Israel veta a la UNRWA: las consecuencias de romper la columna vertebral de la ayuda a los refugiados palestinos

"UNRWA es igual a Hamás". Lo afirma David Mencer, portavoz del Gobierno de Israel. Sobre esa premisa -falsa, como han demostrado sucesivos informes realizados sobre la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos-, el gabinete de Benjamín Netanyahu ha levantado dos leyes que, desde esta misma semana, vetan al organismo en su territorio, de forma unilateral e ilegal. 

Desde el jueves pasado, sólo se le impide que tenga actividad sino se que le niega el trato con cualquier funcionario del estado israelí. En la práctica, eso supone el bloqueo de la entidad más necesaria hoy para los palestinos, en el momento de peor crisis humanitaria, tanto en Gaza como en Cisjordania. Es romper la columna vertebral de la supervivencia de los refugiados porque eso es lo que, dice UNRWA, busca Tel Aviv: impedir que los cinco millones largos de desplazados palestinos que hay en el mundo sigan teniendo ese estatus y, por tanto, derechos adquiridos al retorno. 

Para entender lo ocurrido esta semana hay que remontarse a octubre pasado, cuando la Knesset (el parlamento) aprobó dos normas que impiden a la UNRWA operar "dentro del territorio soberano de Israel", tener contacto con los trabajadores d su administración, civiles o militares y mantener "cualquier servicio o actividad" en el país. Aquella votación salió adelante con 92 votos de los 120 escaños de la cámara, absolutísima mayoría. 

Mencer ha explicado repetidamente esta semana que lo hecho está bien hecho porque tienen pruebas "irrefutables" de que la agencia actúa en connivencia con el Movimiento de Resistencia Islámico, con el que están en guerra en Gaza -parada apenas por un alto el fuego de 60 días- y que perpetró el mayor ataque de la historia de Israel, el 7 de octubre de 2023. Que su plantilla está "infectada" de "terroristas", para los que es "un escudo". Palabras gruesas que a día de hoy sólo han cuajado en una denuncia contra una docena de miembros del organismo, sobre 33.000 empleados que tiene. 

Tras revisar los casos señalados, la ONU ha confirmado que Tel Aviv "no ha proporcionado ninguna prueba que respalde" dichas acusaciones, que llevaron hasta a 16 naciones -empezando por EEUU, el mayor donante- a retirar sus fondos de la UNRWA. Ese dinero ya ido regresando ante esta falta de pruebas, pero ya en silencio y sin focos. 

La investigación, liderada por la exministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, sostiene que la entidad aún tiene margen de mejora en cuestiones como la neutralidad o la transparencia y el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, ha activado ya protocolos para mejorar. A Israel no le convence nada que venga de un señor al que ha declarado persona non grata y al que ha vetado el paso a su estado. 

Israel siguió adelante en la Knesset con su proceso de asfixia a la UNRWA y el miércoles pasado tuvo que abandonar su sede central, en Jerusalén Este, desde donde se coordinan todas las áreas en las que se trabaja, desde los territorios palestinos a Jordania, Siria y Líbano, países a los que escaparon los más de 750.000 refugiados palestinos víctimas de la guerra librada en 1948 por Israel y sus vecinos árabes, el inicio de la llamada nakba o catástrofe. Hoy esa cifra casi se ha multiplicado por siete por el crecimiento de las familias fueras de su tierra, reconocida como tal en sucesivas resoluciones de la ONU y que contemplan la vuelta si un día se alcanza la paz, sea lo que sea lo que esa palabra suponga en Oriente Medio. 

Jonathan Fawler, portavoz de UNRWA en la capital triplemente santa, confirmó a los medios el cierre de sus oficinas centrales, que es sobre la que de inicio se aplica la orden de Israel. Los trabajadores palestinos no han ido a trabajar desde que el jueves entró en vigor la normativa y los extranjeros se han tenido que ir del país, la mayoría a Jordania, porque no tenían visados legales con los que quedarse. Como Jerusalén Este es zona ocupada y anexionada por Israel unilateralmente desde la Guerra de los Seis Días, es su Ministerio del Interior del que dependen esos permisos de estancia. 

Aún así, el trabajo en el resto de oficinas y centros de asistencia se ha mantenido en las primeras horas de bloqueo, a la espera de ver cómo aborda Israel el cierre. El contexto de presiones internacionales y el alto el fuego frágil en Gaza llaman a la prudencia... pero la orden está dada. 

