Marruecos, Túnez y Mauritania usan fondos UE para detener a migrantes y dejarlos en el desierto

Una investigación del diario El País, con la organización Lighthouse Reports y otros medios internacionales, ha desvelado este martes cómo países como Marruecos, Túnez y Mauritania están usando fondos de la Unión Europea para detener a migrantes y dejarlos en el desierto. Con esos euros, se busca frenar la llegada de desplazados, aunque sea a costa de trasladarlos a sitios no seguros. Una persecución que sobre todo sufren personas negras, a las que se trata de vetar su acceso al viejo continente. 

Se trata de una revelación escandalosa que se conoce a menos de un mes de las elecciones europeas, el 9 de junio, cuando se ensalzan los valores de los Veintisiete. 

"Cada año, decenas de miles de personas (...) acaban desterradas en zonas desérticas o ciudades remotas en el norte de África. Es el castigo al que se somete a migrantes y refugiados que aspiran a llegar a Europa a bordo de una patera o saltando una valla. Arrojados en algún rincón del Sáhara, el mayor desierto cálido del mundo, sin móviles, sin dinero, sin agua y hasta sin zapatos, los que sobreviven relatan secuestros, extorsiones, torturas, violencia sexual o ataques de perros azuzados por las fuerzas de seguridad. Una práctica que se aplica de forma sistemática casi en exclusiva contra personas negras y que cuenta con un cómplice silencioso: la Unión Europea", exponen los reporteros del diario.

La información está jalonada de testimonios de personas que han sufrido estas presiones y traslados, que quedaron en tierra de nadie, sin teléfono y sin dinero, sin saber cómo volver ni cómo pedir ayuda, dejados en zonas donde abundan mafias y grupos yihadistas. 

"Cuando la Unión Europea te da dinero para bloquear las fronteras, tienes que deshacerte de los inmigrantes irregulares en tu territorio. O, al menos, complicarles la vida", sostiene una fuente europea citada por el medio, que ha trabajado en programas financiados por los fondos europeos para África. "Si un inmigrante de Guinea está en Marruecos y lo llevas al Sáhara dos veces, a la tercera pedirá el retorno voluntario [a su país]", añade.

Y no es nuevo. Hay pruebas que datan de 2003, en Marruecos, por lo que Bruselas llevaría décadas dopando con dinero de todos este tipo de prácticas. "El pasado verano hasta pudieron verse por televisión. Hombres, mujeres y niños negros se mostraban frente a las cámaras en tierra de nadie entre Túnez y Libia. La foto de una mujer y su hija muertas por deshidratación en la arena dio la vuelta al mundo", indica. Entonces, la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, se mostró preocupada pero también destacó: "El dinero europeo no está financiando la deportación de inmigrantes. Eso es totalmente falso".  

Desde 2015, Europa ha firmado acuerdos con Turquía, Libia, Túnez, Marruecos y, recientemente, con Mauritania y Egipto; todos ellos cuestionados por sus deficiencias en el respeto a los derechos fundamentales.

La investigación que sale hoy a la luz es fruto de un año de trabajo periodístico. Tiempo en el que se han recogido "pruebas" que "demuestran no solo que estas operaciones son de sobra conocidas en Bruselas desde hace años, sino que se ejecutan gracias al dinero, los vehículos, los equipamientos y la inteligencia que proporciona la UE. Es una estrategia de dispersión en la que España tiene un papel destacado", detalla. Se ha entrevistado a más de medio centenar de supervivientes y una decena de fuentes policiales y comunitarias y todos constatan la "violación rutinaria de convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, discriminación y tortura". 

La agencia europea de fronteras (Frontex), la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) "también están al tanto de esas prácticas", según documentos confidenciales a los que ha tenido acceso El País. 

La UE está "obligada a garantizar que el uso que se da a sus fondos no atenta contra los derechos humanos", aunque la Comisión Europea ha admitido por escrito que no hace un seguimiento de ese requisito. En respuesta a las preguntas planteadas por esta investigación, una portavoz afirma que “todos los contratos de la UE tienen cláusulas de [respeto a los] derechos humanos que permiten ajustar la aplicación según sea necesario”. Pero dos altos funcionarios europeos reconocen en privado que resulta “imposible” controlar todo. 

Aún con esas prácticas, la inmigración no se frena, sigue en aumento y ha alcanzado máximos que no se veían desde la crisis de refugiados de 2015: Más de 380.000 personas en 2023, un 17% más que el año anterior, dice Frontex. Mientras, "el sentimiento xenófobo en Europa se ha disparado y la inmigración es clave en el debate público ante las elecciones europeas de junio, en las que la extrema derecha pretende ganar millones de votos a costa de avivar el miedo contra el extranjero". 

Son partidos que justo en las elecciones del mes que viene tienen posibilidades de colocar a sus formaciones como el tercer y cuarto grupo del Parlamento Europeo.