Día del Refugiado: entre la apatía, la inacción y los fantasmas de la ultraderecha

Otra vez 20 de junio. Otra vez el calendario marcando el Día Mundial del Refugiado, instaurado por las Naciones Unidas para amplificar su batalla en la materia. Otra vez, otro año más, las cifras de desplazados se disparan, en escenarios apocalípticos, sin previsión de mejora. Sigue la inacción y aumenta la apatía, a la par que los números -esos que tienen siempre detrás una historia- crecen a niveles de récord. Maravilla de siglo XXI.

El año pasado, el desplazamiento forzado alcanzó cotas históricas en todo el mundo, según el principal informe estadístico de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado. Por 12 años consecutivos, se han registrado incrementos en las cifras globales de desplazamiento forzado. El más reciente, que eleva el número total de personas desplazadas por la fuerza a 120 millones -a mayo de 2024-, se debe "tanto a las consecuencias de conflictos nuevos y enquistados como a la incapacidad de resolver crisis prolongadas", indica el organismo. Según estos datos, si la población desplazada a nivel global fuera un país, sería el decimosegundo más grande del mundo, aproximadamente del tamaño de Japón.

Un factor que ha resultado determinante en el aumento de las cifras ha sido el devastador conflicto en Sudán, más de un año de guerra al que se presta poca atención, eclipsado por los más mediáticos -seamos claros: sin víctimas negras- de Ucrania o Gaza. A finales de 2023, 10,8 millones de sudaneses habían sido desplazadas. Además, millones de personas salieron de sus casas en Myanmar y en la República Democrática del Congo debido a violentos enfrentamientos que tuvieron lugar el año pasado.

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la perseguida UNRWA, estima que, a finales de 2023, alrededor de 1,7 millones de personas en la Franja de Gaza (el 75% de la población) fueron obligadas a desplazarse debido a catastróficos niveles de violencia generados por los ataques de Israel; en su mayoría eran refugiados palestinos, el 80% de la población de la franja. De igual manera, Siria sigue siendo la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con 13,8 millones de personas desplazadas por la fuerza dentro y fuera del país.

"Detrás de estas crudas cifras, que se mantienen al alza, se esconden innumerables tragedias humanas. El sufrimiento debe impulsar a la comunidad internacional a actuar con urgencia para abordar las causas del desplazamiento forzado", declara Filippo Grandi, Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, en un comunicado en el que se da cuenta de esta realidad. Un documento en el que se habla directamente "apatía" e "inacción".

"Es momento de que las partes en conflicto respeten el derecho internacional y las leyes básicas de la guerra. La realidad es que, si no hay una mayor cooperación ni esfuerzos conjuntos para abordar los conflictos, las violaciones de los derechos humanos o la crisis climática, las cifras de desplazamiento seguirán aumentando, lo que traerá consigo más sufrimiento y costosas respuestas humanitarias", señala. 

El aumento más pronunciado en las cifras de desplazamiento global se produjo entre las personas que huyen de conflictos y permanecen dentro de su país, que suman 68,3 millones, según datos del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC). Esto supone un aumento de casi el 50% en apenas cinco años.

El número de personas refugiadas y otras personas que necesitan protección internacional ascendió a 43,4 millones, considerando a quienes se encuentran bajo los mandatos de ACNUR y de UNRWA. Gran parte de la población refugiada ha sido acogida por los países más cercanos al suyo, y el 75% reside en países de renta baja o media que, en conjunto, producen menos del 20% de la renta mundial. El 37% de los refugiados sondeados por la ONU denuncia que la ayuda que reciben, pese a todo, es insuficiente. De hecho, el compromiso de financiación de las grandes emergencias de la ONU se queda sin cumplir, año tras año, con ejecuciones que, en el mejor de los casos, llegan al 60% de lo esperado. El dinero no llega para mejorar el mundo y sólo queda intentar salvar vidas.

El informe de ACNUR muestra que, pese a todo, se han cosechado algunos datos positivos: en todo el planeta, más de cinco millones de personas desplazadas internas y un millón de personas refugiadas retornaron a sus hogares el pasado año, "cifras que muestran ciertos avances hacia soluciones a más largo plazo". Otro dato relativamente esperanzador es que las llegadas por reasentamiento aumentaron a 154.300 en 2023.

