Imputación federal de Trump: todo lo que le queda por afrontar aún en los tribunales

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha informado esta madrugada de su imputación por el manejo de información clasificada después de que dejara la presidencia del país, según ha publicado el propio exmandatario en su cuenta de Truth Social. Los papeles clasificados que se encontraron en su mansión de Mar-a-lago tienen la culpa. "La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados de que he sido imputado, aparentemente por el bulo de las cajas -de documentos clasificados- (...) Nunca pensé que fuera posible que algo así pudiera pasarle a un expresidente de Estados Unidos (...) Este es un DÍA OSCURO para Estados Unidos. Somos un país en grave y rápido declive, ¡pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande!", ha publicado Trump.

Al salir de la Casa Blanca, Trump se llevó cajas enteras de documentos, pese a que una ley de 1978 obliga a todos los presidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.

En enero de 2022 Trump devolvió 15 cajas. Pero la policía federal estimó que el exmandatario probablemente tenía más en su residencia de Mar-a-Lago. Posteriormente, agentes del FBI llevaron a cabo un registro, previo mandato judicial, por "retención de documentos clasificados" y "obstrucción de una investigación federal", y confiscaron una treintena de cajas más.

Entonces se abrió una intensa batalla legal para determinar la naturaleza de los documentos incautados (¿clasificados? ¿personales? ¿desclasificados?) lo que ralentizó el procedimiento, pero el caso puede desembocar en una inculpación federal. El fiscal especial Smith también investiga el caso.

Es la primera vez en la historia que antiguo mandatario se enfrenta a cargos penales. Se le investiga por siete supuestos delitos como retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción de la justicia y conspiración, ha avanzado la prensa norteamericana. Sin embargo, el magnate se encuentra atrapado en una maraña judicial mucho mayor, que se ha enredado en los últimos meses y que amenaza con ensombrecerle el camino a las elecciones presidenciales de 2024, en las que aspira a ser de nuevo el candidato del Partido Republicano.   

Vayamos a lo que se ha resuelto (un poco) este 2023: por un lado, en abril, Trump se convirtió en el primer expresidente en enfrentar cargos penales, por la Corte Penal de Manhattan (EEUU). Es un caso estatal, no federal. De ahí la diferencia con el proceso conocido la pasada noche. El juez lo procesó por el caso Stormy Daniels, por un presunto soborno a la actriz porno Stephanie Clifford, para que guardara silencio sobre una relación extramatrimonial con él. 

Contra Trump hay 34 cargos por supuesta falsificación de registros comerciales, de los que él se declara inocente. Según el documento de acusación, los cargos se derivan de una remuneración que Trump habría dado a un abogado los días previos a las elecciones de 2016. Este letrado habría pagado 130.000 dólares a la actriz y productora para que no diera a conocer públicamente que supuestamente había mantenido una relación extramarital con el expresidente hace unos años. Un acuerdo privado previo sobre ello es perfectamente legal. Lo que no lo es tanto es pagar y falsificar papeles para tapar el pago. 

En mayo, Trump fue declarado culpable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll, a la que atacó en los probadores de un centro comercial de lujo en los años 90. La autora lo denunció por violación, eso no fue reconocido por los jueces, pero sí que hubo abuso y la difamó al negarlo luego. El republicano tendrá que pagarle alrededor de 4,5 millones de euros. La víctima no lo denunció en su momento por miedo a que nadie la creyera pero inspirada en el movimiento MeToo se lanzó a denunciar y, ahora. tiene justicia. 

Ahora, además, la periodista ha decidido ampliar su denuncia por difamación, porque Trump, tras conocerse la decisión de los jueces, insistió en que no había pasado nada. Los hechos eran "totalmente falsos" y no conocía "de nada" a la demandante, insistió. Los abogados de la mujer sostienen que se está burlando de ella y que esos comentarios la dañan.  

Aunque sus agresiones a mujeres, de un tipo o de otro, son muy mediáticas y escandalosas, los cargos por estos procesos son los que menos daño pueden hacerle. Hay otros procesos, de cariz político, que son los que le pueden dar verdaderos dolores de cabeza. Uno es el de los papeles de su mansión, que ahora ha pasado a una nueva fase, pero también está el caso del asalto al Capitolio de Washington del 6 de enero de 2021. En noviembre pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de una investigación para determinar la posible implicación de Trump en el ataque, llevado a cabo por sus seguidores y considerado como el mayor ataque reciente a la democracia del país. 

