El Gobierno de Meloni, denunciado al Tribunal de Cuentas por el envío de migrantes a Albania

El Gobierno de Meloni, denunciado al Tribunal de Cuentas por el envío de migrantes a Albania

El portavoz del partido opositor Movimiento 5 Estrellas ha pedido a la justicia que valore si el Ejecutivo ha incurrido en eventuales delitos financieros con el envío a Albania de 16 inmigrantes movilizando "ingentes recursos públicos".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni.EFE/EPA/FILIPPO ATTILI

El Gobierno de Italia, de la ultraderechista Giorgia Meloni, ha sido denunciado este lunes al Tribunal de Cuentas por el gasto de "ingentes" fondos públicos en el envío de inmigrantes a sus polémicos centros en Albania.

El portavoz del partido opositor Movimiento 5 Estrellas (M5S), Alfonso Colucci, ha pedido a la justicia que valore si el Ejecutivo ha incurrido en eventuales delitos financieros con el envío a Albania de 16 inmigrantes movilizando "ingentes recursos públicos".

En el centro de la cuestión está la construcción en Albania de dos centros de retención -acordados con el primer ministro albanés Edi Rama- a los que Meloni quiere destinar a los inmigrantes que lleguen a Italia para aligerar el sistema de peticiones de asilo.

El miércoles de la primera semana llegaron los 16 primeros inmigrantes a bordo del buque militar 'Libra' pero 4 tuvieron que ser devueltos inmediatamente a Italia, dos porque eran menores y otros dos porque eran personas vulnerables.

Asimismo, el pasado viernes el Tribunal de Roma no convalidó la retención de los doce inmigrantes que quedaban en los centros albaneses y ordenó su regreso a Italia, lo que ha provocado un fuerte encontronazo entre el Gobierno y los jueces.

La oposición ha denunciado que el viaje a Albania había costado a las arcas públicas cerca de 290.000 euros dado el coste de mover el buque militar, con 60 miembros en la tripulación, lo que supone unos 18.000 euros por cada uno de los 16 inmigrantes iniciales.

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Mientras, el Gobierno de Meloni se reúne esta tarde para aprobar previsiblemente un decreto ley con el que sortear el fallo del Tribunal de Roma, a pesar de que este se ampara en una ley del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.