"Las personas refugiadas y las comunidades que las acogen necesitan solidaridad y una mano amiga. Todas ellas pueden contribuir a la sociedad, y en efecto lo hacen, cuando hay inclusión", añadió Grandi. "Además, el año pasado millones de personas regresaron a sus hogares, lo que aviva la esperanza. Existen soluciones: hemos visto a países como Kenia liderar la inclusión de los refugiados, pero hace falta un compromiso real", insiste.

Los que crecen con el miedo

El propio ACNUR, junto a la firma demoscópica IPSOS, ha hecho una encuesta que demuestra que tres cuartas partes de los ciudadanos piensa que los refugiados merecen poder escapar del lugar donde se les persigue -por guerras, conflictos, choques étnicos, ideología, género, sexualidad... - y buscar seguridad en otros países. La mitad creen que la integración es posible, pero hay otro tanto que no lo ve así.

Las cifras empeoran en Occidente, donde hasta un tercio de los ciudadanos creen que los refugiados no contribuyen a mejoras sociales, económicas, laborales o culturales en los países de acogida. Les preocupa su impacto en la seguridad nacional y los servicios públicos, por ese orden, lo que evidencia que ha cuajado el miedo al diferente, azuzado por partidos de ultraderecha. Los de fuera, aunque los ampare el derecho internacional a pedir asilo, vienen a poner en riesgo lo que hemos conquistado para nosotros, es la lectura. "Esperanza lejos de casa", que es el lema de ACNUR para el 20 de junio de este año, es una realidad según y cómo. 

Se ha visto en las elecciones europeas del pasado 9 de junio, en la que la ultraderecha se ha quedado con uno de cada cinco eurodiputados. En la mayoría de los países donde la extrema derecha logró avances, la migración fue una cuestión clave. Según otra encuesta de Ipsos, aproximadamente la mitad de los votantes franceses (43%) dijeron que la inmigración fue una consideración principal en la elección que hicieron en las urnas. Un 31% de los votos se llevaron los de Marine Le Pen, primera fuerza. La cuestión era la principal prioridad para el 79% de los partidarios de Jordan Bardella, líder del RN francés en esas elecciones. Lo mismo en Alemania: "a inmigración y los solicitantes de asilo" fue su principal preocupación electoral, cita DW. En este caso, Alternativa para Alemania (AfD) fue segunda fuerza. 

Muchos votantes jóvenes cambiaron su apoyo este año hacia partidos populistas de extrema derecha, que aprovecharon sus preocupaciones como líderes de los nuevos movimientos etnonacionalistas y antisistema de Europa y dominaron las nuevas redes sociales mejor que sus contrapartes tradicionales para renombrarse como defensores de la contracultura.

En los últimos años, el discurso antiinmigrantes también ganó credibilidad fuera de esa franja extrema, cuando los partidos centristas del continente pidieron políticas más estrictas para frenar la inmigración ilegal. La llamada "securitización de la migración a la UE" es una realidad porque se ha igualado migración, incluso asilo, como una amenaza a la seguridad. De hecho, Europa se ha acercado a ser la fortaleza con la que soñaba la extrema derecha. Según cifras de la UE, entre 2014 y 2022, la longitud total de las vallas fronterizas alrededor y dentro de la UE aumentó de 315 a 2.048 kilómetros. 

En su Pacto de Migración y Asilo hay huellas claras de esa tendencia al cerrojazo, por lo que ha sido ampliamente criticado por las ONG de toda Europa, básicamente porque endurece los requisitos de acogida y permite que los países rechacen migrantes a cambio de una multa. 20.000 euros vale una persona. Las personas solicitantes de asilo deberán someterse a una serie de controles obligatorios durante los que correrán el riesgo de permanecer en condiciones de privación de libertad hasta que se les permita la entrada en la UE. Esto se haría bajo la presunción de una ficción jurídica de no entrada, contraria al derecho internacional y representativa del intento de consolidar las fronteras como espacios de no derecho. 

