El Supremo británico tumba el plan del Gobierno para deportar a Ruanda a demandantes de asilo
Considera que hay un riesgo de que los peticionarios enviados al país africano puedan estar en peligro de ser deportados a sus países de origen.
El Tribunal Supremo del Reino Unido, máxima instancia judicial del país, consideró este miércoles ilegal el plan del Gobierno británico de enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que entran de manera clandestina en el país.
En un dictamen unánime de cinco jueces, el presidente del Supremo, Robert Reed, consideró que, a la luz de las evidencias, hay un riesgo de que los demandantes de asilo enviados a Ruanda puedan estar en peligro de ser deportados a sus países de origen, de los que huyeron.
El primer vuelo previsto quedó paralizado in extremis por intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que respondió a una queja de organizaciones. A finales de junio, un tribunal británico determinó que el plan de deportaciones aprobado durante la etapa de Boris Johnson en Downing Street era ilegal.
El Supremo ha dado a conocer su decisión después de que el Ejecutivo de Rishi Sunak recurriera ese dictamen de una corte inferior -la Corte de Apelación-, que consideró también que Ruanda no era "un país seguro" para enviar a migrantes en situación irregular. Con el dictamen de la máxima instancia judicial del Reino Unido, los magistrados dieron la razón a varios solicitantes de asilo y organizaciones no gubernamentales, que argumentaron en todo momento las deficiencias del país africano en materia de derechos humanos.
Reed explicó que la misión de la corte en este caso era puramente legal y que no se tenía en cuenta el actual debate político sobre la política migratoria, y agregó que se evaluaron leyes y tratados internacionales en materia migratoria y de derechos humanos.
El presidente hizo hincapié, además, en el principio legal fundamental de que no se debe devolver a un solicitante de asilo a su país de origen sin haber "considerado sus reclamaciones" sobre el peligro que supondría ese retorno.
La decisión de hoy supone un duro varapalo para la política migratoria del Ejecutivo conservador, puesto que el plan de Ruanda -iniciado en abril de 2020 cuando Boris Johnson era primer ministro- era central para atajar el aumento de los botes con migrantes que cruzan el Canal de la Mancha, que separa Inglaterra de Francia.
La noticia llega cuando el Gobierno acaba de retirar del cargo a la ministra de Interior que con más pasión defendía la medida, Suella Braverman, caída en desgracia por criticar a la Policía londinense y su autorización a una protesta propalestina el pasado fin de semana.
Sunak: "El resultado no es el esperado"
Nada más conocer la noticia, el primer ministros de Reino Unido, Rishi Sunak, admitió que el veredicto del Tribunal Supremo "no era el resultado" que ansiaban, aunque insistió en que está "completamente comprometido a detener las pateras".
Además, aseguró que el Gobierno "considerará ahora los próximos pasos a seguir" tras la sentencia de hoy. "La migración ilegal destruye vidas y cuesta a los contribuyentes británicos millones de libras al año. Necesitamos ponerle fin y haremos lo que sea necesario para lograrlo", dijo Sunak en un comunicado compartido con los medios.
"Este no era el resultado que queríamos, pero hemos pasado los últimos meses planificando todas las eventualidades y seguimos completamente comprometidos a detener los barcos", apuntó.
"Dejarán de venir por completo"
El líder conservador agregó que los migrantes "dejarán de venir por completo y detendremos los barcos" si saben que entran en el Reino Unido de forma irregular.
El Supremo dio a conocer su decisión después de que el Ejecutivo de Rishi Sunak recurriera el dictamen de una corte inferior -la Corte de Apelación- que consideró también que Ruanda no era "un país seguro" para enviar a migrantes en situación irregular.
El presidente del Supremo, Robert Reed, explicó que la misión de la corte era legal y que no tenía en cuenta el debate político sobre la política migratoria, y que había evaluado leyes y tratados internacionales en materia migratoria y de derechos humanos.
