La crisis de Brasil refleja el fin de la democracia representativa en occidente

SAO PAULO - El 31 de agosto, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por el Senado brasileño. Tras cinco largos días de debate, 61 de 81 senadores, más de los dos tercios que se necesitan para echar a un presidente, la condenaron por sus delitos fiscales y presupuestarios.

Sus simpatizantes alegaban que la presidenta había sido la víctima de un golpe de Estado parlamentario. Que era una persona a la que habían elegido 54 millones de votantes, inocente de cualquier delito, a la que se había derrocado injustamente. En Latinoamérica, esta discordia fue emulada por modelos ejemplares de democracia y de estado de derecho como Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Sobra decir que esto no es verdad. Los hechos, como de costumbre, hablan por sí mismos. El proceso de destitución fue tanto judicial como político. El procedimiento establecido por la Constitución brasileña se siguió al pie de la letra. Tanto la cámara alta como la cámara baja del Congreso votaron casi unánimemente primero para procesar y después para condenar. El juicio en el Senado fue presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. Una vez más, la más alta instancia judicial del país reafirmó la legitimidad del proceso.

Pero es cierto que lo que estaba en juego era mucho más que las fechorías de una persona. La fuerza motriz de la destitución era la convicción, que miles de brasileños reafirmaban en las calles, de que el sistema de poder que habían establecido el anterior presidente, Lula da Silva, y el Partido de los Trabajadores era el culpable de haber metido de lleno a Brasil en la crisis económica, política y moral más profunda desde la restauración de la democracia en 1985.

En su defensa personal, durante el juicio, la presidenta reiteraba, cargada de emotividad, su inocencia ("Yo no he robado, no tengo cuentas ilegales en el extranjero..."). Aguantó horas de inquebrantable interrogatorio. En un momento conmovedor, invocó a su resistencia armada a la dictadura militar y a la tortura que sufrió por su compromiso político. Incluso aunque la joven guerrillera del pasado no fuera tan democrática como afirma, respeto su espíritu luchador. Entonces y ahora ha demostrado ser una guerrera.

Su beligerancia, sin embargo, ni justifica ni absuelve su irresponsabilidad fiscal -los miles de millones de dólares que se transfirieron ilegalmente a empresas privadas del extranjero- ni su incapacidad cuando ostentaba el cargo de presidenta del consejo de Petrobras para evitar el saqueo de la empresa brasileña más grande para el beneficio del Partido de los Trabajadores y el grupo de partidos que apoyaban su gobierno.

Tengo la sensación de que Brasil ha pasado una página triste de su historia. Habría preferido que Dilma Rousseff hubiera demostrado la capacidad política y administrativa para completar su mandato. Desafortunadamente, el delito de responsabilidad se debió al colapso de su capacidad general para gobernar.

¿Qué nos han dejado? Por descontado, las ilusiones perdidas de los muchos que creyeron en las promesas del Partido de los Trabajadores. Y también una economía en recesión, acompañada de un desempleo masivo. Y una sociedad desgarrada por una ola de escándalos de corrupción sin precedentes y con una sensación de desencanto generalizado.

Aunque la presidenta no fuera la autora de las tramas de corrupción que han sido expuestas por medios independientes y jueces valientes, se benefició políticamente de ellas. Entre los políticos acusados hay miembros de tantos partidos políticos que es la clase política como un todo la que está imputada ante los ojos de la vigilante opinión pública. El colapso del sistema de gobierno del Partido de los Trabajadores llevó al derrumbamiento del sistema político en su totalidad.

Pero tampoco es todo tan negro. La democracia brasileña ha demostrado ser fuerte. Millones de ciudadanos han salido en repetidas ocasiones a las calles para exigir decencia en la vida pública, eficiencia y equidad en la economía y protección de los derechos y libertades civiles en la sociedad.

La crisis de la democracia representativa

También estamos presenciando en Brasil -como en las democracias tradicionales de Occidente- el impacto de las grandes transformaciones económicas y tecnológicas. Los estados nacionales se ven debilitados por la globalización, las sociedades están cada vez más fragmentadas estructuralmente por una nueva división del trabajo y expuestas a las tensiones y los desequilibrios de la creciente diversidad cultural.

En las democracias en crisis, las diferencias entre clases se mezclan con otras formas de identidad social. Los partidos políticos establecidos están destinados a perder terreno. Los discursos que buscan conectar con las injusticias de las masas despojadas del poder llenan el vacío que ha dejado el fin de la democracia representativa. Lo vemos también con Donald Trump en Estados Unidos y con el auge de la xenofobia en Europa.

Se trata de una situación de alto riesgo. En las regiones en las que está más arraigada -en América y en Europa-, la democracia representativa está en crisis. Y en el núcleo de esta crisis se encuentra la brecha cada vez mayor entre las aspiraciones del pueblo y la capacidad de las instituciones políticas para responder a las demandas de la sociedad. Es una de las ironías de nuestro tiempo que este déficit de confianza en las instituciones políticas coexista con el auge de los ciudadanos capaces de tomar decisiones que den forma a sus vidas e influyan en el futuro de sus sociedades.

La acción ciudadana y la opinión pública tienen un poder transformador. Pero las instituciones son necesarias. No hay democracia sin partidos políticos. Las estructuras proporcionan un mundo de posibilidades para la acción humana, pero es la voluntad de los individuos y de los segmentos de la sociedad, movida por los valores y los intereses, lo que da pie al cambio.

Brasil, y su diversidad cultural, se encuentra en un estado de fluctuación continua. Estamos menos sobrecargados por el pasado y más abiertos a la innovación. O demostramos que somos capaces de reinventar el sentido y la dirección de la política o el descontento público volverá a adueñarse de las calles, despotricando contra el enchufismo y los favores.

En resumen, el desafío consiste en salvar las distancias entre demos y res publica, entre el pueblo y el interés público, en rearmar los cables que puedan reconectar al sistema político con las demandas de la sociedad.

Este post fue publicado originalmente en 'The World Post' y ha sido traducido del inglés por Lara Eleno Romero.