Amnistía Internacional denuncia un "doble rasero" mundial en materia de derechos humanos 

Amnistía Internacional ha denunciado este martes un "doble rasero" en materia de Derechos Humanos a nivel internacional que, a su juicio, queda reflejado en la "contundencia" occidental en su respuesta ante la invasión rusa de Ucrania frente a la "deplorable ausencia de medidas significativas" ante las violaciones por parte de algunos de sus aliados.

"La invasión rusa de Ucrania es un ejemplo espeluznante de lo que sucede cuando los estados creen que pueden incumplir el Derecho Internacional y violar los Derechos Humanos sin pagar sus consecuencias", ha señalado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

Así, ha sostenido que "si el sistema hubiese funcionado y se hubiese hecho rendir cuentas a Rusia por sus crímenes documentados en Chechenia y Siria, podrían haberse salvado miles de vidas entonces y ahora, en Ucrania y en otros lugares". "En cambio, nos toca lidiar con más sufrimiento y devastación", ha lamentado en la presentación del Informe Anual 2022. 

"Si la guerra de agresión rusa deja algo claro para el futuro del mundo es la importancia de contar con un orden internacional basado en unas normas que se apliquen de manera efectiva y coherente. Todos los estados deben intensificar sus esfuerzos para contar con un orden basado en reglas y renovado que beneficie a todas las personas en todas partes", ha explicado.

En este sentido, ha dicho que "la agresión rusa contra Ucrania es también una guerra contra los valores universales y los sistemas multilaterales ideados para defenderlos", por lo que ha argumentado que "si quiere ganar esta guerra, el mundo occidental no puede consentir en la práctica una agresión similar en otros países solamente porque sus intereses estén en juego".

"De hecho, el doble rasero de Occidente quedó en evidencia ante el clamoroso silencio que acompañó a las violaciones de Derechos Humanos cometidas en Arabia Saudí y Egipto, así como en sus respuestas incoherentes al grave impacto que sobre los Derechos Humanos tienen otros conflictos, algunos de los cuales constituyen crímenes contra la humanidad, y a la protección de las personas refugiadas que huyen de ellos", ha manifestado.

"Los países aplicaron los Derechos Humanos dependiendo del caso, en un asombroso espectáculo de hipocresía y doble moral", ha argüido, antes de pedir a "los estados que hasta ahora no han osado alzar la voz" que "tomen cartas en el asunto y se posicionen en contra de los abusos, dondequiera que se cometan". "Necesitamos menos hipocresía, menos cinismo y una acción de todos los estados que sea más coherente (...) para promover y proteger todos los derechos", ha indicado.

Callamard ha incidido en que "en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, el sistema de apartheid se vio consolidado" y ha agregado que "los sucesivos gobiernos israelíes tomaron medidas que obligaron a más palestinos a abandonar sus hogares y ampliaron los asentamientos ilegales". "En lugar de exigir el fin de ese sistema de opresión, muchos gobiernos occidentales optaron por atacar a quienes denunciaban el sistema de apartheid", ha apuntado.

Refugiados: depende y cómo

Asimismo, ha criticado que "las puertas de la UE, abiertas a los ucranianos que huían de la agresión rusa, permanecieron cerradas para quienes escapaban de la guerra y la represión en Afganistán y Siria". "Entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, Estados Unidos expulsó a más de 25.000 haitianos y detuvo y sometió a muchas de ellos a tortura y malos tratos motivados por el racismo contra los negros", ha denunciado.

"Estos ejemplos no hicieron sino confirmar al resto del mundo que el apoyo de Occidente a los Derechos Humanos es selectivo e interesado, lo que socava el apoyo a Ucrania. Ese doble rasero no benefició únicamente a las potencias occidentales", ha dicho, antes de afirmar que "China siguió eludiendo la condena internacional (...) pese a las masivas violaciones de Derechos Humanos (...) que se cometían en su territorio contra la población uigur y otras minorías musulmanas".

En este sentido, la ONG ha recordado que, si bien el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a un relator sobre la situación en Rusia y creó un mecanismo de investigación sobre Irán por la represión de las protestas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo, votó no seguir investigando sus propias conclusiones sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Xinjiang y suspendió una resolución sobre Filipinas.

Por ello, Callamard ha dicho que "cualquier lógica que pretenda defender que la respuesta mundial a la agresión rusa supone un punto de inflexión para instaurar un sistema internacional basado en valores y en el Estado de Derecho queda socavada por el palpable deterioro en la protección de los Derechos Humanos que los estados han de garantizar en sus territorios".

Así, ha puesto como ejemplo que "en Brasil, Canadá, Suecia, Tanzania y Vietnam, entre otros países, se vulneraron los derechos de los pueblos indígenas, al no protegerlos frente a las expropiaciones de sus tierras por parte de empresas o poderes públicos". "El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló una antigua garantía constitucional de acceso al aborto, lo que puso en peligro el ejercicio de derechos fundamentales", ha resaltado.

