La 'gazaficación' de Cisjordania: Israel derriba, desplaza y mata silenciosamente

Casas destrozadas por las bombas, riadas de civiles desplazados con lo poco que les queda, entierros, hambre, sed, dolor. No es Gaza, es Cisjordania, el territorio palestino hermano que, en silencio, más lejos de los focos, se está viendo atacado por Israel, especialmente en las últimas ocho semanas. Hay otra semejanza, del interior a la costa: la impunidad con la que se está violando el derecho internacional.  

Naciones Unidas ha constatado que la llamada Operación Muro de Hierro, lanzada el 21 de enero por el Ejército de Israel, ha causado ya el mayor desplazamiento de población en la zona desde la Guerra de los Seis Días, en 1967, especialmente en el norte. Son más de 40.000 las personas que han abandonado sus casas. Es el desplazamiento más masivo, pero también el más rápido y, temen, el que lleve a al más "profundo" cambio en el mayor de los espacios que anhelan formar, un día, el Estado palestino de pleno derecho. 

Es la primera vez en años que entran los tanques en los campos de refugiados, que se ataca desde el aire con aviones y con drones o que se ocupan espacios hasta ahora bajo auspicio de la ONU y su Agencia para los Refugiados Palestinos (la UNRWA). Esta andanada deja imágenes insólitas como la del primer ministro, Benjamin Netanyahu, departiendo con sus soldados en una casa particular tomada a un ciudadano palestino. 

La ONG israelí B'Tselem (el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados) ha publicado esta semana un informe titulado La doctrina Gaza en el que da cuenta de cómo las acciones de Tel Aviv en Cisjordania se asemejan a las de la franja, donde han afinado "tácticas y estrategias" de combate que ahora reproducen a otra escala. El objetivo de esta "gazificación" es similar: sacar al máximo de población de sus hogares, forzar su desplazamiento y, más tarde o más temprano, su marcha, y ahondar en la ocupación cisjordana (hay 600.000 residentes ilegales ya entre esta zona y el este de Jerusalén). Hay posiciones, como en Yenin, donde el Ministerio de Defensa israelí ya ha dicho que su gente no se irá "en un año". En esas circunstancias, el retorno es imposible. 

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para los Territorios Palestinos sostiene que desde los atentados de Hamás de 2023 al 4 de marzo de este año han muerto 896 personas en Cisjordania (308 en 2023, 498 en 2024 y 90 este 2025). 

"Doctrina Gaza"

El 19 de enero pasado, cuando entró en vigor el alto el fuego en Gaza entre Hamás e Israel, el Gobierno ultranacionalista de Netanyahu declaró que añadiría un "aumento de la actividad ofensiva" en Cisjordania a su lista oficial de "objetivos de guerra". Esa en la que, inicialmente, estaba en todo lo alto limpiar al partido-milicia de la franja y se se ha ido ampliando a placer. Este añadido, para B'Tselem, fue "simplemente una confirmación formal del trato que Israel ha dado a Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023 como un frente más en la guerra total declarada contra los palestinos tras el ataque de Hamás". Así está siendo. 

Tel Aviv, coherente con este enfoque, ha intensificado la opresión contra los palestinos en Cisjordania y ha adoptado medidas "más extremas", incluyendo "violencia arbitraria extrema contra civiles inocentes, una mayor flexibilización de la permisiva política de fuego abierto, severas restricciones de movimiento y la perturbación de la vida cotidiana, la cancelación generalizada de permisos de entrada a Israel y limitaciones extremas al acceso a tierras de cultivo que están perjudicando gravemente los medios de vida, detenciones masivas y la transformación de los centros de detención en una red de campos de tortura", enumera la organización.

Sobre todo eso, habitual ya en la zona pero redoblado ahora, se añade esa "doctrina Gaza": "un mayor uso de ataques aéreos contra centros de población civil, la destrucción generalizada y deliberada de viviendas e infraestructura civil, y el desplazamiento de civiles de las zonas designadas por el ejército como zonas de combate". Una estrategia que ahora se centra en el norte pero que, según declaraciones de los propios funcionarios gubernamentales, se prevé que se extienda a otras zonas de Cisjordania. "Con constantes declaraciones públicas sobre planes para expandir esta actividad militar al resto de Cisjordania, los dos últimos años -los más mortíferos desde el pico de la Segunda Intifada en 2002- podrían ser un anticipo de un mayor derramamiento de sangre", se añade.

Es, pues, un plan premeditado y que no se corresponde con un pico de violencia mayor por parte de la resistencia civil o las milicias palestinas. 

Los campos de refugiados de los distritos de Yenín, Tulkarem y Tubas son los más afectados. El ejército ya llevó a cabo una serie de invasiones en estos campos al comienzo de la guerra de Gaza, seguidas de la Operación Campamentos de Verano, lanzada en agosto de 2024, y una nueva escalada después del 19 de enero pasado, tras el armisticio. Un gran número de tropas invadió varias ciudades y campos de refugiados con excavadoras, "destruyendo deliberada e indiscriminadamente infraestructura civil", como carreteras y redes de electricidad, agua y alcantarillado. 