El cierre fue celebrado profusamente por grupos ultraderechistas, encabezados por el vicealcalde de Jerusalén, Arieh King. Hubo brindis y cánticos, celebrando "el día del juicio final" de la agencia. Una de las grandes dudas es si el edificio en sí será respetado o vandalizado, ahora que no tiene ni vigilancia. 

"Los bienes y activos de la UNRWA, incluidos los de Jerusalén Este, son inmunes a registros, requisas, confiscaciones, expropiaciones y cualquier otra forma de interferencia", dice la ONU. El complejo, edificios blancos entrelazados con frondosos patios, tiene estatus diplomático y, en teoría, es intocable. Como lo es la propia organización, protegida, con inmunidad legal concedida por la Carta de las Naciones Unidas que el propio Israel ha firmado y, por tanto, le compromete. 

Ya la UNRWA había sufrido alteraciones importantes recientes. Por ejemplo, Israel ha negado hasta 400 permisos a trabajadores suyos palestinos desde el 7-O de Hamás, lo que les impedía cruzar con normalidad para trabajar en esa tierra hecha de muros y agujeros. Ahora todo es más definitivo, temen. 

No se sabe qué pasará con las oficinas ni con el trabajo que se desempeñaba en ellas. Los trabajadores no se pueden mover sin visas o tarjetas diplomáticos, pero es que el caso de tenerlas, no pueden coordinarse con el Ejército de Israel para cruzar los innumerables checkpoints o puestos de control que llevan a zona palestina de Jerusalén oriental o Cisjordania, porque no pueden interactuar con funcionario alguno del país. 

Lo peor es que tampoco pueden llamarlos o coordinarse con los uniformados que aún controlan parte de Gaza y que son quienes vigilan los pasos fronterizos por los que ha vuelto a entrar la ayuda humanitaria de forma estable, tras 15 meses de ofensiva. De los 600 camiones que ahora se están dejando pasar, más de cien son de la UNRWA, es el mayor proveedor de camiones. De ellos depende directamente la alimentación de un millón de gazatíes, además de ser los cooperantes que más acceso tienen a bienes clave como el combustible, de tener más de 280 escuelas y una veintena de clínicas y centros de salud, todo ahora amenazado de cierre. Son el salvavidas de la franja.

A tenor de lo anunciado por la Autoridad de Tierras de Israel, sí puede estar más claro lo que va a pasar con el suelo de las oficinas de la agencia: quieren levantar hasta 1.400 viviendas en una zona jugosa, con el tranvía al lado, enclavada en un barrio ortodoxo y cercana a enclaves importantes para los israelíes, como la Colina de la Munición, escenario de las guerras de 1948 y 1967.

Lo que hace, lo que puede dejar de hacer

La creación de la UNRWA fue establecida por la Resolución 302 (IV) de la Asamblea General de la ONU. Corría el 8 de diciembre de 1949. Su propósito era acometer programas de ayuda y obras directas para los refugiados palestinos. Asistir y proteger. La agencia inició sus operaciones el 1 de mayo de 1950. El problema es que, a falta de una solución al problema de los refugiados palestinos y del conflicto palestino-israelí en general, la Asamblea ha ido renovando repetidamente su mandato, hasta hoy. 

Reconoce aún "la necesidad de la continuación del trabajo" de UNRWA y "la importancia de su funcionamiento sin trabas y de su prestación de servicios para el bienestar y el desarrollo humano de los refugiados y refugiadas de Palestina, así como para la estabilidad de la región". Hoy hacen de todo, pero sus pilares son la entrega de ayuda humanitaria y la prestación de servicios sanitarios y educativos. Desde un centro de ancianos a una guardería, desde vacunas a asistencia a mujeres maltratadas, de almacenes de alimentos a atención a embarazadas y neonatos.

Como explica Raquel Martí, la directora de la UNRWA en España, sólo en el este de Jerusalén dan atención a 70.000 pacientes de media al año y clases a mil niños, en un contexto de déficit, además, porque las autoridades locales y nacionales de Israel no invierten prácticamente en las zonas ocupadas. La Agencia EFE ha visto sobre el terreno cómo numerosos palestinos iban a los centros de salud en estos días, ante el temor de un cierre inmediato. 

Estamos, dice, ante una decisión "ilegal", porque "es la primera vez en la historia que, de forma unilateral, un Gobierno decide impedir el mandato de una agencia de la ONU". Recuerda que "no se puede desalojar a una agencia cuyo mandato ha sido aprobado por la Asamblea General con el voto de todos sus miembros" y que el paso dado por Tel Aviv ha sido "unilateral, porque no se puede cambiar el mandato" dado. "Es ilegal", remarca. 