"En Afganistán, los talibán impusieron restricciones draconianas que negaban a mujeres y niñas el derecho a la educación, al trabajo y la autonomía, al tiempo que proclamaban públicamente la sumisión de la mujer al hombre. En Irán, la 'Policía de la moral' asesinó a Amini por llevar mal colocado el hiyab, lo que desencadenó protestas en las que resultaron heridas, detenidas o muertas más mujeres y niñas", ha recordado.

Sin punto de inflexión

Por ello, ha dicho que "puede que 2022 haya supuesto una encrucijada para el orden internacional", incluido un aumento de la cooperación entre Estados Unidos y otras potencias occidentales en el seno de la OTAN, si bien ha lamentado que "no hubo ningún punto de inflexión en los Derechos Humanos, que, por contra, siguieron en caída libre".

"La agresión rusa sirvió para desestabilizar aún más un sistema internacional multilateral ya debilitado por estados poderosos que llevaban decenios burlando impunemente el Derecho Internacional. La guerra restó recursos y atención a la crisis climática, a otros conflictos de larga data y al sufrimiento humano en todo el mundo", ha defendido.

Callamard ha aseverado además que "para reflejar las realidades de hoy, es preciso acometer una reforma profunda del sistema internacional". "No podemos permitir que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU continúen ejerciendo su poder de veto y haciendo un uso abusivo de sus privilegios sin control. La falta de transparencia y eficacia del proceso de toma de decisiones del Consejo deja a todo el sistema expuesto a la manipulación, los abusos y un funcionamiento deficiente", ha zanjado.

Por último, ha indicado que "los costes devastadores de una crisis climática fuera de control quedaron meridianamente claros". "Las inundaciones, las sequías, las olas de calor y los incendios provocaron muertes, pérdidas de viviendas y medios de subsistencia, y una creciente inseguridad alimentaria", ha dicho, antes de lamentar que la COP27 se saldara sin un acuerdo sobre "medidas necesarias para mantener el aumento de la temperatura global por debajo del umbral de 1,5 grados".

"Los estados se negaron a atajar el impulsor principal del calentamiento global: la producción y el uso de combustibles fósiles. La cooperación global para frenar este aumento de temperatura fue ineficaz y las negociaciones no dieron lugar a los compromisos indispensables para eliminar gradualmente todos los combustibles fósiles", ha apostillado.

¿Y España? Falta rendición de cuentas

Amnistía Internacional también examina la situación de España en el pasado año. Afirma que en 2022 se ha agravado "el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas", pues las autoridades no han investigado la vulneración de derechos en casos como la "masacre" en la valla fronteriza en Melilla.

Su informe constata un agravamiento de la violación de derechos en dicha frontera. El año pasado murieron al menos 27 inmigrantes, mientras que distintas organizaciones elevan la cifra a al menos 37, en un intento masivo de saltar la valla desde Marruecos tras el que organismos internacionales y organizaciones pro derechos humanos reclamaron que se investigara la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas.

Respecto a las residencias de mayores, advierte de que tres años después del inicio de la pandemia las autoridades españolas han incumplido su obligación de investigar de forma "exhaustiva y adecuada" el abandono que sufrieron muchos de ellos, con numerosas denuncias de familiares de muertes por una deficiente atención.

También denuncia los "abusos que ampara" la conocida como ley mordaza, sobre seguridad ciudadana y que fue aprobada por el anterior Gobierno conservador, "que han dejado a la ciudadanía desprotegida frente al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad".

Para esta organización, el hecho de que con el actual Gobierno de izquierda no se haya reformado aún supone una oportunidad perdida "en materia de libertad de expresión, reunión y manifestación, así como en inmigración, ya que la ley sigue avalando las devoluciones ilegales en frontera".

Además, se han utilizado programas de espionaje "que han violado el derecho a la privacidad de periodistas, autoridades y sociedad civil".

Sobre la ley de secretos oficiales, que data de 1968 y está en fase de reforma, sostiene que un enfoque más restrictivo de lo que es clasificable como secreto de Estado estaría "más en línea con los estándares del derecho internacional en materia de transparencia y derechos humanos".

El informe reconoce ciertos "esfuerzos" por parte del Gobierno, como ayudas sociales frente a la subida de costes de la energía o un límite a alza del alquiler de vivienda, pero a la vez pide más inversión en ámbitos como la sanidad.

Igualmente, valora la nueva ley contra la violencia sexual, como "un gran paso para la prevención, atención y protección de las mujeres, niñas y víctimas", y aprecia en la ley trans mejoras en los derechos de personas LGTBI. Agnès Callamard alabó ley del "solo sí es sí"  como "muy positiva" por su foco en el consentimiento, si bien recordó que hacen falta muchos pasos similares más para proteger a las mujeres en todo el mundo. "Hemos remarcado esa ley y el reconocimiento del consentimiento como fundamental para el derecho de las mujeres a la autonomía de su cuerpo, el derecho de la mujer a elegir, el derecho de la mujer a sus derechos sexuales y reproductivos. Hemos reconocido que el consentimiento es fundamental y que ese paso legal es muy positivo", precisó a EFE Callamard.

También observa mejoras en el acceso al aborto, con "un reconocimiento más amplio del derechos a la reproducción y la maternidad libremente decidida" en una nueva ley.