holocausto, han recordado por carta que la volatilidad de la región "no exime de la humanidad ni del respeto a la ley", porque las libertades y derechos conquistados no pueden ponerse en tela de juicio. "Gracias a ellos, mujeres y hombres polacos encontraron refugio en los tiempos difíciles del totalitarismo comunista", inciden. 

El casoo también va creando tensiones dentro de su coalición gobernante. La Plataforma Cívica de Tusk se hizo el año pasado con 157 diputados, por lo que se apoya en los 65 de la llamada Tercera Vía y los 26 de La Izquierda, necesarios ante la ausencia de una mayoría absoluta que desbancase a la ultraderecha anterior. Szymon Hołownia, presidente del Parlamento y líder del partido Polonia 2050, que forma parte de la coalición, emitió una cuidadosa declaración en la que calificaba el asilo de "derecho sagrado", pero también señalaba que podría suspenderse "durante un estado de emergencia o ley marcial y bajo la supervisión continua del Parlamento". De cal y de arena.

La Izquierda, por su parte, ha emitido un comunicado en el que recuerda que "el Estado de derecho también es respetar el derecho internacional" y que la senda estaba clara cuando el PiS gobernaba. "No nos desviemos del camino", ruega. 

Cuando estaba en la oposición, Tusk y sus aliados criticaron frecuentemente al antiguo Gobierno de Ley y Justicia por construir una barrera a lo largo de la frontera con Bielorrusia y por rechazar a los inmigrantes en lugar de escuchar sus solicitudes de asilo. Los grupos de derechos humanos dijeron que aquello era ilegal, que dejaba a la gente morir en bosques y pantanos porque Bielorrusia a menudo se negaba a permitirles regresar a su propio territorio. Ahora, ahonda en la idea, con la amenaza ruso-bielorrusa más viva que nunca. De esta manera, está eliminando uno de los principales argumentos de la oposición. Estado de derecho con mano dura en migraciones. Fórmula ganadora. 

El aval de Europa

La Comisión Europea trató inicialmente de ser cauta en un tema tan espinoso, más aún cuando no se ha planteado formalmente, pero sus portavoces ya avanzarn en medios como POLITICO que, bien, de acuerdo, hay que hacer frente a los "ataques híbridos" de Vladimir Putin, aunque "sin comprometer nuestros valores". No era un no. Era un "veamos cómo". Hasta la cumbre de esta semana, cuando la apuesta a lo grande por la derechización en la materia le dio la alegría a Varsovia. La propia Von der Leyen le dio su aval en una rueda de prensa. "Tiene que quedar claro que es un ataque híbrido contra el país", subrayó. Preguntada por la legalidad de la decisión polaca, la presidenta de la Comisión señaló que si las medidas "son temporales y proporcionadas, funcionan dentro del marco jurídico".

También el liberal belga Charles Michel, aún presidente del Consejo, le dio el visto bueno. "Es una situación excepcional que exige medidas adecuadas", dijo, ante la "instrumentalización" que hace Moscú del movimiento de personas. Polonia tiene la "solidaridad" de los otros 26 miembros. Líneas rojas borradas. 

Tusk se hace fuerte, pues, sobre la ola conservadora, sobre la ola de blindaje contra Rusia y, también, sobre los antecedentes en la materia, que existen. Hay países que ya han dado el paso y no ha habido consecuencias. "La suspensión temporal de las solicitudes de asilo se introdujo en Finlandia en mayo. Es una respuesta a la guerra híbrida declarada contra toda la Unión Europea (principalmente Polonia) por los regímenes de Moscú y Minsk, que implica la organización de traslados masivos de personas a través de nuestras fronteras", escribió el primer ministro en X. 

Ese precedente finlandés fue citado expresamente por Von der Leyen y Michel para darle su apoyo. En noviembre pasado, Helsinki cerró temporalmente su frontera con Rusia y se negó a procesar nuevas solicitudes de asilo, después de que grupos de posibles solicitantes intentaran entrar. Los países bálticos -Letonia, Lituania y Estonia- han mostrado también su interés en seguir por el mismo camino. Todos son miembros de la UE y de la Alianza Atlántica. En todas sus sociedades se han producido debates sobre si hay electoralismo o populismo tras las medidas, pero al final se impone la visión de la defensa ante el eje Rusia-Bielorrusia. 