Es la misma línea en la que se pronuncia el máximo responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, quien directamente recuerda que parar a su gente "saboteará la recuperación y la transición política en Gaza", para empezar, cuando se supone que es el objetiv del armisticio temporal de estos días. "La UNRWA es la mayor presencia de la ONU en Gaza, con 13.000 efectivos y 300 instalaciones. La agencia es fundamental para apoyar a una población destrozada y para mantener el alto el fuego", afina. "Está en juego el destino de millones de palestinos, el alto el fuego y las perspectivas de una solución política que traiga consigo una paz y una seguridad duraderas", añade.

Un funcionario israelí relacionado con las órdenes de Netanyahu ha dicho a la agencia AP que "no tienen intención" de cerrar físicamente las instalaciones de la UNRWA, sólo que será más difícil para la agencia operar sin coordinación con las autoridades israelíes. Un matiz que no queda claro.  

Lazzarini tiene fama de hablar claro y tampoco esta vez ha rehuido la denuncia política. "Los ataques políticos [israelíes] contra la agencia están motivados por el deseo de despojar a los palestinos de su condición de refugiados, modificando así unilateralmente los parámetros establecidos desde hace tiempo para una solución política. El objetivo es negar a los refugiados palestinos el derecho a la autodeterminación y borrar su historia e identidad", afirmó en una comparecencia en Ginebra. 

Israel acusa a la UNRWA justo de lo contrario, de "perpetuar" la condición de los refugiados con su ayuda, porque argumenta otorga el estatus de refugiados a los descendientes de los primeros desplazados de 1948, "un hecho insólito que no ocurre con el resto de los millones de refugiados del mundo". Mientras que todos de refugiados del mundo son atendidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los palestinos están bajo la asistencia exclusiva de UNRWA. 

Fue la ONU, con consenso mundial como recuerda Martí, la que avaló que así fuera, actuando ante la mayor tragedia a la que hacía frente la organización internacional tras su nacimiento, en octubre de 1945. Como el conflicto no se ha resuelto, su actividad continúa siendo necesaria, han ido constatando los estados año tras año. 

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), con un poder cada vez menor, ha ahondado en esa denuncia de que Israel quiere "eliminar el derecho al retorno" de los palestinos. Califica el veto a la UNRWA de "inaceptable" y "provocación" y se aferra al mandato de la agencia: dar "ayuda directa a cualquier persona cuyo lugar de residencia fue Palestina entre el 1 junio de 1946 y el 15 de mayo de 1948, y que perdieron tanto su hogar como sus medios de subsistencia a consecuencia del conflicto de 1948", detalla su misión.

El abogado y cooperante Ezequiel Cruz, con experiencia en el terreno en Palestina, comparte plenamente que Israel lleva "una dirección clara". "No hay nadie con la experiencia, los medios y la capacidad de actuación de UNRWA. Estamos ante una violación del derecho internacional que va mucho más allá de lo formal, porque impide el acceso a servicios básicos y, más aún, en un contexto de crisis desconocido. Quieren que no haya refugiados, pero no paz mediante", recuerda. 

A su entender, "asistimos al desmoronamiento del consenso alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial", porque Netanyahu "obvia" los compromisos multilaterales y sus herramientas, "como las agencias de la ONU", y "no sólo no coopera con ellas, sino que las persigue". 

Lamenta que no haya una oleada mayor de apoyos internacionales a la UNRWA y aplaude, por ejemplo, que salga al paso España: a través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió el jueves que no se apliquen las leyes, porque pueden afectar también al precario alto el fuego. "UNRWA es esencial e insustituible para la vida de los seis millones de refugiados a los que presta servicios esenciales, y para la estabilidad regional", añade la nota.

Cruz lo ve escaso "para un planeta" y recuerda que, más allá del consenso "multilateral" de la ONU, está el hecho de que "Israel es una potencia ocupante que, por derecho internacional, debería hacerse cargo de las necesidades de la población ocupada, en todos sus ámbitos, pero no lo hace ni lo hacía antes del 7 de octubre. Está obligado a favorecer el acceso a todo lo que permite la seguridad y la vida y la salud y la educación y los servicios esenciales. Todo lo que ellos no hacen lo hace la UNRWA y por eso hay que ayudar", concluye. 

