Más austeridad, menos inmigración y siete ministerios ultras: Finlandia tiene nuevo Gobierno
Finanzas, Interior, Justicia, Comercio Exterior y Sanidad, entre otras materias, estarán en manos de Verdaderos Finlandeses. Un cambio radical desde el Ejecutivo de coalición que comandaba la socialdemócrata Sanna Marin.
El nuevo Gobierno finlandés, formado por los cuatro mayores partidos de derechas del país -incluida la ultraderecha-, tomó posesión este martes con una amplia agenda reformista que contempla más austeridad, bajadas de impuestos y menos inmigración.
El líder del partido conservador Kokoomus, Petteri Orpo, ganador de las elecciones legislativas del pasado 2 de abril, fue elegido primer ministro en el Eduskunta (Parlamento finlandés) por 107 votos a favor y 81 en contra, en sustitución de la socialdemócrata Sanna Marin.
El nuevo Ejecutivo, formado por los conservadores, el ultraderechista Verdaderos Finlandeses, el Partido Popular Sueco de Finlandia (SFP) y los cristianodemócratas, supone un giro drástico respecto al Gobierno de Marin, ya que está considerado el más de derechas de la historia reciente del país nórdico.
Además de la Jefatura del Gobierno, el partido Kokoomus, que consiguió 48 diputados en las recientes elecciones, controla siete ministerios, entre ellos los de Exteriores, Defensa, Medioambiente, Trabajo y Cultura.
Por su parte, Verdaderos Finlandeses, segunda fuerza del país con 46 escaños, cuenta con otras siete carteras, entre las que destacan las de Finanzas -que será ocupada por su líder, Riikka Purra-, Interior, Justicia, Comercio Exterior y Sanidad. De este modo, este partido nacionalpopulista y euroescéptico se hace con varios puestos clave en el Gobierno finlandés y tendrá un gran peso a la hora de dictar las políticas económicas y de inmigración.
"Hemos elaborado un sólido programa de gobierno y vamos a implementarlo. Creo que lograremos un cambio que hará de Finlandia un país próspero y floreciente durante las próximas décadas", afirmó Orpo tras su nombramiento.
RECORTE DEL GASTO Y REFORMA LABORAL
El programa económico del nuevo Ejecutivo persigue reducir la deuda pública, que actualmente se sitúa en torno al 73 % del PIB, mediante un ajuste presupuestario de 6.000 millones de euros durante los próximos cuatro años, de los que 4.000 millones serán recortes del gasto.
Este ajuste contempla reducir los servicios sociales y los subsidios públicos, especialmente por desempleo, así como aumentar los impuestos sobre los medicamentos, los eventos deportivos, la cultura y el ocio, que subirán del 10 % al 14 %.
El programa recoge además una bajada del impuesto sobre la renta y una serie de medidas para incentivar la creación de empleo, incluida una reforma laboral para facilitar el despido y limitar la autonomía de la patronal y los sindicatos a la hora de negociar los convenios colectivos.
Tanto los partidos de izquierda, ahora en la oposición, como las organizaciones obreras han criticado duramente el nuevo programa de gobierno, al considerar que aumentará las desigualdades sociales y empeorará las condiciones laborales de los trabajadores.
Las trabas
El regreso de la ultraderecha al Gobierno finlandés ocho años después supondrá el endurecimiento de las políticas de asilo e inmigración, la principal exigencia del partido Verdaderos Finlandeses durante las negociaciones para formar el Ejecutivo.
La nueva titular de Interior, Mari Rantanen, declaró a la prensa que su ministerio dará "un giro radical" a estas políticas, ya que en los últimos años han sido -en su opinión- las más laxas de todos los países nórdicos.
"Vamos a endurecer todas las condiciones para venir a Finlandia, para vivir aquí y para quedarse, como han hecho otros países escandinavos", afirmó la ministra ultraderechista, sin mencionar que su país es, con mucha diferencia, el que menos porcentaje de población extranjera tiene entre los nórdicos.
El nuevo Gobierno tiene intención de recortar la cuota anual de refugiados que llegan a través de Naciones Unidas desde los 1.050 actuales hasta los 500 y el asilo pasará a tener carácter temporal, reduciéndose su duración al mínimo permitido por la legislación europea.
También se pondrán más trabas a la llegada de inmigrantes de fuera de la Unión Europea, una cuestión en la que la ultraderecha impuso su criterio a los conservadores de Orpo, abiertamente partidarios de mitigar la falta de mano de obra con trabajadores no comunitarios.