Quedan dos años para que los Parlamentos nacionales aprueben el texto y entre en vigor. Aunque hacía una década que se buscaba el texto, al final ha cristalizado sin las ambiciones y, sobre todo, sin el aval del derecho internacional esperado. Hasta Vox ha tenido un ponente en el Pacto. Poco más que añadir. Otra cosa que no hay que celebrar en este Día del Refugiado. 

España, a la cola 

En España no hay mejores datos que los generales aportados por ACNUR. El nuestro fue el tercer país de la Unión Europea que más peticiones de asilo recibió en 2023 (163.220) y el que menos protección internacional concedió, al 12 % de los solicitantes, lo que le sitúa 30 puntos por debajo de la media europea en cuanto a tasa de reconocimiento. Son datos del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentado el pasado lunes, que también alerta de un aumento del 56 % en el número de solicitudes pendientes de resolución en 2023: 191.095 personas en España "esperan una decisión de la que dependen sus vidas", reza la publicación.

Las solicitudes de protección internacional para personas migrantes que no pueden volver a su país porque son perseguidas por diferentes motivos (refugiados) o porque enfrentarían daños graves en su país (protección subsidiaria) aumentaron en 2023 un 37,3 % hasta la cifra más alta de su historia, todo ello "a pesar de los graves obstáculos" que existen para acceder al procedimiento.

La directora de CEAR, Mónica López, destacó en la rueda de prensa celebrada en Madrid que, de los países de la Unión Europea, España es el tercero que más peticiones recibió en 2023, solo por detrás de Alemania (351.510) y Francia (166.880), pero esto "contrasta" con su posición en cuanto a su tasa reconocimiento. Se trata del país que menos solicitudes ha resuelto de manera favorable en términos porcentuales, con un índice que ha bajado del 16,5 % en 2022 hasta el 12 % en 2023, un porcentaje que el director general de CEAR, Mauricio Valiente, calificó de "realmente bajo", frente a una media europea que se mantiene al alza y se sitúa en el 42 % con Países Bajos, Hungría y Estonia a la cabeza, con índices a partir del 77 %.

Según expuso Valiente, estas cifras responden a una "razón histórica" y al propio "modelo migratorio" de España, muy "restrictivo" en cuanto a la valoración de los requisitos para conceder protección internacional, unos criterios que desde CEAR instan a flexibilizar.

Sobre los perfiles de solicitantes, el informe apunta un aumento del número de solicitudes presentadas por mujeres y también de niños y niñas, quienes representan el 19% del total. De los diez países con más solicitantes de asilo en España en 2023, siete son de América Latina, las nacionalidades con mayor tasa de reconocimiento son Ucrania, Mali, Burkina Faso, Somalia, Sudán, Siria, Afganistán y Palestina y la que más solicitudes tiene pendientes de resolver es, con diferencia, Colombia, con 30.527.

Este país latinoamericano también presenta especiales tasas de "desprotección": el 94 % de las personas que han formalizado petición no han conseguido protección en España "a pesar de las graves amenazas que sufren activistas y líderes comunitarios" en este país, recoge el informe.

El informe alude, además, al aumento de llegadas de personas migrantes por la ruta canaria, una de las más peligrosas del mundo, a partir de julio de 2023. Mónica López aplaude, en este caso, la respuesta dada por el Gobierno a finales del año pasado con la declaración de emergencia y la adopción de medidas extraordinarias ejemplares como la puesta en marcha de los Centros de atención, emergencia y derivación (CAED).

El informe recoge que la mayoría de las personas llegadas al archipiélago expresaron su deseo de solicitar protección internacional, pero las dificultades para obtener cita y las limitaciones del sistema de atención humanitaria dejaron a muchas de ellas "en situación de desprotección y en riesgo de exclusión social". Pero CEAR muestra su inquietud por los próximos meses. "Nos preocupa que la capacidad de acogida no sea suficiente ante lo que todos sabemos que se va a producir en el segundo semestre del año", dijo López, antes de pedir "encarecidamente" al Gobierno que amplíe la capacidad de acogida de forma estructural. 

Otro 20 de junio. Nada que celebrar. Mucho por hacer.