Israel ante La Haya: el primer gran aldabonazo internacional para frenar la guerra en Gaza

No han podido las armas ni han podido las palabras. ¿Podrá la Justicia? Parar la guerra en Gaza, vieja de tres meses y que deja más de 23.000 muertos en la franja, es la meta inmediata de la denuncia que Sudáfrica ha interpuesto contra Israel por genocidio, y que ha empezado a revisarse esta semana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Países Bajos). La condena, si llega, será luego, dentro de años, incluso, pero antes se ha planteado es el primer gran aldabonazo de la comunidad internacional para que se haga algo para que cese el fuego. Hacer, no decir ni especular. 

El debate político lo monopoliza el concepto de genocidio, un señalamiento de enorme calado que Israel rechaza, pero es este primer paso, modesto pero que salva vidas, el que ilusiona a los palestinos, los grupos de derechos humanos y las principales ONG del planeta. Ha fracasado Naciones Unidas, con sus vetos en el Consejo de Seguridad y la blandura de acción de la Asamblea General. Ha fracasado la diplomacia, por más viajes que haga el secretario del Estado norteamericano, Antony Blinquen, a la zona. No hay sanciones sobre la mesa ni reconocimiento masivo del estado palestino. Pretoria ha dicho basta y está intentando otra vía. 

La iniciativa en La Haya empezó modesta, a finales de año, y fue creciendo y sumando adhesiones conforme se entendía su urgencia y relevancia, incapaz el mundo de lograr que dejen de morir gazatíes. Así, hasta lograr que Israel anunciara que se iba a defender en los tribunales, revirtiendo una política de décadas de boicotear al tribunal superior de la ONU y a sus 15 jueces electos. Este es otro factor esencialmente nuevo de este proceso: que Israel da la cara, lo que le puede obligar también en el futuro a asumir el dictamen de esos jueces, porque con su presencia los ha legitimado. 

El proceso es lento. Escuchados los argumentos de unos y otros esta semana, en la primera audiencia, es posible que la CIJ emita un fallo provisional en unas semanas y parece seguro que, para entonces, los ataques israelíes contra Gaza probablemente aún estarán bien vivos. La petición de Sudáfrica es que haya una decisión provisional que frene los ataques mientras se dirime todo lo demás. Para eso no necesita que ahora se demuestre nada sobre el genocidio, sólo que hay riesgo de caer en él, de que la persecución a Hamás pueda transformarse en la del pueblo palestino.

Concretamente, la petición de Sudáfrica insta al tribunal a ordenar "medidas provisionales" para proteger al pueblo palestino en Gaza, incluido un llamamiento a Tel Aviv a detener de inmediato los ataques militares que "constituyen o dan lugar a violaciones de la Convención sobre el Genocidio" de 1948 y a rescindir las medidas que equivalen a castigo colectivo y desplazamiento forzado. Inciso: esa convención fue impulsada por la comunidad internacional pocos meses después de la creación del Estado de Israel, en gran medida para reparar los abusos cometidos contra el pueblo judío durante el Holocausto.

"Lo que el tribunal debe hacer en la etapa de dictar una orden sobre medidas provisionales es establecer si los actos denunciados pueden estar comprendidos dentro de las disposiciones de la convención sobre genocidio", se lee en su denuncia. "El tribunal no tiene que determinar que todos los actos denunciados pueden estar comprendidos en las disposiciones de la convención (...) basta que al menos algunos de los actos alegados puedan estar comprendidos en las disposiciones de la convención", afina.

"Podría ayudar a proteger a los civiles palestinos, poner fin a la catástrofe humanitaria provocada por el hombre en la ocupada Franja de Gaza y ofrecer un rayo de esperanza para la justicia internacional", como resume Amnistía Internacional. "Sería un medio importante para ayudar a prevenir más muertes, destrucción y sufrimiento de civiles y proporcionar una advertencia a otros estados de que no deben contribuir a graves violaciones y crímenes contra los palestinos", ahonda. Además de los 23.000 muertos, en Gaza hay 8.000 desaparecidos bajo los escombros, mientras que más de 60.000 personas han resultado heridas desde el 7 de octubre; hay dos millones de desplazados internos, la ONU dice que la hambruna está "a la vuelta de la esquina" y no hay ni un hospital plenamente operativo.

