Doce estados de EEUU intentan pararle los pies a Elon Musk: "Nadie está por encima de la ley"
El personal de DOGE, la oficina de recortes que trabajo bajo las órdenes del hombre más rico del mundo, consigue acceso a bases de datos con información personal sensible de los estadounidenses.
Doce de los cincuenta estados de los Estados Unidos, con el de Nueva York a la cabeza, han anunciado este jueves que demandarán al Gobierno de Donald Trump por permitir que Elon Musk y la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que dirige el hombre más rico del mundo, tengan acceso a los sistemas de pago del Departamento del Tesoro, con datos personales sensibles de los ciudadanos estadounidenses.
La semana pasada, el Departamento del Tesoro concedió a a la oficina creada por Trump para introducir a Elon Musk en el organigrama de su Gobierno y reducir el gasto público, concedió acceso al máximo accionista de Tesla, SpaceX y de la red social X, el acceso al sistema de pagos del que dependen los desembolsos de los fondos para las agencias gubernamentales. La dimisión de un funcionario del Tesoro que se opuso a la concesión de carta blanca a DOGE, allanó el camino para que Musk obtuviera ese acceso a bases de datos con información privada, datos bancarios y otros registros altamente sensibles. La decisión es "ilegal, sin precedentes e inaceptable", dicen los fiscales en un comunicado.
En esa misma nota, los representantes legales de los 12 estados: Nueva York, California, Arizona, Colorado, Connecticut, Minnesota, Nevada, Delaware, Maine, Maryland, Rhode Island, Vermont, advierten que Donald Trump no tiene la potestad de compartir los datos financieros de los ciudadanos estadounidenses "a quien él elija", ni tampoco la tiene para recortar los pagos de fondos federales que se han aprobado en el Congreso. "Puede que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, no esté acostumbrado a que le digan 'no', pero en nuestro país nadie está por encima de la ley", aseguran los fiscales..
Además, advierten de que el objetivo del departamento de Musk es el de bloquear pagos esenciales para la asistencia sanitaria, el cuidado infantil y otros programas que, si llegan a cancelarse, podrían derivar en una crisis humanitaria sin precedentes. Muchas familias dependen de estos fondos para cubrir necesidades básicas y la interrupción de los pagos afectaría, especialmente, a los más vulnerables. Ante lo que entienden como la amenaza directa al estado de bienestar de los ciudadanos, los fiscales generales de la docena de estados han decidido acudir a los tribunales para parar la medida.
Aunque DOGE ha recibido el visto bueno para acceder a los datos, el Departamento de Justicia ha limitado sus capacidades. Según un documento hecho público el miércoles, solo dos empleados asociados a la oficina de Musk podrán acceder a las bases de datos y lo harán en modo "solo lectura", sin posibilidad de hacer cambios ni aprobar o detener las transacciones ya aprobadas. Se trata de una propuesta sobre la que ahora debe decidir la jueza Colleen Kollar-Kotelly, quien estudia otra denuncia de tres sindicatos en la que han exigido suspender el acceso a los registros del Tesoro.
Donald Trump puso a Elon Musk al frente de DOGE para reducir el tamaño del Gobierno federal y, según la Administración, ahorrar miles de millones de dólares al erario público. Para ello, le otorgó acceso directo a datos financieros sensibles. Una investigación de la revista Wired ha revelado que el empresario sudafricano ha contratado seis ingenieros de entre 19 y 25 años, sin experiencia en administración pública ni currículum destacado. Desde que asumieron sus funciones, han cerrado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la mayor entidad humanitaria estatal del mundo, y han cancelado contratos de trabajadores de programas de equidad, diversidad e inclusión.