Es lo que ha hecho Noruega, que el mismo día de la entrada en vigor del veto israelí anunció la transferencia de 275 millones de coronas noruegas (unos 23 millones de euros) a la entidad. "Gaza está en ruinas y la UNRWA es más necesaria que nunca. El hecho de que entren en vigor leyes israelíes que pueden impedir efectivamente a la UNRWA operar en Palestina es extremadamente dramático", declaró en un comunicado el ministro del Interior noruego, Espen Barth Eide. Toda una declaración ante Tel Aviv y Washington de un Estado cuya cooperación es especialmente valiosa en toda Palestina, junto a la española. 

Que lo haga otro

El portavoz de Netanyahu no quiso contestar en rueda de prensa quién va a suplir todos estos servicios si no está la UNRWA. Tel Aviv ha insistido en que no pasa nada si la agencia no trabaja, porque su tarea la pueden hacer otras entidades de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos o UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia. El secretario general Guterres lo niega: "Es insustituible", repite a quien lo quiera escuchar. 

"La solución no es transferir las actividades a otras organizaciones", como ha sugerido Israel, "sino traspasarlas a un Estado palestino, a instituciones palestinas", aseguró Lazzarini también en una entrevista con la televisión nacional suiza RTS. 

EEUU apoya a Israel en este cerco. Donald Trump, el nuevo presidente, se verá la semana entrante con Netanyahu en Washington, en la primera visita de un mandatario a la Casa Blanca desde que tomó posesión del cargo, el pasado 20 de enero. Toda una declaración de intenciones. Dorothy Shea, embajadora adjunta de EEUU ante la ONU, dijo esta semana en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad que "hay otras agencias experimentadas y con conocimientos" en las que confiar y que mejor frenar a la UNRWA porque sus supuestos vínculos con Hamás han "manchado" su trabajo y credibilidad. 

"Lo que se necesita es un debate matizado sobre cómo podemos garantizar que no se interrumpa la prestación de ayuda humanitaria y servicios esenciales", declaró Shea. El Congreso de Estados Unidos ya ha recortado la financiación de UNRWA hasta marzo, por si había dudas. 

Las leyes israelíes han sido peleadas en los tribunales, pero sin éxito. Las ONG pedían, al menos, planes alternativos para el día después del cierre de la UNRWA, pero no se ha contemplado nada parecido. Como explica Adalah, el Centro Jurídico para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (uno de los denunciantes, junto a Gisha, el Centro Jurídico para la Libertad de Movimiento), habían reclamado una paralización cautelar de las normas ante la Corte Suprema, que ha sido rechazada, pero pese a las "catastróficas consecuencias" que enumeraban en su argumentario, no se ha planteado una "alternativa viable". 

Así, el Ayuntamiento de Jerusalén ha propuesto crear aulas prefabricadas para los niños que no vayan a las escuelas de la UNRWA en unos ocho meses, lo que supone perder todo lo que resta del curso escolar. Una salida "inadecuada", además, cuando Jerusalén Este tiene ya un déficit crónico de escuelas: la ONG Ir Amim sostiene que hay entre 8.000 y 9.000 alumnos a los que no asiste la municipalidad, que no estudiarían sin ayuda de esta agencia o de instituciones religiosas. Son niños invisibles. 

Las asociaciones reclamaron que se les explicase cómo va a ser la asistencia alimentaria en Jerusalén Oriental a quien depende de UNRWA para tener tres comidas al día o cómo se ajustará la llegada de nuevos pacientes al sistema sanitario de Israel, que incluye por ejemplo un copago que no pueden asumir los refugiados palestinos. En el caso de Cisjordania -donde un 62% del territorio es zona bajo control de Israel-, también se preguntaba Adalah cómo podrá la ANP asumir en sus precarios servicios la llegada de tantos nuevos pacientes o, lo mismo el caso de los colegios. ¿Alguien ha pensado en los permisos que necesitan los niños para ir a otro centro si está tras el muro ilegal o un control militar? La respuesta a todo esto, denuncian, ha sido el silencio.

Suhad Bishara, director legal de la ONG, indica que "con el rechazo (...) de una medida cautelar, (...) comenzará un proceso destructivo". "Los demandados han dejado muy claro que no se han identificado alternativas a la red vital de ayuda de la UNRWA en el territorio ocupado. Las llamadas soluciones para la Jerusalén Oriental ocupada son totalmente inadecuadas y perturbarán gravemente el acceso a servicios esenciales", señala. 

De esta forma, se ha evitado mantener el statu quo que ha estado vigente durante 75 años, que ya era duro para los palestinos. Una degradación de este calado, más allá de la "flagrante violación del derecho internacional y de las obligaciones jurídicas internacionales vinculantes de Israel", puede traer más violencia en Palestina y en todo Oriente Medio, concluye.