Cientos de viviendas han sido bombardeadas y destruidas parcial o totalmente sin que representaran ninguna amenaza concreta. La asistencia médica a los residentes se vio interrumpida y se han producido tiroteos masivos e indiscriminados. Recientemente, se han utilizado tanques y vehículos blindados de transporte de personal por primera vez desde la Segunda Intifada, que iban tras las excavadoras que rompían el suelo hasta hacerlo prácticamente intransitable. 

El caos

Vamos al detalle. Uno de los ejemplos de esa gazaficación es el creciente uso de ataques aéreos, dirigidos contra algunas de las zonas más concurridas de Cisjordania, "que ponen en grave peligro a la población civil", recuerda el informe. Del 7 de octubre de 2023 al 8 de marzo de 2025, B'Tselem documentó 69 ataques aéreos que causaron la muerte de 261 personas, incluidos al menos 41 menores. En "marcado contraste", los ataques aéreos en Cisjordania mataron a 14 personas en los 18 años anteriores, de 2005 al 7 de octubre de 2023.

Esta actividad letal también se refleja en la "permisiva política de fuego abierto implementada por el Ejército", que se ha cobrado la vida de numerosos menores palestinos. Según los datos de la OCHA, del total de muertos en este tiempo, de eso 896, 640 perecieron por fuego real directamente. Unos 190 de ellos eran menores de edad. 

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas detalla que hay un "patrón creciente de uso ilegal de la fuerza", pues en la mayoría de los casos, las víctimas estaban "desarmadas" y "no suponían una amenaza previa". Cita dos. El primero, el de Sundus Shalabi, 23 años, embarazada de ocho meses, que escapaba del campo de Nour Shams el 9 de febrero pasado con su marido. Él fue alcanzado por los disparos, quedando herido grave, y ella trató de escapar del coche y pedir ayuda. Fue tiroteada y murió, al igual que el bebé. 

El segundo, el de Saddam Hussein Rajab, de 10 años, de Tulkarem, que recibió un disparo en el pecho a las puertas de un bloque residencial, el 28 de enero. El niño había bajado a la calle a hablar con su madre por teléfono porque en casa no había buena red. "Las fuerzas israelíes atacaron al padre de Saddam cuando intentaba llevarlo a recibir asistencia médica, y después de que los paramédicos lo colocaran en una ambulancia, los soldados lo detuvieron durante aproximadamente una hora. Después de tres horas de cirugía en el Hospital Gubernamental Thabet Thabet, los médicos remitieron a Saddam al Hospital Rafidia en Nablus, y durante el traslado, las fuerzas israelíes detuvieron la ambulancia que lo transportaba. Mientras los soldados israelíes retenían la ambulancia, un soldado le dijo al padre de Saddam: 'Yo soy el que disparó a tu hijo. Si Dios quiere, morirá'", relata Defence for Children International. Murió a los diez días. "Asesinatos ilícitos", los llama Naciones Unidas.

Otra manifestación "especialmente flagrante" del espejo gazatí es el desplazamiento masivo de residentes de los campos de refugiados, que han escapado y se han visto vieron obligados a abandonar sus hogares debido a la amenaza de la actividad militar. Según la UNRWA, desde que comenzó la Operación Muro de Hierro el 21 de enero de 2025 en el puesto de control de Yenín, expandiéndose posteriormente a los puestos de control de Tulkarem, Nur Shams y Al-Far’ah, aproximadamente 40.000 residentes han sido desplazados. 

Algunos han encontrado soluciones de alojamiento temporal, pero muchos permanecen en campamentos improvisados para desplazados internos, dependiendo de las comunidades locales para sus necesidades básicas. Ya estaban muy tocadas antes de esta crisis. "Basándose en la amarga experiencia de Gaza, existe una gran preocupación de que este desplazamiento no sea breve", insiste la ONG.

La Organización de las Naciones Unidas avala esta denuncia y esa amarga previsión. En una rueda de presa en Ginebra, esta semana, el jefe de la UNRWA, Phillippe Lazzarini, denunció "demoliciones a gran escala", que hay campos que "prácticamente se han vaciado", a los que será "muy difícil" regresar porque el impacto en la fisonomía de la zona es "sin precedentes". Habla de un "nuevo patrón alarmante" de destrucción, que buscan "cambiar permanentemente" la zona. En apenas dos semanas ha habido 41 demoliciones, con 30 familias desplazadas por día. "Es inhabitable", dice Lazzarini. En peligro, esta generación de palestinos y la que está por venir. 

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), en su último boletín, explica que sus técnicos han visto que "grandes extensiones de un campamento de Yenin quedaban destruidas por una serie de detonaciones", que acababan con sus objetivos "en una fracción de segundo". Sus habitantes, dicen, "han soportado lo imposible". 