La Fiscalía quiere esclarecer si el entonces presidente instigó a sus seguidores para que estos irrumpieran en el Capitolio. Las pesquisas se centrarán en averiguar si hubo una o más personas que “interfirieron en el traspaso de poder” y en el proceso de ratificación de Joe Biden como presidente el 6 de enero de 2021 en el Congreso, tras ganar los comicios de 2020 frente a Trump.

Otro caso penal al que podría enfrentarse Trump está en el estado de Georgia, donde la fiscalía investiga los intentos del expresidente de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. La famosa teoría del fraude. Los fiscales han presentado hasta ahora a un gran jurado el testimonio de 75 personas, incluidos en el que fuera abogado personal de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, así como el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quien tiene la responsabilidad de certificar los resultados electorales.

Según la fiscalía, Raffensperger fue presionado por Trump el 2 de enero de 2021 para que revirtiera el resultado de los comicios de noviembre de 2020. En concreto, Trump le pidió a Raffensperger "buscar" los votos que fueran necesarios para anular la victoria de Biden.

Y el dinero, también

En enero, la Trump Organization fue condenada en Nueva York al pago de una multa de hasta 1,6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero. Es un caso por lo penal pero le espera otro por lo civil dentro de unos meses.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, una demócrata, ha presentado una demanda contra Trump, sus hijos y la Trump Organization. Les acusa de haber manipulado "deliberadamente" el valor de los activos del grupo -que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y otras propiedades- para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o reducir impuestos.

Reclama 250 millones de dólares en daños y perjuicios en nombre del estado, así como que se prohíba al expresidente y sus familiares administrar empresas.

Una larga relación con la justicia

Trump sabe bien lo que es pelearse con los tribunales. Ya enfrentó su primer escrutinio legal en la década de 1970, cuando el Departamento de Justicia presentó un caso de discriminación racial contra el negocio inmobiliario de su familia, informa la agencia AP. Trump y su padre lucharon ferozmente contra la demanda, que los acusaba de negarse a alquilar apartamentos a inquilinos negros en edificios predominantemente blancos. El testimonio mostró que las solicitudes presentadas por posibles inquilinos negros estaban marcadas con una "C" para "de color". Trump contrademandó por 100 millones de dólares, acusando al Gobierno de difamación.

El caso terminó con un acuerdo que abrió el camino para algunos inquilinos negros, pero no obligó a los Trump a reconocer explícitamente que habían “fracasado y descuidado” el cumplimiento de la Ley de Vivienda Justa.

Desde entonces, Trump y sus negocios han sido objeto de miles de demandas civiles y numerosas investigaciones. Ha habido investigaciones sobre sus negocios con casinos y bienes raíces, acusaciones de soborno y cabildeo inapropiado, acusaciones de fraude contra la ahora desaparecida Universidad Trump y la Fundación caritativa Trump y una investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre las ventas en el hotel-condominio Trump SoHo en Bajo Manhattan.

De hecho, según Citizens for Responsibility and Ethics, una ONG con sede en Washington , un grupo de vigilancia del gobierno abreviado CREW, en noviembre de 2022, Trump había sido acusado de cometer al menos 56 delitos penales desde que lanzó su campaña en 2015, sin incluir acusaciones de tratos comerciales fraudulentos. Pero nunca ha sido acusado formalmente. Trump es un maestro de las tácticas dilatorias, “encontrando formas de demorar infinitamente con la esperanza de que la investigación y el litigio desaparezcan. Y ha tenido un éxito notable”, sostiene a la citada agencia el presidente de CREW, Noah Bookbinder, exfiscal federal anticorrupción.

“Hace que la rendición de cuentas sea absolutamente esencial porque no podemos tener personas en una democracia que funcione operando en posiciones de poder con total impunidad donde pueden cometer delitos y nunca tener que enfrentar ninguna consecuencia”, dijo. La réplica de Trump a un discurso tan fuerte fue: no comete ningún delito, por lo que las consecuencias serían injustas.

Como presidente, Trump continuó enfrentándose a la sospecha de la justicia. Durante dos años, el Departamento de Justicia investigó los vínculos de su campaña de 2016 con Rusia. Si bien el fiscal especial Robert Mueller nunca encontró evidencia directa de colusión, su informe final presentó evidencia de obstrucción. Señaló que, debido a una opinión del departamento que prohíbe acusar a un presidente en ejercicio, no podía recomendar que Trump fuera acusado penalmente, ni siquiera en secreto.