Varsovia es consciente de que está caminando sobre una delgada línea con las nuevas restricciones, pero van a por ellas con la confianza de que la actual UE, como se ha visto en el Consejo de esta semana, sí será tendente a hacer excepciones. El ministro de Justicia, Adam Bodnar, dijo el lunes a la emisora de radio TOK FM. "Necesitamos encontrar un equilibrio entre lo que se propone en el contexto de la protección fronteriza y lo que surge de las obligaciones internacionales". La idea, dijo, es intentar recuperar "el 100%" de control de quién entra y quién sale. No dio detalles sobre cómo se plantea eludir la legislación internacional. 

La Comisión ya presentó en junio un nuevo paquete de medidas sobre migración, diseñado para aumentar los poderes de los países miembros para devolver a aquellos que no son elegibles como asilados para permanecer en el bloque e introducir un "mecanismo de solidaridad permanente, jurídicamente vinculante, pero flexible, para garantizar que ningún país de la UE se quede solo cuando esté bajo presión". 

Sin embargo, los países fronterizos con Rusia y Bielorrusia -Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia- lo son temen que esas medidas aún sean demasiado tímidas para disuadir a Lukashenko y a Putin. Un diplomático de uno de los países afectados afirmó a POLITICO que "las normas migratorias actuales no resuelven el problema de seguridad que se observa, por ejemplo, en la frontera oriental de la UE". "No son los enemigos de la UE los que deberían decidir quién entra en nuestro territorio", añade. El problema, pues, va mucho más allá de Tusk, aunque sea en Polonia donde se ha avivado el fuego en estos días.

Hay analistas que, además, insisten en que, independientemente de la voluntad de Putin, el problema puede complicarse más aún por la propia naturaleza de las migraciones en Rusia. Y es que se está emprendiendo "una campaña anti-inmigración muy acusada", reforzada desde la ocupación de Ucrania, con "retórica nacionalista" que es "muy preocupante", sobre todo para los trabajadores que llegan de Asia Central. Lo afirma Temur Umarov, analista de Fondo Carnegie para la Paz Internacional (Carnegie Endowment for International Peace), en un informe del 8 de octubre pasado. 

La inmigración ha sido alentada durante décadas en la Federación, en busca de mano de obra y de un vuelco demográfico ante la pérdida de población, pero ahora se aboga por controles "más estrictos" y se deja notar una retórica diferente: "es un gran problema", "quieren vivir aquí en lugar de nosotros", "quieren cambiar el rostro de las ciudades", "desafían las tradiciones culturales"... Son comentarios de funcionarios o mandos policiales consignados por el autor. Reflejo de las 19 enmiendas a la Ley de Extranjería tramitadas en dos años, para cerrar más el puño con más datos, más papeleo o más seguimientos. 

La inmigración es ya un problema "preocupante" para el 25% de los rusos, cuando hace un año no pasaba del 19%, sostiene el Levada Center. Hay ataques ocasionales a extranjeros y grupos extremistas crecientes que los tienen en la diana. Se puede dar el caso de que, más allá de la manipulación del Kremlin, más quieran marcharse por la imposibilidad de vivir en Rusia, también.  

La vertiente defensiva

Los planes migratorios de Polonia se vinculan con la llamada Línea de Defensa del Báltico, un proyecto común con los países de la zona para reforzar las fronteras con Rusia y Bielorrusia. En concreto, el "Escudo del Este" de Tusk va a empezar a levantarse, a finales de este año y no en 2025. Se van a aumentar las fortificaciones militares y las demás medidas de defensa, todo en 400 kilómetros de frontera con Rusia y 400 más con Bielorrusia. Una empresa para la que espera contar con financiación europea: por su parte, ya ha puesto unos 2.300 millones de euros.

El viceministro de Defensa polaco, Cezary Tomczyk, anunció el martes, al desvelar las novedades del calendario de obras, que "la historia está cambiando, se está acelerando", y "hay una guerra en nuestra frontera oriental". De ahí la prisa. Fue muy insistente en que su proyecto se integra en "la infraestructura de defensa integral del flanco oriental de la OTAN para contrarrestar las amenazas de Bielorrusia y Rusia", haciendo un guiño a los aliados: mirad lo que hago por el bien de todos, estad atentos por si os necesito. 

Tomczyk no se cortó y recordó que el servicio militar obligatorio en Polonia está "suspendido, pero no abolido", y que el Gobierno tiene la intención de "activar de distintas maneras" la participación de todos los ciudadanos en la defensa nacional, como en el programa "Vacaciones en el Ejército". Según ha trascendido, permitirá a los estudiantes polacos mayores de edad pasar dos meses de las vacaciones de verano en campamentos militares y obtener, tras cinco años, el rango de subteniente y un sueldo de unos 1.400 euros al mes cada vez que retomen su entrenamiento, concluye EFE.