El plan se ejecuta en dos fases: primero hay un aviso del Ejército y la Policía de Fronteras, luego llegan los drones y así, bajo amenaza, las casas se dejan vacías. Pero como la presión sigue, los afectados acaban yéndose hasta de su pueblo, porque hay francotiradores situados en las inmediaciones de sus acampadas, que usan las casas ocupadas como posiciones, que impiden su seguridad. Hay casos de familias desplazadas tres y cuatro veces ya en esta ofensiva, mientras sus calles de antes se llenan de tanques enemigos y se rotulan con nombres hebreos. ¿La antesala a una temida anexión?

El traslado forzoso o la deportación de personas está estrictamente prohibido y constituye un delito contra el derecho internacional. 

A ello se suma que su propia UNRWA no puede trabajar en condiciones porque en enero Israel ordenó el cierre de su oficina central en Jerusalén Este y vetó todo trato de sus empleados con funcionarios nacionales. Por eso, sólo queda ahora personal local, los internacionales han tenido que salir porque no les renuevan las visas. La situación de lo que quedan es "más vulnerable y expuesta a posibles abusos e intimidación". UNRWA no ha tenido ni avisos previos de las incursiones de Israel, como se solía hacer por seguridad, toda vez que esas comunicaciones se han roto, lo que "pone en riesgo la vida de civiles". 80 ONG de la Asociación de Agencias de Desarrollo Internacional (AIDA) han reconocido que no pueden trabajar bien sin el apoyo de UNRWA. 

Los 11 albergues públicos abiertos no llegan a atender a los civiles como necesitan. Hay "necesidad de artículos esenciales", especialmente de higiene, "todos" dependen de ayuda alimentaria externa, el 50% no tiene dinero para comprar alimentos tras verse sin sus bienes y empiezan a recortar comidas, el acceso al agua es "precario" por los grandes daños causados por las excavadoras de Israel, escasea la atención médica (sobre todo para menores y embarazadas) y no hay privacidad alguna. 

Y no hay dinero a la vista para ellos: la ONU pidió 4.070 millones de dólares en un llamamiento urgente para este año, tanto para Gaza como para Cisjordania y Jerusalén este, y a 6 de marzo se han entregado 158,1, un 3,9%. Si se tiene en cuenta que casi el 90% de ese dinero va a la franja y que la crisis se ha agigantado en Cisjordania, queda claro lo poco que llega. 

Presión redoblada

Como afirman figuras públicas israelíes, la guerra contra los palestinos no se limita ya a Gaza, sino que se dirige contra todos los palestinos que viven en las diversas zonas bajo control israelí. Desde el inicio de la ofensiva -que se estima que deja más de 48.500 muertos-, el "apartheid" de Israel, denuncia, "ha intensificado radicalmente la opresión de los palestinos en Cisjordania y opera en la zona norte como si fuera una zona de combate". 

Ejemplos: el casi centenar de escuelas que han tenido que cerrar por la ofensiva en diversos momentos (13 siguen así al cierre de esta edición). El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado que no se puede acudir a clase "de forma segura", "lo que agrava aún más el estrés psicológico y social" de los alumnos, que necesitan más "salud psicosocial y mental". La UNRWA ha intentado dar clases online pero el acceso a internet es paupérrimo y los niños tampoco disponen de dispositivos remotos. 

Más: las 60.000 personas que tienen sus movimientos restringidos en el norte; las muertes bajo custodia "en circunstancias poco claras" porque se acentúan en las cárceles los malos tratos y el hacinamiento; los 24 ataques de media semanal de colonos a intereses palestinos, por los que no hay ni un arrestado...

A estas violaciones directas del derecho internacional se suma el hecho de que Israel, como ocupante, tiene la obligación de proteger precisamente a los civiles palestinos. Hace lo contrario, está "ignorando sus obligaciones en virtud del derecho internacional, a la vez que pisotea principios morales básicos". 

El contexto no es alentador. "Estas acciones sobre el terreno y las declaraciones de funcionarios gubernamentales, sumadas al plan declarado de Trump y Netanyahu de limpiar étnicamente Gaza, suscitan una grave preocupación ante la posibilidad de que Israel pretenda utilizar este cambio en el combate para establecer hechos irreversibles sobre el terreno: reestructurar Cisjordania para promover su aspiración de desplazar permanentemente a algunos palestinos y obligar a otros a vivir en condiciones que eventualmente los obligarán a irse", concluye el informe.

El director ejecutivo de B’Tselem, Yuli Novak, insiste: "En 15 meses de guerra en Gaza, las acciones del gobierno dejaron claro que Israel no tiene intención de cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Es probable que continúe incumpliendo flagrantemente su deber de proteger vidas y derechos humanos, y de defender las normas morales y humanitarias básicas, a menos que los líderes israelíes rindan cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino".