Eliminan las pruebas de crímenes de guerra rusos y la prensa señala a EEUU
Los recortes ordenados por el nuevo departamento de Elon Musk, alentados por Trump, llegan a la Universidad de Yale, que investiga el robo de niños ucranianos por parte de Putin. Hay una orden de arresto por ello de la Corte Penal Internacional.
Escandaloso: se estima que pruebas de supuestos crímenes de guerra ejecutados por Rusia en Ucrania y valoradas en 26 millones de dólares podrían haber sido eliminadas. ¿La razón? La suspensión por parte de Estados Unidos de un programa para rastrear a niños ucranianos secuestrados por la Federación, un caso que está en manos de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga por ello al propio presidente ruso, Vladimir Putin.
Los legisladores demócratas estadounidenses pedirán a la Administración del presidente Donald Trump que restablezca el programa, informa Reuters, pero el problema es que, además del corte en la financiación, se han podido perder ya datos esenciales por el borrado forzoso de datos reclamado por el Gobierno del republicano, que está bloqueando miles de investigaciones científicas.
Afirman los progresistas que Trump ha puesto fin a una iniciativa financiada por el gobierno liderada por el Laboratorio de Investigación de Humanidades de Yale (Yale HRL) que rastreó la deportación masiva de niños de Ucrania, en medio de recortes a una amplia gama de programas del Fobierno de EEUU y la mayor parte de la ayuda exterior, incluyendo la cooperación de USAID.
El Departamento de Estado y Yale HRL preservaron evidencia del secuestro de esos menores de Ucrania, que habían identificado para compartir con Europol y el Gobierno de Kiev para asegurar el regreso de los niños. Esta decisión de la administración norteamericana significa que los investigadores han perdido el acceso a una enorme cantidad de información, incluidas imágenes satelitales y otros datos, sobre unos 30.000 niños sacados de Ucrania.
"Tenemos motivos para creer que los datos del repositorio han sido eliminados permanentemente. De ser cierto, esto tendría consecuencias devastadoras", declararon los legisladores demócratas, encabezados por el representante de Ohio Greg Landsman, en una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, vista por Reuters el martes y enviada al día siguiente.
La noticia se conoció el mismo día en que Trump y el líder ruso, Vladimir Putin, mantuvieron una conversación telefónica en la que Rusia no aceptó un cese de hostilidades de 30 días. Apenas hay acuerdo para un armisticio sobre instalaciones vitales, que ayer mismo se incumplió.
Una persona familiarizada con el programa de rastreo dijo que se eliminaron pruebas de crímenes de guerra por un valor de 26 millones de dólares después de que el Departamento de Estado rescindiera su contrato con Yale HRL. "Se llevaron 26 millones de dólares de dinero de los contribuyentes estadounidenses utilizados para recopilar datos sobre crímenes de guerra y los tiraron a la trituradora, incluidos los expedientes de todos los niños", dijo la fuente.
"Si querías proteger a Putin de un proceso judicial, lo destruías con una bomba atómica. Y lo hicieron. Es la versión final, admisible ante los tribunales, con todos los metadatos", dijo una fuente al diario European Pravda, además.
Órdenes de arresto
En marzo de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el gobernante ruso Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, que es la comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño y quien también está acusada de crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal y el secuestro de niños ucranianos.
En diciembre de 2024, durante la presidencia de Joe Biden en EEUU, el Departamento de Estado anunció restricciones de visas contra cinco personas vinculadas a la deportación, reubicación y detención forzada de niños ucranianos.
El Gobierno ucraniano ha declarado esta semana que 1,6 millones de niños ucranianos se encuentran "bajo control ruso" y ha denunciado que muchos son reclutados a la fuerza en organizaciones militares y programas de propaganda para "destruir su identidad". El jefe de la Oficina de la Presidencia, Andri Yermak, se ha hecho eco de las estimaciones de organizaciones ucranianas de Derechos Humanos para denunciar estas cifras, que se reparten entre "deportados u obligados a vivir bajo la ocupación", en muchos casos obligándoles a aceptar la ciudadanía rusa.