El equipo legal israelí tildó ya viernes de "asombrosa" la petición para imponer medidas cautelares porque aseguró que eso dejaría "a la otra parte" del conflicto "en libertad de continuar sus ataques". Es el mismo argumento por el que hasta ahora se ha opuesto a un alto el fuego. El letrado Christopher Staker explicó que "un Estado que no es parte en el conflicto presenta una solicitud de medidas cautelares que requieren la suspensión unilateral de las operaciones militares por parte de una sola parte en el conflicto, dejando a la otra parte en libertad de continuar los ataques", informa EFE. También instó a la corte a tener en cuenta para su veredicto que Israel "se compromete a cumplir el derecho internacional humanitario" y "está tomando medidas para aliviar la situación humanitaria" en Gaza, enfatizó.

La solicitud sudafricana está en consonancia con una tendencia más amplia en la CIJ hacia este tipo de decisiones y eso es lo que alienta cierto optimismo a su causa. Las partes en litigio han estado buscando –y logrando– medidas provisionales con una frecuencia cada vez mayor: en la última década, el tribunal de La Haya ha acordado medidas provisionales en 11 casos, en comparación con 10 en los primeros 50 años de existencia del tribunal (entre 1945 y 1995).

Al igual que las medidas cautelares emitidas por los tribunales nacionales, las medidas provisionales de la CIJ buscan congelar una situación jurídica entre las partes para garantizar la integridad de una futura sentencia definitiva. De qué vale todo el proceso si Gaza para entonces no existe.

Durante un tiempo, hubo dudas sobre si la Corte consideraba que estas medidas eran vinculantes, pero el tribunal las disipó en la sentencia LaGrand de junio de 2001, donde sostuvo que los fallos sí eran vinculantes, dada la "función básica del tribunal de solución judicial de disputas internacionales". Tanto Sudáfrica como Israel reconocen y son firmantes de la CIJ, los dos han comparecido en la vista y avalan el proceso, por tanto los dos deberían sentirse obligados a acatar y, en su caso, aplicar lo que los magistrados decidan. 

En la práctica no es tan sencillo. El abogado estadounidense Mattei Alexianu ha hecho un estudio en el que señala que se cumplieron las medidas dictadas por el alto tribunal en un 50% de ocasiones, cita The Guardian. En los más recientes y sonados, el estado perdedor ha hecho como el que oye llover y no ha movido un dedo: hablamos de los casos de Ucrania contra Rusia por su invasión; las acusaciones de genocidio de Gambia contra Myanmar o las sanciones de Estados Unidos contra Irán. A mayor contundencia de la reclamación, menor cumplimiento, además. 

Como esta corte no tiene poderes de aplicación, entraría en juego, de nuevo, la política, la misma por la que EEUU está vetando resoluciones del Consejo de Seguridad desde que comenzó el conflicto por proteger a Israel. Los países tendrían que hacer cumplir lo decidido, a través del máximo órgano de la ONU. Es quien tiene la autoridad para imponer el mandato judicial que sea a Israel o penalizarlo por negarse a cumplirlo. 

En la CIJ, por cierto, hay 15 jueces, de los que cinco representan a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EEUU, China, el Reino Unido, Francia y Rusia), y los diez restantes son representantes de varios países. 

Pero dejando de lado si Israel cumpliría cualquier orden de la CIJ de cambiar sus tácticas militares y desistir de cualquier acto calificado como genocidio, el daño a la reputación de Israel de tal fallo sería sustancial y, como mínimo, podría producir una modificación de su campaña militar. Será muy difícil ignorar una conclusión adversa para Tel Aviv y, también, para sus aliados. Si Washington veta en el Consejo medidas para la aplicación de una orden de restricción temporal, se encontraría en una posición aún más incómoda y expuesta que antes, en vista de la gravedad de la acusación. Un escenario muy complicado, además, para un presidente como Joe Biden, al que no paran de lloverle frentes abiertos en pleno año electoral. Muy sensible. 

El Gobierno de Benjamin Netanyahu, afirma la prensa israelí, está tremendamente preocupado por la percepción de su causa en la escena internacional. Empezó fuerte, con el aval a su derecho a defenderse tras el brutal ataque de Hamás contra su territorio, que dejó más de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados en la franja de Gaza. Con el paso de las semanas, sin embargo, las posturas se han modificado, reclamándole más mesura, que se atenga a las leyes de la guerra, que afine en el tiro con Hamás pero no mate civiles palestinos, que conceda treguas humanitarias para que entre la ayuda.

