A la horca por un kilo de marihuana

Apenas 24 horas. Ése es el breve período de tiempo que le queda con vida a Tangaraju Suppiah (más conocido entre sus allegados como Appu) antes de que sea ahorcado. Sobre él pesa una condena a la pena capital, desde 2017, por ser cómplice en el tráfico de 1 kilogramo de marihuana. 

¿Por qué? Porque este delito se castiga así en Singapur y está previsto que el hermano de Leela, quien es el rostro visible de una campaña para evitar a toda costa la considerada como una sentencia desproporcionada. En una entrevista con la Agencia EFE ha asegurado que ni ella ni Appu han perdido la esperanza en que haya un giro de guion en un caso denunciado por sus irregularidades.

"Tiene mucha fe y está muy esperanzado en que un perdón presidencial salve su vida. Se mantiene positivo", dice a la mencionada agencia Leela, quien ha visitado cada día a su hermano en la prisión de Changi, desde que hace una semana las autoridades de Singapur pusieron fecha a la ejecución. Mañana, martes 26 de abril. Como la canción de Eduardo Aute, la ejecución será al alba.

Tangaraju, singapurense de 46 años y origen tamil, fue condenado a muerte en 2017 por "ser cómplice en una conspiración para traficar" 1 kilo de marihuana de Malasia a Singapur cuatro años antes. Tanto él como sus abogados afirman que nunca vio o tocó las drogas y que fue involucrado por terceros por unos intercambios por teléfono cuyo contenido tampoco se presentó en el juicio.

Consumidor de marihuana desde la adolescencia, "Appu" creció en el seno de una familia humilde y pasó su juventud entrando y saliendo de centros de menores y de la cárcel, cuenta Leela a EFE. Fue a raíz de una detención por no presentarse para un control de drogas mientras estaba en libertad condicional cuando le implicaron en este caso.

"Incluso su abogado le aconsejó que no se declarara culpable, por lo que le habrían bajado la pena a 12 años de cárcel, al ver que las pruebas eran tan débiles", lamenta su hermana. Pero la estrategia no funcionó, y la sentencia a muerte de 2017 fue refrendada por otra corte a finales de 2022, tras la última apelación posible.

Singapur 'no perdona' desde 1998

Exhausta por sus intentos de explorar todas las vías posibles para frenarla ahora, entre ellas una carta pidiendo clemencia enviada el domingo a la presidenta singapurense, Halimah Yacob, Leela implora justicia y mantiene la inocencia de su hermano.

No obstante, los perdones presidenciales son poco habituales en Singapur: el último data de 1998, en un caso de asesinato, según el registro de Transformative Justice Collective (TJC), una oenegé isleña que pide la abolición de la pena capital.

La cosmopolita Singapur tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta, y contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana, en drástico contraste con el aumento de la legalización del cannabis en varios países, entre ellos la vecina Tailandia.

Las autoridades isleñas defiende la pena de muerte como "componente esencial" de su sistema judicial y garantía para frenar el consumo -lo que cuestionan las oenegés-, y el año pasado batió récords llevando a cabo once ejecuciones de narcotraficantes, entre ellas la de un preso con discapacidad intelectual, pese a las críticas de la ONU.

Salvo cambios de última hora, Tangaraju será el primer ejecutado de 2023, ahorcamientos que se llevan a cabo en la fecha programada al alba y rodeados de secretismo.

La ONU reclama suspender la ejecución

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, reclamó hoy a las autoridades de Singapur que detengan la inminente ejecución de un hombre de 46 años condenado por traficar con un kilo de marihuana que, de llevarse a cabo, sería la primera del año.

"Urgimos al Gobierno a reconsiderar esta ejecución y a dar pasos hacia el completo respeto al derecho a la vida, el más fundamental de los derechos humanos", destacó en rueda de prensa Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina dirigida por Türk.

La oficina de Naciones Unidas, añadió, abriga dudas sobre si el proceso contra el condenado, Tangaraju Suppiah, tuvo las necesarias garantías. "La imposición de la pena de muerte por delitos relacionados con estupefacientes no es compatible con las normas y estándares internacionales", recordó Shamdasani.