Meloni renuncia a una de sus medidas estrella: la deportación de migrantes indocumentados a Albania
Italia reduce el personal en los centros construidos en territorio albanés después de varios reveses judiciales contra la política migratoria del Gobierno de ultraderecha.
Después de varios reveses judiciales, la primera ministra de Italia, la ultra Giorgia Meloni, ha decidido detener temporalmente la deportación de migrantes indocumentados a los que se haya rescatado en aguas internacionales, a los polémicos centros construidos en Albania que, según el diario La Reppublica , le habrían costado al Estado italiano unos 670 millones de euros, además del coste que debe pagar por cada traslado en barco.
El proyecto, una de las medidas estrella del Gobierno de Meloni para frenar la inmigración irregular que llega a Italia, ha entrado ya en estado de hibernación. Al menos hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre "los puntos de dudosa compatibilidad" con la legislación europea que contiene el decreto que aprobó la primera ministra ultraderechista para blindar la lista de países seguros para el envío de migrantes.
Según fuentes del Ministerio del Interior italiano, los centros de deportación inaugurados en septiembre en los puertos albaneses de Shëngjin y Gjadër operan ahora a medio gas. Buena parte del personal italiano contratado para gestionar las instalaciones ha regresado ya a Italia. En Albani, únicamente se han quedado parte del personal que tiene funciones administrativas o de mantenimiento, así como trabajadores de la asociación Medihospes, a la que se le ha encargado la gestión de los campos de migrantes, aunque está previsto que abandonen las instalaciones italianas en territorio albanés.
El proyecto original de Giorgia Meloni incluía tres instalaciones: un centro de acogida para 880 personas, un centro de detención con capacidad para 144 migrantes y una pequeña cárcel con 20 plazas. Sin embargo, desde su apertura, solo 18 personas han pasado por el centro de detención, lo que pone en entredicho la efectividad del plan. En un principio, el gobierno italiano destinó a 500 trabajadores a esta iniciativa, entre policías, militares y funcionarios, pero en las últimas semanas, cerca del 75% del personal ya ha abandonado los centros de deportación. "¿Qué queda en Albania? Una estructura faraónica construida por empresarios locales con impuestos de las familias italianas, unos centros destinados a marchitar. En Albania permanece el rostro de Meloni, autora de un despilfarro sin precedentes", criticó el pasado sábado el ex primer ministro Matteo Renzi.
Un costoso fracaso
El proyecto inicial de Meloni pretendía trasladar varones adultos y sanos procedentes de países considerados seguros, como Egipto y Bangladés, a los barracones levantados en la costa albanesa para, una vez allí, someterlos a procesos acelerados de repatriación. Sin embargo, las dos únicas veces que se intentó poner en marcha la 'Operación Albania', el Tribunal de Roma tumbó las medidas del gobierno ultra italiano porque, considera, la lista de países seguros elaborada por el Ejecutivo italiano no se ajustan a la legislación vigente en la UE, amparándose en una sentencia dictada, precisamente, por el TJUE.
La Operación Albania, que ha despertado ciertos interés en algunos sectores de la Unión Europea, ha resultado en un fiasco tanto económico como político. El gobierno invirtió en la construcción de dos grandes centros, ordenó el despliegue de decenas de policías y ha empleado un buque de la Marina para transportar a pequeños grupos de migrantes. Pese al despliegue, esas personas han tenido que volver a Italia para iniciar su solicitud de asilo.
El debate sobre los llamados "países seguros" sigue siendo un punto clave y caliente en la política migratoria de la Unión Europea. El nuevo pacto migratorio de la UE, que estará en vigor en 2026, quiere armonizar el concepto entre los estados miembros. Sin embargo, hasta que esté en marcha, iniciativas como la de Giorgia Meloni se enfrentan a un camino plagado de incertidumbres.
Mientras tanto, los intentos del Gobierno de Meloni por sortear las restricciones judiciales han abierto una importante grieta entre el Ejecutivo ultra italiano y el Poder Judicial, con acusaciones y declaraciones cruzadas. El vicepresidente Matteo Salvini, líder del partido ultraderechista Liga, ha acusado a los jueces de interferir en la política italiana mientras la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que representa a jueces y fiscales del país, denunció "los ataques cada vez más frecuentes" de políticos a las sentencias judiciales.