Hasta Biden ha elevado el tono, por más que en los actos siga estando con Israel, vendiéndole armas y bloqueando decisiones en la ONU. Las palabras del presidente reconociendo que no estaba en sintonía con Netanyahu son, pese a todo, nuevas y demuestran el descontento de la Casa Blanca con el gobierno más radical de la historia de Israel, que no reduce su violencia en Gaza y Cisjordania ni plantea un plan para el futuro de la franja sin Hamás ni hace gestos por aminorar la tensión en la región, que ya empieza a desbordarse. 

Por esa preocupación ha accedido a ir a La Haya, pese a su desprecio de otro tiempo, porque sabe de las consecuencias diplomáticas, económicas o de seguridad que le puede acarrear una condena por genocidio. Aunque el Consejo no haga nada, también puede ocurrir que algunos países impongan sanciones tras un veredicto en contra, por ejemplo, aunque por ahora es una palabra intocable en Occidente. Nadie sabe aún qué consecuencias puede tener la creciente ola de escrutinio contra Israel.

Los argumentos del denunciante...

Sudáfrica pide la reparación temporal y la condena de Israel en un documento de 80 páginas, repleto de referencias detalladas da altos funcionarios e informes de la ONU, intentando probar la supuesta intención genocida de sus mandatarios, aunque en este tribunal se dirimen conflictos entre estados y no puede condenarse a personas, a título individual. Pretoria ha forjado un importante equipo jurídico, con buen conocimiento en la materia.

Según reza su argumentario, "los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio" y "la conducta de Israel –a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia– en relación con los palestinos en Gaza viola sus obligaciones bajo la convención sobre genocidio". 

Sudáfrica busca demostrar que las medidas que Israel ha tomado en estos meses van más allá de la autodefensa y apuntan a la destrucción de los palestinos, sistemática. Una afirmación para la que se apoya en los datos de muertos, mutilados, desplazados, hambrientos... que conocemos de estas semanas de guerra y que no por conocidos dejan de ser contundentes, enumerados uno a uno ante la corte. Añaden dos detalles en los que se repara menos: el grado en que la vida cultural palestina ha sido atacada y cómo altos funcionarios israelíes, sin cortarse, han abogado repetidamente por la destrucción no sólo de Hamás, sino de los palestinos. Detalla numerosos ejemplos de "incitación directa y pública a cometer genocidio por parte de funcionarios del Estado israelí", incluido Netanyahu. 

... y los de la defensa

Nada de lo anterior lo comparte Israel, obviamente. En su alegato de defensa, el viernes, acusó a Sudáfrica de presentar a la CIJ una "imagen fáctica y jurídica profundamente distorsionada" de la realidad de su guerra, que definió como una respuesta "al mayor asesinato en masa calculado de judíos en un día desde el Holocausto", el del 7 de octubre. 

Es más: el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, acusó a Sudáfrica de violar la Convención sobre Genocidio al apoyar a la "organización terrorista" Hamás, ya que busca "la eliminación del Estado de Israel". "Cuando se trata de Israel, parece que los dobles raseros de algunos países del mundo gritan hasta el cielo. No hay fundamento para las reclamaciones de Sudáfrica contra Israel", afirmó en un comunicado tras finalizar la primera audiencia del caso. 

Netanyahu, el premier, ya había afirmado: "Hoy volvemos a ver un mundo al revés: el Estado de Israel es acusado de genocidio mientras lucha contra el genocidio". "Israel está luchando contra terroristas asesinos que han cometido terribles crímenes contra la humanidad: masacraron, violaron, quemaron, desmembraron, mataron a niños, mujeres, ancianos, hombres jóvenes, mujeres jóvenes...", añadió tras conocer los argumentos sudafricanos. "Continuaremos luchando contra los terroristas, rechazando las mentiras, manteniendo nuestro derecho a defendernos y asegurar nuestro futuro, hasta la victoria absoluta", avanzó. 

Por ahora, es la única realidad: que la guerra sigue. Pero hay un viento nuevo que puede cambiar, quizá, las cosas.